Tarjeta amarilla para Macri

A pesar de la propuesta del Gobierno Nacional de hacer una transición ordenada en materia de seguridad y subsidios, el jefe de Gobierno se niega a hacerse cargo de los subtes. El papelón de la Legislatura y la crisis del radicalismo.

Tarjeta amarilla para Macri
La semana política que termina tuvo al traspaso de los subtes al tope de la agenda en todas sus jornadas. El martes, la Legislatura porteña fracasó en su intento por debatir una serie de proyectos de declaración –meramente testimoniales– al respecto. Al día siguiente, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley que ratifica el Acta-Acuerdo firmado por los Ejecutivos de ambas jurisdicciones. El jueves, la presidenta Cristina Fernández le propuso al Gobierno porteño un esquema gradual para que las fuerzas metropolitanas se hagan cargo de la seguridad en el subte, y de este modo se produzca un retiro paulatino de la Policía Federal, actualmente a cargo del servicio. Horas más tarde, Macri rechazó la nueva propuesta. Y al finalizar esa jornada, la legislatura porteña logró emitir dos declaraciones. Una de ellas solicitaba al Ejecutivo porteño que retrotraiga el aumento aplicado a principio de año en subtes y Premetro, algo que Proyecto Sur había negociado con el PRO pero que después quedó en una cuestión meramente declarativa. La otra resolución fue pedirle al Gobierno de Mauricio Macri que envíe a la Legislatura el Acta-Acuerdo firmada el tres de enero. Este punto llevó casi cuatro horas de debate y el acta se ha publicado en todos los medios del país. Ese mismo jueves, la Justicia rechazó las medidas cautelares planteadas por ambos Gobiernos, por lo que el trámite judicial seguirá la vía ordinaria. Así las cosas, más allá del trámite que continuará el fuero contencioso administrativo, la última estación para resolver el conflicto sobre el traspaso del Subte parece estar cerca. Con las instancias parlamentarias, tanto porteñas como nacionales, a punto de agotarse; con el rechazo de las medidas cautelares planteadas en la justicia ordinaria y con la Corte Suprema tratando de evitar la “judicialización de la política” el camino por recorrer para darle cumplimiento al Acta-Acuerdo no parece extenderse demasiado. La ratificación del acta por parte del Congreso, dándole fuerza de ley, pone al conflicto en otra dimensión. Si bien el vicepresidente primero de la legislatura y principal espada del oficialismo porteño en ese recinto, Cristian Ritondo, al igual que otros sectores del PRO se encargaron de tildar la sanción de la norma como “improcedente” y el propio jefe de Gobierno porteño calificó la sanción de Diputados como un “papelón”, lo cierto es que ese acto legislativo enmarca el accionar del Jefe de Gobierno dentro de las conductas tipificadas en el Código Penal como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Un jefe de Gobierno no se puede alzar contra las leyes federales, vulnera el sistema republicano de gobierno”, sentenció el abogado constitucionalista Roberto Boico en declaraciones al programa Tardes Bárbaras que se emite por Radio América. Además, Boico señaló que “el ingeniero Macri está incurriendo en conductas que podrían dar inicio a un juicio político” y que son plausibles de ser juzgadas como “incumplimiento de los deberes del funcionario público”. Por otra parte, el jurista explicó que el acta ratificada por el Parlamento le otorga al Poder Ejecutivo Nacional dos nuevas alternativas para explorar ante la negativa del Gobierno porteño de hacerse cargo de los subtes. “Como medida excepcional, y ante el disparate planteado por Macri, la Nación queda facultada para llevar adelante una intervención. Así como también el Gobierno puede dar por cerrado el traspaso y descontar los gastos que ocasione el subte de las partidas de la coparticipación”, detalló Boico. En un sentido similar se expresó el titular de la Cámara Baja y diputado del FpV, Julián Domínguez, quien señaló que “estamos ante una situación de cuestionamiento de todo el orden jurídico constitucional de la Argentina”. Al referirse a la resistencia de Macri a gestionar el transporte de la Ciudad y a la descalificación de lo actuado por los legisladores nacionales, Domínguez afirmó que “el órgano soberano que el pueblo argentino eligió para crear las leyes es el Congreso”. Protestas en el PRO. Las idas y vueltas, el mal manejo de la situación y la desordenada conferencia