La tecnología y el control aduanero

La tecnología y el control aduanero
El neoliberalismo no fue sólo un discurso profinanciero y antiEstado. Quienes lo sostuvieron y sostienen en todo el mundo, se encargaron de construir toda la red de normativas, en varios campos de la realidad económica, que le dieran sustento aún después de que sus defensores más notorios hubieran comenzando a hundirse en la historia. Tal el caso, sin ir más lejos, de la legislación sobre las responsabilidades del Banco Central, que acaba de ser modificada para asignarle un rol acorde con el interés nacional. La liberalización a ultranza del comercio internacional fue uno de los dogmas de esa forma de ver la sociedad, utilizando a la Organización Mundial de Comercio (OMC) como su ariete principal. Como resultado de ello, hoy los grados de libertad de los cuales disponen los países para regular su comercio exterior son formalmente muy pocos. Cuando quieren ejercer algún grado de control sobre aquello que un país compra en el exterior, deben apelar a imaginativos recursos y en casi todos los casos allí entra en juego la Aduana. La Aduana de un país tiene un objetivo muy claro: controlar los bienes que ingresan y egresan de modo de asegurar que se cumplen las normas impositivas, sanitarias y de seguridad que correspondan en cada situación. Los dos espacios cualitativos –sanidad y seguridad– son justamente los que se transitan con frecuencia creciente como forma de escapar al cerrojo de la OMC. Ese trabajo apela a determinaciones químicas o físicas, que se asocian a la salud o la seguridad del eventual consumidor o usuario y que son estrictamente necesarias, o que operan sobre un imaginario que, caminando por la cornisa formal, permite otorgar protección especial a determinado sector. Nuestro país recurrió y recurre a esta práctica con criterios de variada pertinencia. Es correcto, por ejemplo, impedir el ingreso de calzado infantil que tenga elementos de PVC que puedan ser llevados a la boca por niños pequeños, porque ese material es sospechoso de tener efectos dañinos sobre la salud. Es mucho más discutible exigir que un equipo para procesamiento de plásticos tenga una chapa identificatoria con cierta información, que ningún otro país pide, con el sólo objeto de dar una protección arancelaria a los fabricantes nacionales de bienes similares. Y es decididamente aventurado frenar la importación de impresos pidiendo un análisis de la tinta utilizada. En este último caso, lo recomendable es estudiar la legislación ambiental de otros países y lisa y llanamente prohibir la importación de determinados impresos provenientes de ámbitos donde las normas no sean suficientemente cuidadosas. En términos estructurales parece central definir en cada caso un concepto por el que la OMC no transitó ni mucho ni poco: la calidad. El organismo se concentró en la competencia por precio, mirada típica del neoliberalismo, desatendiendo la funcionalidad de aquello que es objeto de la transacción. Claro, la calidad es una idea aún más genérica que la salud, pero una política sistemática al respecto tendría la virtud de definir parámetros que impidan el ingreso de productos basura que compiten sólo por precio y, en paralelo, eleven el estándar de bienes nacionales en el mercado. Este doble objetivo, laudable por cierto, es el que paradójicamente impidió que se avanzara más en este sentido, por la resistencia de algunos sectores nacionales a ser sometidos a las mismas condiciones que se aplican a los bienes importados. En el caso de los juguetes con compuestos de PVC o las pinturas con utilización de pigmentos con sales de plomo, entre tantos otros, se dilataron enormemente la toma de decisiones y en varios casos se llegó a soluciones de compromiso, ya que los productores nacionales reclamaban protección en base a parámetros de calidad, sin acordar un tratamiento equivalente para su producción. Es todo un tema, con mucho potencial para cubrir el doble rol de protección y promoción de nuevas producciones, pero debe ser encarado con mirada de mediano plazo y con una lealtad básica para los intereses de los consumidores. De lo contrario, éstos últimos, es decir todos nosotros, quedaremos entrampados entre la conveniencia de evitar el ingreso de mercadería sustituible y el vuelo de perdiz de algunos empresarios que buscan el beneficio inmediato. No existe antecedente alguno de un trabajo conjunto entre la Aduana, los ministerios que corresponda, cámaras empresarias y organismos nacionales de ciencia y técnica, que hayan pensado el crecimiento de un sector en base a parámetros de calidad impuestos en simultáneo a la importación y a la producción nacional, que otorguen auténtica competitividad a los nuestros. Esta rigurosa tarea está pendiente.