Silencio por Sangre de Daniel Cecchini y Jorge Mancinelli

Un adelanto del libro Silencio por Sangre que iniciará el domingo próximo la colección de investigación periodística de Miradas al Sur.
Silencio por Sangre es un libro urgente, resultado de una larga y exhaustiva investigación –parte de la cual fue publicada por Miradas al Sur durante el último año– que aún continúa, pero escrito contra reloj.

Su objetivo es explicar cómo, durante la última dictadura, los dueños y directivos de los tres diarios más importantes de la Argentina se apropiaron, en complicidad con el Estado terrorista, de la empresa que les permitiría monopolizar la producción del papel de diario. Esa maniobra de apropiación formó parte de la alianza estratégica entre la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976 y los representantes de los grupos económico-mediáticos más grandes del país. Los grupos económicos concentrados necesitaban a los militares para eliminar a la disidencia política y social que se oponía a sus intereses. Los dictadores, por su parte, exigían no sólo una prensa silenciada mediante la censura, sino medios cómplices de sus políticas y de sus acciones. Esa misión la cumplieron Clarín, La Nación y La Razón y, a cambio de ello, recibieron el monopolio del papel de diario, una suerte de dictadura contra la libertad de expresión.
Entre fines de 1976 y la primera mitad de 1977, el Grupo Graiver fue despojado ilegalmente de Papel Prensa S.A., en una operación que –más allá de sus motivaciones políticas y económicas– desnudó el feroz antisemitismo de los militares en el poder. Para lograr sus objetivos, los dictadores utilizaron presiones, amenazas, secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos. Paralelamente –y en pleno conocimiento de la utilización de estos instrumentos del terrorismo de Estado–, los propietarios de los tres diarios crearon una empresa fantasma con la única finalidad de quedarse con las acciones de Papel Prensa que los herederos y socios de David Graiver fueron obligados a entregar.

Transferencia bajo presión. Las acciones en poder de la sucesión que la familia Graiver fue obligada a transferir eran 958.907 acciones de clase “C” y 3.800.000 acciones clase “E”, más todos los derechos de preferencia para futuras emisiones, revalúos acordados y a acordarse, “e incluso adelantos que existieren para futuras emisiones”. El precio que le fijaron a la transferencia no consentida libremente fue de 996.000 dólares. El grupo fundador, es decir David Graiver por sí y terceros, había invertido desde el mes de abril de 1972 hasta octubre de 1976, 15 millones de dólares, aproximadamente, importe que al momento de arrebatárseles a sus familiares las acciones a nombre de la sucesión, estaban incrementados por el valor comercial de la empresa. Algunas estimaciones que han dado vuelta alrededor del valor de Papel Prensa al momento de su apropiación, oscilan entre tres y cinco veces los fondos invertidos. (…) La sola lectura del contrato muestra que se trató de un despojo, y como tal, nunca consentido. Veamos: con 7.000 dólares de seña, el pagador adquiere el título de comprador del bien que él mismo valúa en 996.000 dólares. Lo dice sin ningún atisbo de vergüenza: esos 7.000 dólares de seña tienen “el carácter de principio de ejecución del contrato, formando parte del precio y declarando expresamente ambas partes que la operación es firme e irreversible”. Dos reconocimientos fundamentales que le hace el “vendedor” al “comprador”: la operación no se podrá echar atrás y el “contrato”, gracias a esos 7.000 dólares, es ejecutable; es decir, el bien que “se vende” pasa a manos del “comprador”. (…) La respuesta a la falsa condición suspensiva está en el numeral sexto del “boleto de venta” que le hicieron firmar a la familia Graiver: “Este contrato es transferible... sin necesidad de consentimiento ni conformidad alguna del vendedor”. Con premeditación, los apropiadores obligaron a los “vendedores” “a asistir a la Asamblea a convocarse a los efectos del artículo 9º del Estatuto de Papel Prensa S.A. y votar favorablemente con todos sus votos para aprobar la presente operación e igualmente a realizar los actos y gestiones y otorgar cuantos instrumentos fueren necesarios a los efectos del presente contrato”. Faltó la firma de Al Capone.