de prensa brindada por Macri en el Palacio Comunal terminaron por avivar el fuego en la interna del oficialismo de la Ciudad. “Son muchos los que están calientes por la actitud de Mauricio. Hay un sector importante al que no le cayó bien que no acepte la nueva propuesta de Cristina”, señaló uno de los hombres que trabaja junto al ministro de Gobierno porteño Emilio Monzó, quien ocupa un cargo en el gobierno de la Ciudad, pero en realidad se dedica exclusivamente a tender puentes en las distintas provincias de cara a los comicios de 2015. Con la lógica de campaña a flor de piel y ungiéndose como único líder de la oposición, el alcalde porteño, intentó en su discurso del último jueves mostrar como propios a los 72 diputados (54 votos negativos y 18 abstenciones) y ocho senadores que no acompañaron el proyecto impulsado por el oficialismo en el Congreso. Enfrascado en la lógica electoral y en busca de la foto que muestre como pares a Mauricio Macri y a Cristina Fernández, el jefe de Gabinete del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, consideró que “sería un muy buen primer paso” que la presidenta Cristina Fernández se reúna con el mandatario comunal para consensuar el traspaso del subte, pero advirtió que “no hay soluciones mágicas”. Más allá de las estrategias elucubradas en Bolívar 1 y el blindaje mediático, la realidad muestra que el líder del PRO no cuenta hoy con los números en la legislatura porteña para rechazar el Acta-Acuerdo, no tiene senadores nacionales que le respondan y el bloque que conforma en diputados no logra construir un consenso que los aleje de los posicionamientos testimoniales. Ante una situación política que denota cierta debilidad real, más allá del posicionamiento mediático, la idea fue mostrarse como único referente de los 72 legisladores que no votaron a favor de la iniciativa del oficialismo. Radicales revueltos. Esa insinuación no cayó bien en el seno del bloque de la Unión Cívica Radical. La bancada comandada por Ricardo Gil Lavedra vive una dura interna y, si bien las votaciones por la reforma orgánica del Banco Central y el traspaso del Subte –en las que la UCR acompañó en general la postura del FpV– provocaron cimbronazos, fue el discurso de Macri el que terminó por dejar expuesta la fractura. “El bloque está partido. Fue muy dura la discusión por este proyecto. Están quienes quieren jugar a una oposición dura e ir en busca de un acuerdo con el PRO y están los que quieren dejar atrás las imagen del Grupo A”, confesó uno de los asesores que trabaja en el partido centenario. Si bien el grueso del bloque acató, por convicción o por disciplina partidaria, la decisión de apoyar el proyecto, un grupo de cuatro diputados dejó sentadas sus diferencias. Ellos fueron los agrodiputados Lucio Aspiazu y Jorge Casañas, quienes votaron en contra, mientras que Hipólito Faustinelli y Daniel Kroneberger se retiraron deliberadamente del recinto para no votar el proyecto del oficialismo. Ante lo sucedido, la conducción del bloque radical prometió sanciones, mientras que en el PRO comienzan a contabilizar cuatro nuevos aliados. Mientras tanto, la discusión política y jurídica seguirá con el eje en los recursos. La presidenta Cristina Fernández enfatizó en su discurso que “la palabra recursos en la Constitución no está referida a subsidios, se refiere a la transferencia de servicios; acá estamos hablando de una concesión que ya había sido transferida”. En consonancia, el titular de la Comisión de Transporte de la Cámara baja y diputado por el FpV, Juan Mario País, señaló que “los subsidios son medidas coyunturales que pueden tomar los gobiernos en caso de emergencia o con la finalidad de mantener una tarifa social, pero no pueden ser considerados recursos”. Por su parte, el contrato de concesión establece que el subsidio es un concepto de la retribución del concesionario por la explotación del servicio público y que los subsidios podrán disponerse cuando la tarifa no alcance a cubrir los costos globales de tales servicios, es decir, los de inversión, los de explotación y una razonable rentabilidad. Por lo tanto, la finalidad del subsidio según el texto es cubrir los costos que no fueran cubiertos por la propia tarifa. De esta manera, tras haber aumentado el pasaje tarifa un 127%, será menester de la concesionaria, en el caso de querer mantener los subsidios, demostrar que aún sus ingresos son insuficientes.