La sombría trayectoria de un sector en fuerte expansión

Megaminería. Investigador de Flacso y el Conicet, el autor analiza la dinámica de un sector dominado por las multinacionales.

La sombría trayectoria de un sector en fuerte expansión
La protesta social en torno a las múltiples consecuencias de la explotación minera metalífera en el país ha acompañado el crecimiento y consolidación del sector a lo largo de los últimos 15 años. La creciente importancia económica de la actividad se explica en buena medida por la sucesiva puesta en marcha de importantes proyectos en distintas regiones del país, en el marco de un régimen de promoción sancionado durante la década de 1990. Desde 1997 se inició una primera oleada de emprendimientos entre los cuales se destaca el de Minera Alumbrera en Catamarca (Xstrata-Goldcorp-Ymad-Yamana Gold). Luego, a partir de 2006 se fue consolidando una segunda generación de emprendimientos, entre los que se destaca el de Minera Argentina Gold en San Juan (Barrick Gold). Las características operativas de las distintas explotaciones inauguradas definieron el perfil productivo de la actividad, el cual exhibe una clara tendencia exportadora junto con una creciente especialización en la explotación de yacimientos de oro, cobre y, en menor medida, de plata. Hasta 2005, las ventas cupríferas de Minera Alumbrera lideraron el comportamiento productivo y exportador del sector explicando, en promedio, el 71% de las ventas externas totales (que fueron de 1.259 millones de dólares). Pero como resultado de la paulatina puesta en marcha de la segunda generación de emprendimientos, en 2010 las exportaciones de oro lideraron las exportaciones sectoriales, alcanzando a explicar el 48% de las mismas, en tanto las ventas de cobre explicaron el 36% de los 4.231 millones de dólares exportados. Operados en su totalidad por empresas transnacionales, numerosos emprendimientos fueron y son cuestionados por distintos sectores de la sociedad. Por el innegable deterioro ambiental que la actividad genera; por los riesgos potenciales y reales de contaminación del agua, aire y suelo; y por la más que regresiva distribución de los beneficios que se obtienen por la explotación de estos recursos naturales no renovables. Lo último se fundamenta en las condiciones establecidas por la legislación que regula al sector, sancionada casi en su totalidad durante la década de 1990. Dentro del complejo entramado legal vigente se destaca la Ley de Inversiones Mineras. La misma establece que aquellas empresas que se inscriban en el Registro de Inversiones Mineras podrán deducir el 100% del monto invertido en determinar la factibilidad del proyecto a los efectos del cálculo del impuesto a las ganancias (incluyendo prospección, exploración, estudios especiales, plantas piloto, investigación y otros). Estos gastos podrán también ser deducidos o depreciados según lo establece la Ley de Impuesto a las Ganancias. En la práctica, este mecanismo permite la doble deducción de los gastos destinados a determinar la factibilidad del proyecto. Adicionalmente, la norma establece que las inversiones de capital para la ejecución de nuevos proyectos mineros y la ampliación de la capacidad productiva de las operaciones mineras existentes, así como aquellas que se requieran durante su funcionamiento, gozarán del régimen optativo de amortización acelerada en el impuesto a las ganancias. En la misma línea, la ley dispone que las utilidades provenientes de los aportes de minas y de derechos mineros, como capital social, se encuentran exentas del Impuesto a las Ganancias. Entre otros beneficios y/o subsidios indirectos (como por ejemplo, la exención del Impuesto sobre los Activos para quienes se encuentren inscriptos en este régimen) se destaca la exención del pago de derechos a la importación para bienes de capital, insumos o equipos utilizados. Por otro lado, el pago de regalías también fue regulado por la Ley de Inversiones Mineras: se establece como porcentaje máximo para el cobro de regalías, por parte de las provincias, el 3% sobre el “valor boca mina” del mineral extraído. Este conjunto de ventajas fiscales se encuentra reforzado por las Leyes 24.402 y 25.429. A partir de las mismas se instituye un régimen de financiamiento para la actividad minera, el cual permite la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para aquellas empresas que hayan realizado inversiones en el marco de la Ley 24.196. A su vez, la Reforma Constitucional de 1994 colaboró con la sanción de uno de los ejes medulares del actual marco normativo. Allí se estableció la