Operación “Amigo”. El 14 de marzo de 1977, un grupo de tareas secuestró a Lidia Papaleo de Graiver. Ese día también fueron secuestradas Silvia Fanjul y Lidia Gesualdi. Tres días más tarde fueron secuestrados Juan Graiver –padre de David–, su mujer, Eva Gitnacht de Graiver; Isidoro Graiver –hermano menor de Dudi–, y el apoderado de la familia en la sucesión, Jorge Rubinstein. Los llevaron al centro clandestino de detención conocido como Puesto Vasco.
A principios de abril, Rafael Ianover fue citado en las oficinas del diario La Nación para entrevistarse con Campos Carlés, representante de La Nación; Bernardo Sofovich, abogado de la viuda de Noble y hombre de Clarín, y Patricio Peralta Ramos, de La Razón. Este último le exigió que les firmara la cesión de sus acciones. Antes de hacerlo –aterrorizado por la desaparición de los Graiver–, Ianover le pidió seguridades para él y su familia. “No le va a pasar nada, firme”, le aseguró Peralta Ramos. Ianover fue secuestrado el 12 de abril de 1977. También lo llevaron a Puesto Vasco. El objetivo de los secuestros fue que ni los Graiver ni sus socios cobraran jamás el precio vil que habían debido aceptar por las acciones. Los operativos de que fueron víctimas recibieron un sugestivo nombre por parte del hombre que los comandó, el coronel Ramón Camps, entonces jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires: “Operación Amigo”, los llamó.

Peleas entre dictadores. El tándem Martínez de Hoz-Videla confrontó con Massera. Los negocios se dirimieron al interior de la dictadura y con la metodología mafiosa que asumió ese proyecto económico y político desde sus inicios. Las facturas se saldaban con desapariciones, atentados y muertos de uno y otro bando, tales como el atentado a Guillermo Walter Klein. Papel Prensa no estuvo fuera de la disputa que perdió Massera a manos de Martínez de Hoz y Raymundo Podestá, el secretario de Desarrollo Industrial que puso el Banco Nacional de Desarrollo al servicio de los apropiadores. El desquite de Massera llegó medio año después de consumado el despojo que hizo propietarios de Papel Prensa a los tres diarios, y aunque tarde y sin efecto alguno sobre el negocio que le habían birlado Joe Martínez de Hoz y Videla; pudo hacer nombrar un “veedor-interventor” en la empresa, el capitán de navío Alberto D’Agostino. El hombre se tomó las cosas en serio, y de los papeles que dejó y pudieron ser rescatados, se encontraron unas notas sobre la situación en que había quedado la cesión de las acciones en cabeza de la sucesión de David Graiver. El boleto de venta que obligaron a firmar a la familia incluía un anticipo en efectivo a cuenta de futuras emisiones de acciones por 1.500.000 de dólares. Ese fondo más los títulos es lo que Fapel, es decir, Magnetto, Mitre, Peralta Ramos y Campos Carlés, le arrancaron a la familia Graiver con 2.000 dólares de seña.
D’Agostino se empecina en el seguimiento de esa cesión, comprobando que las acciones apropiadas no podían aparecer como vendidas, ya que su venta estaba suspendida por tres años debido a que habían sido afectadas por la obtención del beneficio de un diferimiento impositivo. Sólo se podrían haber vendido si previamente se pagaban los impuestos postergados. A pesar de semejante objeción, los diarios decidieron depositar en una escribanía los pagos que ellos mismos habían decidido por las acciones apropiadas, demostrando así voluntad de pago y capacidad de disposición de esos títulos.

La complicidad periodística. Los ejemplos del apoyo editorial de Clarín al terrorismo de Estado perpetrado por la dictadura se multiplican con sólo mirar cualquier ejemplar de aquellos días. Verbigracia, en la nota publicada en agosto de 1976 titulada El principio del fin . Allí está escrito: “No hay tercería posible porque, admitido que estamos en guerra, imperan sus leyes. Es la Nación la que está en armas para vencer al enemigo (…) La fuerza, monopolizada por el Estado, y la razón, que legitima la autoridad y le proporciona el consenso, son los atributos fundamentales del Gobierno (…) La marcha hacia el monopolio de la fuerza avanza por caminos convergentes. Ha sido un reclamo formulado por distintas voces y que alcanza mayor vigor en boca de la Iglesia. Lo construyen las propias Fuerzas Armadas y sus hombres de gobierno al asociar a los distintos sectores en la lucha permanente contra la subversión”.
Por entonces, los desaparecidos en la Argentina se contaban por miles, entre ellos no pocos periodistas y trabajadores gráficos que habían pasado por Clarín en algún momento de sus carreras, como Francisco Paco Urondo, Carlos Alberto Pérez, Enrique Raab, Luis Rodolfo Guagnini, Conrado Guillermo Ceretti, Daniel Alberto Daroqui, Ernesto Luis Fossati y Jorge Rodolfo Harriague. Durante esos años, el diario donde habían trabajado silenció sus nombres, los desapareció también en sus páginas. Otros medios, como The Buenos Aires Herald o La Prensa , denunciaron estos secuestros y estas muertes a pesar de la censura y la represión.
Más de una vez, la propia directora estampó su firma en los editoriales, defendiendo a los dictadores aun cuando las violaciones de los derechos humanos y el desastre económico eran ya evidentes: “Las Fuerzas Armadas, que tienen en su haber el triunfo contra la subversión al costo de enormes sacrificios, están en condiciones de realizar esa convocatoria. Se les presenta una alternativa en que la crisis económica puede llegar a minar los logros que han alcanzado en ese terreno y en que superar esa crisis puede dar la consolidación definitiva de la victoria y la realización de los objetivos que se trazaron al asumir el poder…”. E, incluso, después de la derrota en la aventura de Malvinas, siguió apoyando a la dictadura: “Repensar el país significa, hoy, también repensar a las Fuerzas Armadas. No nos conforma la idea de unas Fuerzas Armadas políticamente rechazadas y refugiadas en la especificidad de sus tareas. En países como la Argentina, cuya cuestión nacional se resume en el imperativo de crecer y desarrollarse, las Fuerzas Armadas son necesarias para sostener esa batalla contra el statu quo aparentemente incruenta, pero en realidad tan ardua como cualquiera otra guerra convencional…”. Más de un cuarto de siglo después de terminada la dictadura, Clarín sigue sin publicar autocrítica alguna sobre su posición editorial y su apoyo explícito al terrorismo de Estado.

