Demasiadas pistas coincidentes

La Justicia ya investiga por dos carriles el caso de la encuesta trucha en la Ciudad. Hay antecedentes llamativos de operaciones muy similares, más acciones simultáneas que apuntaron a dañar al candidato de la misma manera.

Demasiadas pistas coincidentes
"Práctico, rápido, económico y efectivo.” Así se promocionan en Internet los servicios IVR (sigla de Interactive Voice Response o Respuesta de Voz Interactiva) que permiten, entre muchas cosas, lanzar vastas campañas publicitarias basadas en el envío masivo de mensajes grabados. Cuando se trata de ensuciar a un candidato mediante una encuesta trucha, como parece haber sucedido con Daniel Filmus, a los adjetivos “práctico, rápido, económico y efectivo” habría que añadir “maquiavélico y silencioso”. Según la denuncia presentada por los abogados del FpV inicialmente ante la jueza María Romilda Servini de Cubría (la causa quedó en manos de Ariel Lijo), para poner en marcha el operativo se acudió a los servicios de una multinacional de call centers con sede en Nueva York, cuyo nombre sería VoIP Jet. Pero el caso contiene un antecedente revelador: sucedió antes del 1º de mayo pasado, cuando otro insidioso mensaje grabado llamaba a la gente para invitarla a un inexistente acto Moyano-Filmus. Aquella vez, por los rastros de los llamados, se pudo establecer que la central de tránsito de los mensajes era un importante call center con sede en Martínez, que había colaborado en otras acciones con el PRO y que ahora vuelve a estar en la mira. Hasta el viernes, la campaña sucia seguía en marcha. Según el informe técnico adosado a la denuncia presentada el jueves, en base a los datos aportados por diversas personas que recibieron las llamadas truchas los días 2 y 3 de julio pasados, el número de origen detectado en esta segunda oleada de encuestas truchas “corresponde a un carrier de telefonía IP o portador de servicios de voz por internet”. Sólo un proveedor localizado en Nueva York, VoIP Jet estaría en condiciones de implementar un sistema capaz de realizar “miles de llamadas telefónicas por hora en cualquier país desde internet”. Para asociarse a ese centro de llamadas masivas se necesita, además, la colaboración de alguna empresa de telecomunicaciones mayorista autorizada en el país desde el que se efectúan las llamadas. La sospecha de que el macrismo sería el responsable de la campaña sucia (dada la obviedad de que el damnificado es Filmus), se ensancha no sólo por aquel antecedente de la invitación al no-acto Moyano-Filmus. Se trata de demasiadas cosas a la vez: la puesta en marcha de la encuesta simulada, la instalación en la web de un falso portal del hoy senador, los afiches que también lo vincularon con Sergio Schoklender (cuya autoría fue desmentida tanto por la izquierda como por Proyecto Sur). El macrismo cuenta además con una legión de twitteros ligados a Cristian Ritondo, jefe del PRO en la legislatura, segundo en la lista de candidatos y muy vinculado al ex titular de la Side Miguel Ángel Toma. Esos twitteros ya habían hecho circular en mayo pasado las denuncias sobre la falaz relación del padre de Filmus con Schoklender, en una presunta calidad de arquitecto, siendo que el hombre es un jubilado de 88 años que no terminó la primaria. Llama poderosamente la atención que desde mayo esa vinculación falsa se haya desplegado simultáneamente, como si obedeciera a una estrategia bien estudiada, centralizada y desplegada por distintos canales: los afiches, la página web, Twitter y la encuesta telefónica armada. Fuentes del kirchnerismo que trabajan en la legislatura porteña sostienen que parte del trabajo sucio se hizo desde el área de Nuevos Medios del Gobierno de la Ciudad, creando cuentas falsas que o usurpan la identidad de un usuario o bien impiden llegar a algún lugar cuando se intenta rastrearlas. Hay otro antecedente sugestivo: un allanamiento que se hizo un tiempo atrás en Escobar, por orden del juzgado federal de Campana. En aquel procedimiento apareció un equipo interceptor que pinchaba los teléfonos de la Legislatura porteña. Curiosamente, el equipo estaba conectado a un E3 idéntico al utilizado en el caso de la encuesta falsa contra Filmus (ver nota aparte). El empleo de los call centers para la intoxicación social masiva fue denunciado en abril de 2010 por este diario. Aquella vez se trató de la asociación entre el Grupo Clarín y la agencia La Ese, de Carlos Souto, especializada en marketing político, para plantar sistemáticamente falsos mensajes de oposición rabiosa al Gobierno Nacional en los foros digitales de los diarios y para congestionar las radios mediante la intervención no de oyentes verdaderos, sino de telemarketers. Aquella denuncia nunca fue desmentida. El Grupo Clarín, involucrado en aquella maniobra, es a la vez el mismo que cerró el gran negocio de provisión de computadoras y servicios de internet con el gobierno de la Ciudad, el más dinámico opositor al Gobierno Nacional, el mejor protector y potenciador de Macri. Este diario habló con distintos consultores políticos, duchos en el manejo de los recursos que se necesitan para realizar encuestas. Todos coinciden en que “no cualquiera puede hacer un trabajo de esta naturaleza”. Una parte de la operación es sencilla: alcanza con proveer a la empresa de servicios la locución de la encuesta y una base de datos de teléfonos que toda consultora posee. Pero, además, se necesita de un call center importante (como lo es el de Martínez) que trabaje con muchas líneas telefónicas. Roberto Bacman, de Ceop, cree que la apuesta de la campaña estuvo dirigida a “confundir a la gente” y que apuntó, con astucia, a los indecisos. Por algo, la encuesta se interrumpía automáticamente cuando el receptor respondía que iba a votar a Filmus. Los especialistas Ricardo Rouvier, Gerardo Adrogué y Luis Alberto Quevedo, consultados por este diario, coinciden también en que el sistema IVR de encuestas con preguntas grabadas no es confiable para su trabajo. Muchos receptores de los llamados ni siquiera contestan o abandonan la encuesta a la mitad o “mandan fruta”, por lo que las muestras finales resultan anárquicas o sesgadas. Sucede que en este caso quienes diseñaron la encuesta no estaban interesados en indagar compleja y democráticamente la opinión social sino en intoxicarla, inundando como fuera la red telefónica de la Ciudad. La operación puede salir mal: ya hay una investigación judicial en marcha que deberá incluir el envío de exhortos a los Estados Unidos y establecer quién financió la operación. Paralelamente, el caso ya entró en el fuero en lo Penal Contravencional porteño. Un tipo de “ruido comunicacional” que puede afectar al macrismo en la segunda vuelta electoral.