La guerra por la Secretaría de DD.HH. bonaerense

Fernando Cano. Autoritarismo en DD.HH.

Al amanecer del miércoles 7 de diciembre, apenas antes del fin de semana largo y la asunción del nuevo gabinete, Edgardo Binkstock se enteró por el diario El Día que “la histórica militante” Sara Derotier de Cobacho había sido reconfirmada “luego de reunirse con el gobernador”. La novedad implicaba que no sería el próximo secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires como se lo habían anunciado desde su entorno unos días atrás.

En rigor, el Movimiento Evita pretendía conducir el Ministerio de Desarrollo Social. En las negociaciones, el gobernador lo rechazó de plano, pero ofreció como prenda consuelo la Secretaría de DD.HH. Binstock estuvo hasta la madrugada del miércoles definiendo su gabinete. Alarmado por la primicia del diario, Emilio Pérsico se comunicó con Alberto Pérez. “No te preocupes, es una operación mediática”, le dijo el jefe de Gabinete pasado el mediodía. Pero no era. La confirmación oficial fue en la reunión vespertina que el referente del Evita tuvo con el gobernador: Sara seguía en el cargo. A cambio, Scioli ofrecía duplicar o triplicar el presupuesto de la Secretaría de Participación Ciudadana que conduce el movimiento. El golpe de timón recolocó a Sara, enferma y envejecida, y le quitó la estructura al Evita. La hipótesis que tiene más fuerza es que se trató de una deferencia hacia su fiel ladero, Ricardo Casal. “El Movimiento no se iba a tragar el silencio respecto del accionar de la Bonaerense”, afirma desde adentro uno de los muchos trabajadores disconformes con la gestión.
Fernando Adolfo Cano llegó a la secretaría cuando Sara fue ascendida a secretaria por Scioli. Ex empleado de Peugeot, su antecedente inmediato era presidir Ayuda al Accidentado (Ayac), una ONG que acercaba planes de seguridad vial a municipios como Goya, San Salvador de Jujuy o Ramallo, según promocionaba él mismo. Cuando la salud de Cobacho declinó, su influjo y el de su esposa Amanda, asesora y nieta de Sara, fue absoluto. Aunque lo precedieron algunas hostilidades, el quiebre definitivo de las autoridades con los trabajadores fue a fines de 2009, cuando Scioli quiso y no pudo imponer el Código Contravencional, denunciado por organismos, dirigentes políticos y sociales como la institucionalización de la discrecionalidad policial: sancionaba a prostitutas, limpiavidrios, “merodeadores” y cuidacoches. Derotier fue, junto al entonces ministro Stornelli y a Casal, uno de los tres alfiles que respaldaron la pulsión punitiva del motonauta. Su imagen, ligada a la resistencia contra la dictadura, fue siempre aprovechada para imprimirle a la iniciativa aires democráticos.
Pocos días después, el 30 de diciembre, ataron con precinto a la secretaría y a nueve de sus colaboradores, y a punta de pistola desvalijaron la caja fuerte, teléfonos celulares, una notebook y una cámara de fotos. El asunto fue resuelto sigilosamente en un juicio abreviado con penas de tres años –condicional– y cuatro para los dos autores materiales, y absolución para el comprador del botín. Los jueces dictaminaron que sólo se llevaron 10 mil pesos de la caja y 11 mil de la billetera de Cobacho, y legajos de represores en CDs. La modalidad abreviada impidió profundizar sobre la versión de uno de los ladrones de que el monto robado era de 190.000 pesos, o sobre la insólita reunión en un quinto piso de La Plata, en la que el asaltante –técnicamente prófugo– negoció la devolución de parte del botín con un juez ajeno a la causa, César Melazzo, a la que además asistieron el jefe de la Departamental, Juan Ibarra, el oficial de la División Tráfico de Drogas Gustavo Mena, un amigo del ladrón y el dueño de casa, Juan Farías, asesinado de tres balazos en ese mismo hall diez meses más tarde en un episodio confuso.
Salvo dos ex detenidos que estaban de visita y el mozo, seis de los testigos fueron despedidos o alejados en los meses siguientes. El recepcionista buscó mejor destino en otra provincia, también el director de Administración y los cuatro asesores: tres de ellos, que militaban con Sara desde chicos, renunciaron porque Cano y Cerutti los obligaban a ir a una rueda de reconocimiento solos, cuando ya estaba “arreglado con la fiscalía” el juicio abreviado. La cuarta despedida, Isabel Eckerl, que estuvo presa cinco años y tiene su esposo y su suegro desaparecidos y su madre secuestrada, fue despedida por una carta de apoyo a Daniel Cabezas, hijo de Thelma Jara de Cabezas y ex detenido, cesanteado días antes al atribuírsele la autoría de un mail anónimo que acusaba a Cano y sus asesores de malversar fondos. La sangría fue mayor. Germán Córdoba, director de Promoción y Protección, se fue cuando pidieron la renuncia masiva de todos los directores provinciales y de línea, advirtiendo sobre la inacción “en cárceles y comisarías con el argumento de que no es conveniente inmiscuirse en el ámbito de otras carteras de Estado”. También los fueron a Santiago Lazzarini, ex detenido en el Olimpo y en Vesubio, y Ana María Avalos, cuya hija Verónica Cabilla fue secuestrada con 16 años durante la Contraofensiva.
La parálisis no es sólo respecto de las violaciones del presente. “Se desarticula el área que debería intervenir fuertemente en el trabajo referido a juicios de lesa humanidad”, denunciaban los trabajadores a comienzos de 2010. Ese febrero renunció el coordinador de Investigación y Memoria. Su reemplazante Alejo Ramos Padilla, histórico abogado de Chicha Mariani, se fue un año más tarde luego de que el 3 de enero de 2011, mientras estaba de vacaciones, los hombres de una Dirección paralela de Personal (nunca se firmó el decreto de su creación) vaciaran con modales matonescos la oficina donde estaban sus abogados para ocuparla ellos. El cargo estuvo vacante hasta la asunción de Ramiro Madera, que limitó las funciones del área a aprobar unos pocos subsidios para ex detenidos en suelo bonaerense. Hoy, la secretaría cuenta con una sola abogada y dos asistentes para sostener las varias causas en las que es querellante.
El panorama gremial no es más alentador y ya mereció tres intervenciones del Ministerio de Trabajo: el pase a planta permanente, consensuado hace dos años, aún no tiene la firma del gobernador, se han hecho descuentos por paros, y las empleadas de Asistencia a la Violencia contra la Mujer no gozan de los derechos del trabajo de Call Center. Un combo volátil que ahora se prolongará cuatro años más.