Delito de lesa humanidad. En capítulos anteriores se ha relatado exhaustivamente y se han citado testimonios sobre las condiciones en que los herederos y socios de David Graiver firmaron el boleto de venta de sus acciones en Papel Prensa S.A., antes y durante las detenciones ilegales de las que fueron víctimas en 1977 en los campos clandestinos de concentración conocidos como Puesto Vasco y Pozo de Banfield. También, mediante qué operaciones pasaron a manos de Clarín, La Nación y La Razón. “Yo vi a los tres grandes diarios de este país saquear una empresa de un grupo familiar cuyos miembros estaban todos presos, juzgados por un tribunal de guerra y condenados. Un tribunal que les sacó declaraciones bajo tortura”, denunció Osvaldo Papaleo, quien también fue detenido por los dictadores.
En una entrevista concedida al periodista Agustín Álvarez Rey, el hermano de Lidia, la viuda de Graiver, reconstruyó toda la operación de saqueo: “Si bien Papel Prensa era uno de los activos más importantes de Graiver, no era éste su único negocio. Entre agosto del ’76 y marzo del ’77, cuando la familia estaba liquidando sus activos, recibió algún tipo de oferta por parte de Clarín, La Razón y La Nación para comprar Papel Prensa. De hecho, la tarde del día en que detienen a la mayoría de la familia, mi hermana, Lidia Papaleo de Graiver, asistió junto a Isidoro Graiver a una reunión con representantes legales y algunos miembros de los directorios de estas empresas para ver si se podía firmar una carta de intención para comprar la empresa. Esa noche son detenidos”, relató.

Monopolio y consecuencias. Con el pacto de sindicación de acciones, las tres empresas periodísticas lograron un control absoluto de Papel Prensa. Ese manejo fue compartido inicialmente, pero cambió en consonancia con las transformaciones ocurridas al interior del grupo, producto de los distintos escalamientos de poder que cada uno de sus integrantes logró hacer. Primero fue la quiebra de La Razón a mediados de los ’80 y luego se produjo la consolidación de Clarín , a partir de los ’90, como el conjunto de medios más concentrado –en propiedad y dirección–, y extendido –en cobertura del mercado– de la Argentina. Esos cambios posibilitaron el manejo hegemónico que tiene Héctor Magnetto sobre la única productora de papel de diario del país. Su gestión no deteriora a La Nación , pero beneficia más a Clarín y perjudica a la empresa como ente societario que debe tener igual cuidado por los intereses de todos sus socios. Y presiona a los medios periodísticos con sus maniobras en el manejo de cantidades y precios del papel de diario. Por lo pronto, expertos en el sector sostienen que Papel Prensa habría estado subsidiando a Clarín mediante dos formas: un precio de venta de la bobina de papel menor a su costo de producción y la compra de la devolución de diarios a un precio que las fuentes consultadas llamaron insólito. El calificativo utilizado para aludir al precio de los diarios rechazados por los canillitas que Clarín vende a Papel Prensa, da a entender que está más relacionado con el precio de tapa que con el valor de un diario de descarte.El grueso del subsidio se origina en el precio del papel. Un estudio de costos y mercado que ha llegado a manos de los directores del Estado Nacional en Papel Prensa, muestra que las empresas editoriales que no accedieron durante los últimos seis años al precio cobrado por esa empresa a Clarín y La Nación, tuvieron que pagar 58 por ciento más caro el papel que necesitaron para sobrevivir. Ese sobreprecio fue la diferencia entre el promedio de los importes abonados por las editoriales obligadas a importar y el costo privilegiado que tuvieron los dos accionistas del monopolio del papel de diario.