Las provincias quieren ser socias en el negocio minero

La creación de un nuevo organismo federal oscila entre las promesas ambientales y la obtención de una renta mayor.

Las provincias quieren ser socias en el negocio minero
Desde que la discusión sobre la megaminería a cielo abierto se instaló definitivamente en la agenda gracias a las últimas movilizaciones generadas en La Rioja y Catamarca, la conformación de un organismo interprovincial que tenga un rol más decidido en la materia es la iniciativa de mayor alcance conocida hasta ahora, con consecuencias que podrían ir de lo político y económico a lo institucional y cultural. “Podrían”, en potencial, porque sólo con el paso del tiempo se sabrá qué pasos concretos dará ese organismo y en qué sentido. El debate al que se amagó convocar desde el oficialismo se está haciendo realidad mucho antes de lo previsto, por la fuerza de los hechos. Antes que en los partidos políticos (con la conocida excepción de Proyecto Sur y poco más) o el Congreso nacional, la discusión comenzó a darse de manera acelerada en los medios –con mayor complejidad y rigor–, pero con un origen que quiebra una lógica añeja: las broncas, defensas o desconfianzas crecientes contra la megaminería a cielo abierto vienen desde abajo y de tierra adentro. Desde las provincias hacia Buenos Aires, no al revés. El gobierno finalmente comienza a adoptar algunas decisiones nuevas frente a esta realidad política. Al igual que sucedió con la reactivación de la Ofephi (el organismo que nuclea a las provincias productoras de hidrocarburos) ante un escenario de fuertes dificultades en las producción de petróleo y gas, la creación de la Ofemi (Organización Federal de Estados Mineros) tuvo mucho que ver con una iniciativa encarada por las autoridades nacionales. El acuerdo de conformación fue firmado por los gobernadores de Jujuy (Eduardo Fellner será el presidente de la Ofemi), Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Neuquén. La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, será una suerte de segunda en el organismo y el salteño Juan Manuel Urtubey un articulador entre éste y la Ofephi. Que la iniciativa y la presencia del ministro de Planificación, Julio De Vido, haya dejado opacada la figura del secretario de Minería, Jorge Mayoral, no puede sorprender. Mayoral, relacionado con las mineras, es una figura poco conocida de un gobierno cuya política en la materia optó más bien por el perfil bajo. ¿Qué se supone que van a hacer el Estado nacional y las provincias desde la Ofemi? En la interpretación de los titulares de Clarín y La Nación todo se sintetiza en un “respaldo a la actividad minera”, que así descripta parece ser una sola, sin complejidades. Si es por el documento firmado por los gobernadores (con la adhesión de los representantes de Río Negro y Santa Cruz, que no pudieron asistir a la reunión), efectivamente emerge la idea de seguir estimulando la minería sólo que (en teoría) extremando los recaudos medioambientales, distribuyendo más de las ganancias entre las provincias, mejorando los aportes de la actividad al desarrollo local. El riesgo es que algunas de esas intenciones queden en segundo plano y sólo se atienda a la urgencia de “mejorar la imagen que la sociedad tiene de la actividad”, es decir de afrontar los conflictos sólo con herramientas comunicacionales. El documento subraya como un asunto crucial la necesidad de implementar “un marco de sustentabilidad ambiental y sostenibilidad social, garantizado la plena ocupación y verificando el cumplimiento efectivo de los principios e instrumentos tanto de la gestión minera como ambiental”. Al respecto, se reivindica la figura de la “licencia social” como condición necesaria antes de que se inicien acciones de prospección o exploración. Se supone que los gobernadores deberían conseguir esa aprobación social y se habla de obtenerla mediante la construcción de obras de infraestructura para la comunidad, lo cual no es el punto planteado por los pobladores que objetan a la megaminería misma. Otro asunto central del documento, y que recuerda también lo discutido entre las provincias productoras de gas y petróleo, es la eventual creación de empresas provinciales. Hay provincias que ya venían trabajando