potestad de las provincias sobre el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio y se avanzó en la asignación de un mayor protagonismo de los erarios provinciales en materia de administración de los recursos y control de la actividad minera. Recuperando antiguas normas y actualizando el marco legal a los mandatos neoliberales, distintas provincias interesadas en fomentar la radicación de inversiones mineras establecieron exenciones fiscales específicas para la actividad. En Catamarca, a principios de la década de 1980 se estableció un conjunto de beneficios fiscales para el desarrollo de la actividad minera. Entre las normas sancionadas se destaca la Ley 4.007 de Promoción Minera (aún vigente). También adquiere relevancia el Código Tributario de la provincia, que exime a las empresas mineras del pago del impuesto al sello. En tanto, en 2001 la legislatura provincial sancionó la Ley 5.022 que exime del pago del impuesto a los Ingresos Brutos a la actividad minera ligada al comercio exportador. Por su parte, la provincia de San Juan impulsó a través de la Ley 4.771 de 1980 un régimen de exenciones impositivas para las compañías mineras que desarrollan tareas de prospección, exploración o explotación minera. En tanto, en el Código Tributario provincial se establece la exención tanto del pago del impuesto a los Ingresos Brutos, como del pago del Impuesto a los sellos. En este marco, cabe reflexionar sobre las especificidades del contexto operativo, fundamentalmente normativo, en el que se inscribe el desempeño de las firmas mineras transnacionales que operan en la Argentina. Las más que trascendentes subvenciones estatales a la inversión privada junto con la valiosa información obtenida durante las tareas de reconocimiento realizadas por distintos organismos públicos en las campañas de prospección y exploración entre las décadas de 1960 y 1970 conllevan un ínfimo o nulo riesgo empresario respecto de casi cualquier otra actividad económica. Hasta allí, el criterio de “razonabilidad” de las tasas de beneficio sugeriría que las esperables en esos ámbitos privilegiados deberían ser muy inferiores a las correspondientes a gran parte de los restantes sectores económicos. Pero a raíz de las condiciones operativas analizadas se verifica, en el caso específico del desempeño económico de Minera Argentina Gold, que entre los años 2006 y 2010 el peso fiscal promedio fue de 8% sobre el superavit bruto de explotación (ventas-costos de producción) obtenido por la transnacional. Como resultado de esta insignificante participación del Estado Nacional en los beneficios, Barrick Gold, empresa titular del emprendimiento, obtuvo durante los años analizados una tasa media de utilidad sobre ventas del 46%. Este dato adquiere verdadera dimensión si se lo contrasta con los datos que aporta la Encuenta Nacional a Grandes Empresas del Indec: durante esos años, la rentabilidad promedio de las 500 empresas líderes de la Argentina fue de “apenas” el 13%. Por su parte, Minera Alumbrera obtuvo entre 2005 y 2009 un margen medio de beneficio sobre ventas del 47%. A su vez, producto de las reformas impulsadas a nivel provincial, el cobro de las regalías mineras representa para la provincia de Catamarca el principal instrumento legal para concretar la participación en los beneficios obtenidos por la explotación de sus recursos mineros. Recién a partir del año 2003 se verifican ingresos provinciales por la operatoria de Alumbrera, alcanzando una participación del 3% sobre el superavit bruto de explotación obtenido por el joint venture transnacional. En la actualidad, algunas de las iniciativas tendientes a capturar una porción mayor de los beneficios, colaboran implícitamente en la dispersión de la centralidad que adquiere la necesaria reforma del marco normativo y regulatorio. Desafío que no se diluye con la profundización del esquema vigente a partir de una mayor participación, a través de empresas públicas, de los estados provinciales en los proyectos mineros liderados por el capital extranjero. A su vez, la incorporación de la actividad minera a la dinámica económica local aparece como una segunda asignatura pendiente. La misma difícilmente se pueda concretar en sociedad con las empresas mineras transnacionales, las cuales presentan una lógica de acumulación que trasciende las fronteras nacionales. De allí que resulta imprescindible el fomento y el respeto de la participación ciudadana en la evaluación de los distintos proyectos en carpeta, y la implementación por parte del Estado Nacional de dispositivos efectivos de control ambiental.