Una herencia que resta recursos y autonomía en las decisiones

Extranjerización. Los investigadores de Flacso analizan el peso de las compañías foráneas, señalan que su accionar erosiona la actual política económica y proponen ejes de intervención para morigerar aspectos críticos del fenómeno.

Una herencia que resta recursos y autonomía en las decisiones
En un elevado nivel de abstracción se puede afirmar que cada modelo económico es conducido por un bloque de poder que articula el predominio económico y la hegemonía política de las fracciones del capital. En la actualidad las acciones de gobierno no parecen estar subordinadas a los intereses de una fracción empresaria que haya devenido hegemónica en lo político, pero se encuentran delimitadas por el poder de coacción de la fracción que ejerce el predominio económico en la Argentina: el capital extranjero. Basta mencionar que tras el intenso proceso de extranjerización que tuvo lugar en la década de 1990 y siguió en la de 2000, las 282 corporaciones extranjeras del panel de las 500 firmas líderes explicaron, en 2009, alrededor del 75% del valor agregado, las utilidades y las exportaciones. Ello, en el marco de una acelerada concentración económica. Además de la significativa pérdida de decisión nacional en cuestiones estratégicas para el país, esta fenomenal extranjerización del núcleo duro del poder económico conlleva una serie de aspectos críticos adicionales, entre los que interesa destacar la presión que genera sobre las cuentas externas por una doble vía. La primera, porque las corporaciones foráneas tienen un peso muy relevante sobre las importaciones totales del panel de las 500 firmas más grandes durante la posconvertibilidad (82% de las mismas son explicadas por las compras externas de las transnacionales). La segunda, porque estos grandes actores han operado con una baja reinversión de sus abultados beneficios (en el período 2002-2009, las utilidades representaron el 34% del valor agregado, mientras que la inversión bruta alcanzó el 17% del mismo). Aun sin considerar la “fuga de capitales”, ello afecta el balance de pagos a través de una más que considerable remisión de tales utilidades y dividendos al exterior: 37 mil millones de dólares en el acumulado de la posconvertibilidad. Es un dato estructural que ha erosionado uno de los “pilares del modelo”: el superávit de cuenta corriente. Se trata de un cuadro de por sí complicado y con hondas repercusiones políticas: una superior capacidad de imposición (poder de veto) de estos grandes capitales y la consecuente erosión del margen de maniobra estatal. Pero como afirmaba Adolfo Dorfman, estudioso del tema a fines de la década de 1960, “más que utopías, lo que hace falta es un optimismo histórico, realista, activo. Realista, porque no desconoce la desfavorable realidad. Activo, porque postula que sólo con la acción podrá modificársela”. En este sentido, cobra relevancia plantear algunos posibles ejes de intervención que, en el marco de una estrategia de desarrollo nacional, tiendan a morigerar algunos aspectos críticos de este fenómeno: - Derogar la Ley de Inversiones Extranjeras sancionada durante la última dictadura militar (Ley 21.382 y su texto ordenado por el Decreto 1.853/93) y su reemplazo por un nuevo régimen en la materia. Más aún cuando el marco vigente postula la “igualdad” de derechos con el capital nacional (que no es tal, porque los inversores extranjeros pueden recurrir a los tribunales arbitrales internacionales). También, la libre remisión de utilidades y la repatriación de la inversión sin condicionante alguno. Y, entre muchas otras cuestiones, considera como “entes independientes” a una filial de su casa matriz, facilitando la fijación de precios de transferencia, autopréstamos con condiciones leoninas y otras prácticas usuales de las corporaciones extranjeras. - Establecer limitaciones al giro de utilidades a través de la imposición de niveles de ganancias que deben reinvertirse en el país con vistas a la generación de superiores capacidades productivas (priorizando el abastecimiento de equipos, insumos y conocimientos generados en el plano doméstico), el cumplimiento del “compre nacional” y el desarrollo de proveedores locales. - Instrumentar un registro de inversores y empresas foráneas, dada la permisividad, laxitud y liberalización de la legislación vigente. Ello permitiría incrementar los grados de control y regulación, así como implementar las diversas medidas que se requieren para reducir los efectos nocivos del modus operandi del capital extranjero (salida de capitales encubierta). - Contemplar medidas que estimulen el hoy insignificante gasto en inversión y desarrollo en el país y la mayor agregación de valor como vía inductora de un nuevo perfil de especialización productiva, menos ligado al aprovechamiento de recursos naturales y más vinculado con actividades ubicadas en las fases finales del proceso productivo. Por ejemplo, se debería reconsiderar el régimen de promoción de inversiones de la minería metalífera (enclave exportador controlado por empresas transnacionales), y la revisión crítica del esquema de eximición del pago de aranceles para la importación de equipamientos y líneas de producción para grandes proyectos de inversión. - Denunciar los numerosos Tratados Bilaterales de Inversión aprobados profusamente durante el menemismo (países como Bolivia y Ecuador avanzaron en este sentido). Incluso, habría que rever la propia pertenencia al Ciadi (organismo dependiente del Banco Mundial), que es el tribunal donde se resuelven las controversias contra el Estado argentino. Por su propia inserción institucional y las características de los procesos, dicho tribunal no parecería ser el ente más propicio, ni ecuánime, ni legítimo para la resolución de las múltiples y antojadizas demandas planteadas contra nuestro país. - Aplicar adecuada e integralmente la legislación vigente en materia de defensa de la competencia (Ley 25.156), incluyendo la dilatada conformación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Esto debería involucrar el control riguroso de las fusiones y adquisiciones (principal modalidad de la extranjerización actual) y la identificación de prácticas distorsivas de la competencia y/o abuso de posición dominante y/o de conductas desleales. - Por último, como establecía la Ley 20.557 de fines de 1973, se debería perseguir la preservación de ámbitos de acumulación que potencien al capital nacional y limiten las asimetrías estructurales y normativas a favor de la operatoria de las transnacionales. Ello debería involucrar, entre otras, la inclusión de cláusulas taxativas en cuanto a sectores vedados para el capital foráneo, así como a inversiones destinadas a la compra de firmas nacionales. En aras de una mayor soberanía nacional, también deberían establecerse mecanismos regulatorios sobre los principales grupos económicos locales (altamente transnacionalizados). O sea, sobre aquella fracción del poder económico que desde 1976 ha sido sistemáticamente prebendaria de escenarios privilegiados por las políticas públicas, al tiempo que carece de un proyecto autónomo al del capital extranjero, tal como solía remarcar nuestro querido maestro Daniel Azpiazu.