en esa dirección (Río Negro y Catamarca) y otras que prefieren otra estrategia (San Juan). En palabras de Eduardo Fellner, gobernador de Jujuy, “las provincias podrán intervenir solas o asociadas a empresas privadas en la exploración y explotación de recursos”. Federalismo, debilidad. El apuro con que debió reactivarse la Ofephi y se creó la Ofemi puede verse como una respuesta nueva ante escenarios nuevos. O como una prueba de la debilidad del muy declamado sistema federal. O del raquitismo de las instituciones provinciales a la hora de relacionarse con las corporaciones. Según cómo, “relacionarse” puede significar “negociar”, “ceder”, “aliarse”. Según la secretaría de Minería, si en 2003 los empleos indirectos generados por la actividad eran 98.700, en 2008 ya eran 256 mil (ahí se acaba la actualización de datos en la web del organismo), con un promedio salarial de unos 5.700 pesos. Las proyecciones para el 2015, según la misma fuente: 87 mil empleos directos y 316 mil indirectos. En diálogo con este medio, Armando Domínguez, el dirigente minero de Olavarría que habló por teleconferencia con la Presidenta, fue más cauto en los cálculos del presente: “Entre 45 y 50 mil mineros”. Si es por el ejemplo emblemático de La Alumbrera, hoy en esa explotación trabajan menos de 900 personas… versus los puestos de trabajo alternativos que se pierden por el impacto de esa misma mina. La discusión pública que comenzó a darse en las últimas semanas permite ir encontrando grises y matices. Por ejemplo, lo que sostiene el abogado Javier Garín, un egresado de la UBA que fue concejal kirchnerista en Lomas de Zamora y que en Andalgalá, Catamarca, presentó un amparo ambiental contra el proyecto de Agua Rica. Reivindicando su kirchnerismo, este abogado escribió en su blog cosas como éstas: “Los pueblos cordilleranos no están en lucha debido a una ‘irracional oposición a la minería y al desarrollo’, como piensan algunos, o a la ‘interferencia de agitadores foráneos’, sino por motivos legítimos y serios”. “La oposición es a la megaminería a cielo abierto de alto impacto en cercanías de las ciudades o de sus fuentes de agua, que llevan adelante las multinacionales aplicando metodologías restringidas en sus países de origen, y que amenazan con desertificar y destruir el entorno donde estos pueblos se asientan desde antiguo”. “Otro falso dilema consiste en contraponer el desarrollo al cuidado del medio ambiente. El neodesarrollismo actualmente en boga contiene resabios de pensamiento colonizado que deben ser reexaminados y rediscutidos, ya que no sólo los gobiernos son ‘gobiernos en disputa’, sino también lo son los modelos de desarrollo. “No hay que regalar la bandera ambiental a los oportunistas. Es muy tonto atribuirlo todo a la malicia de un multimedios, al extremo de justificar la represión y burlarse de los pueblos cordilleranos”. Algunos de los párrafos escritos por este ambientalista kirchnerista coinciden (o, para algunas lecturas maximalistas, tenderían a coincidir) con párrafos de documentos emitidos por Carta Abierta y con el último publicado por Plataforma 2012, el 10 de febrero pasado. Dos enunciados de ese documento (ver propuestas en nota relacionada) son centrales, e imprescindibles para el debate: “Lejos de ser ‘motor de desarrollo’, como argumentan sus defensores, la megaminería trasnacional refuerza la dependencia hacia los centros capitalistas de poder global, y profundiza las formas de desigualdad ya existentes a escala local, provincial y nacional: expoliación económica, devastación institucional, destrucción de territorios y depredación de bienes naturales, fragmentación y control social, cooptación científico-tecnológica, ya son hechos incontestables de nuestra realidad del siglo XXI, que no hacen más que remitir y actualizar la triste historia colonial del continente”. “La megaminería no es cuestionada por desconocimiento, ni por falta de cultura productiva, sino precisamente porque ésta constituye una síntesis acabada del mal desarrollo. Se trata además de un modelo que pone en jaque a la democracia, pues avanza sin consenso de las poblaciones, generando todo tipo de conflictos sociales, divisiones en la sociedad y una nueva espiral de criminalización de las resistencias”.