Nuevo Código Civil y Comercial para seguir con la sintonía fina

Reforma judicial. En 30 días, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto que actualiza la legislación acerca de la protección a la niñez y a los consumidores, además de regular temas sensibles como adopción, reproducción asistida y divorcio.

Nuevo Código Civil y Comercial  para seguir con la sintonía fina
El martes último, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hizo públicas las intenciones oficiales de modificar los códigos Civil y Comercial que ordenan el Derecho en la República Argentina desde el siglo XIX, unificándolos en una sola letra que promete colocar al país entre los más avanzados en la materia. Los 2.671 artículos que componen la versión final del anteproyecto que elaboró la comisión de expertos ahora serán estudiados por el Ejecutivo para enviarlo luego al Congreso. Según anunció la Presidenta, esto sucederá en apenas 30 días, puesto que la intención es que la reforma sea votada este año. Encabezado por el titular de la corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, la jueza Elena Highton de Nolasco, del ese cuerpo judicial, y una ex magistrada del Supremo tribunal de mendoza, Aída Kemelmajer de Carlucci, el equipo que trabajó en este proyecto por alrededor de un año, fue de un centenar de prestigiosos especialistas de todo el país, de las diferentes universidades y de distintas especialidades. “Éste es el proyecto que más participación ha tenido en su elaboración en toda la historia argentina, porque siempre fue obra de unos pocos, de uno, de dos o de tres, pero en este caso se ha dado participación a todos los sectores que representan la doctrina jurídica argentina”, dijo con orgullo Lorenzetti, en el acto de presentación en el Museo del Bicentenario. Si todo resulta como se lo espera, la Argentina tendrá un digesto jurídico por demás particular, además de abarcativo. Por primera vez en la historia del derecho argentino, las nociones del derecho romano, español y francés harán lugar a una concepción latinoamericana, por ejemplo. Derecho privado y público dejarán de ser ámbitos completamente diferentes para formar una comunidad de principios entre ambos y la Constitución. La prioridad ahora estará en la protección de las personas y sus derechos fundamentales. Los derechos de incidencia colectiva prevalecerán, así como se ha buscado que el complejo de derechos humanos articule de manera coherente con el derecho privado. El nuevo código entiende que para que todos seamos realmente iguales ante la ley, esa igualdad no puede ser la inocente abstracción que desconoce las diferencias materiales, y por ello busca una igualdad real con una serie de normas orientadas a plasmar una verdadera “ética de los vulnerables”. Así, se ocupa de la tutela del niño, de las personas con capacidades diferentes, de la mujer, de los consumidores y de los bienes ambientales, por ejemplo. Las novedades que acarrea el nuevo código son tantas y tan diversas que no hay modo de agotarlas en una sola nota. Aborda muchísimos de los temas cotidianos en debate, porque no le quita el cuerpo a ninguna controversia, y contempla las necesidades de innumerables minorías. Así como incorpora el matrimonio igualitario votado por el Parlamento y la posibilidad de optar por un régimen patrimonial, también regula las uniones convivenciales, cada vez más frecuentes en la Argentina. “Ello no significa promover determinadas conductas, sino que de lo que se trata es de regular una serie de opciones de vidas propias de una sociedad pluralista, en la que conviven diferentes visiones que el legislador no puede desatender”, explica el texto de los fundamentos del anteproyecto. Por otro lado, se destaca también la decisión de acortar los tiempos judiciales de dos procesos sensibles, como lo son la adopción y el divorcio. En el primero de los casos, la Justicia podrá declarar la situación de adoptabilidad de un niño a los 180 días de que su familia, recibiendo apoyo estatal, no modifica la situación de desamparo en que vive el menor . Hoy, por ejemplo, el plazo de la guarda con fines de adopción va de un mínimo de seis meses a un plazo máximo de un año. En el código reformado, los seis meses son el límite máximo. En el caso del divorcio, ya no será necesaria la presentación conjunta ni los tres años de matrimonio ni la exposición de los motivos, sólo se exigirá la presentación de una propuesta que regule los efectos derivados de la separación. Por el lado de la procreación, el proyecto reglamenta tanto el llamado alquiler de vientres como la gestación a partir de material genético. Un aspecto importante es la determinación de que en estos casos la filiación quedará determinada por la voluntad procreacional y no por la información genética. Obviamente, el contexto igualitario del nuevo código contempla tanto los derechos procreativos como los de adopción para parejas de diferente o del mismo sexo. En cuanto al matrimonio, a partir de ahora se podrán celebrar convenios prenupciales con el objeto de mantener cierta separación de bienes. Además, a las parejas con un mínimo de dos años de convivencia se le reconocerán los derechos matrimoniales, como los de asistencia y de protección de la vivienda. Se considerará unión convivencial a un relación afectiva, de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que comparten un proyecto de vida común, sean hétero u homosexuales. En el apartado referido al abuso del derecho, se hace especial referencia a las situaciones jurídicas abusivas y el abuso de derecho, situaciones y posición dominante en el mercado. El documento remarca la noción de abuso del derecho individual respecto del derecho de incidencia colectiva. Se trata de una de las características más novedosas de este sistema: fijar la noción de que los derechos subjetivos tienen límites respecto de los bienes colectivos, como ocurre con el desarrollo o consumo sustentable o la función ambiental de los derechos. El texto también se ocupa de otra de las grandes deudas históricas mantenida hasta nuestros días. Las comunidades indígenas quedarán amparadas en el nuevo código, con el reconocimiento a la propiedad de sus tierras, el derecho a la explotación de sus posesiones y los recursos naturales de su cultura. En la lista de la mencionada ética de los vulnerables se ubica la protección integral de los derechos de los consumidores. La intención es resguardarlos de las prácticas abusivas, falta de información y demás atropellos a los que por lo general son sometidos, sobre todo, desde la década del ’90. El mensaje va dirigido a las grandes empresas e incluso a las entidades bancarias, que pasan a tener que cumplir las generales de la ley. No es casual que esto se plantee ahora, en un contexto económico basado en el consumo interno. Otro aspecto del consumo que se regulará a partir de ahora es el referido a las transacciones vía soportes electrónicos, cuya práctica se realiza todavía en un contexto de vacío legal. Otra modificación a tener en cuenta es la que establece que los jóvenes que no han alcanzado la mayoría de edad tienen derecho a ser oídos “en todo proceso judicial que le concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona”. Los adolescentes de entre 13 y 16 años “tienen aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física”. Siendo considerado el adolescente, a partir de los 16 años, “adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo”. La Presidenta avisó que el debate histórico que se dará en el Congreso sobre esta herramienta jurídica “no se hará a libro cerrado, como ocurrió en el siglo XIX a instancias de Bartolomé Mitre”. El Parlamento deberá decidir cómo abordará el desafío que tiene por delante. En el Ejecutivo creen que lo mejor será crear una comisión bicameral para tratar la norma, y lo va a proponer, pero la intención es que diputados y senadores decidan libremente. Como para que nada llegue a manchar las inmaculadas pretenciones de libertad que emanan del espíritu del anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación.