Por una revisión completa de la política energética

El aviso mediático de la filial local de Repsol desconoce el fracaso de la política petrolera. Además, trata de negar la caída estruendosa de las reservas por la propia inacción de las empresas del sector. El Gobierno es partenaire en esta responsabilidad y en este anuncio de tipo electoral. Más allá de estas cuestiones, es imposible no considerar que los costos de extracción del petróleo y el gas natural no convencionales superan los tradicionales. Se sabe, no obstante, que las utilidades del sector son ultra rentas, sólo comparables con las finanzas, el narcotráfico, la trata de personas y el juego. Hecha esta mención, vale señalar que en Estados Unidos, el 28 por ciento de la extracción doméstica del gas es no convencional, con precios favorables debido al fuerte desarrollo extractivo. Allí se dejó de lado la diferenciación de precios entre “petróleo viejo” y “petróleo nuevo”. Aquí se copió el esquema con los programas Petróleo Plus y Gas Plus. En otras palabras: las compañías con viejas explotaciones aprovechan los precios más beneficiosos para invertir y presentar como nuevo lo que, en realidad, es viejo. Otro aspecto para subrayar se refiere a las actuales reservas comprobadas. En 2009, según las declaraciones juradas de las compañías y la Secretaría de Energía, ascendían a casi once años en el caso del petróleo y a unos ocho años para el gas. Muchísimo menos que en las décadas del ’70 y el ’80. La razón es simple. Aunque las empresas que usufructuaron las privatizaciones jamás lo reconocerán, cuando se quedaron con YPF y sus reservas –a valores vergonzosos– sólo tuvieron que dejar abiertas las espitas para que el petróleo fluyera. Obviamente, cuando sólo interesa la ganancia, no se invierte en reservas. Además, como los ganadores del desguace son firmas multinacionales, prefieren invertir en otros lugares como el Golfo de México, Libia, Irak, Brasil o Sudán. No en el futuro del país. Semejante actitud antinacional justifica la existencia, ahora mayoritaria en el mundo, de empresas públicas. En nuestro país, la inversión en exploración ha caído más que en materia de explotación, porque esta última implica mayores riesgos. ¿Falta de incentivos y seguridad jurídica? Nadie puede afirmar semejante sinsentido. Otro aspecto a considerar es la exploración y explotación de la cuenca marina, donde no se consigue avanzar porque Enarsa, lejos de ser una petrolera, apenas cumple el rol de una productora de uniones transitorias de empresas en las cuales, para justificar la ausencia de licitaciones, aparece como socia minoritaria. Con relación a la matriz energética, su variación es un proceso lento y de muy largo plazo. Si se mantienen las políticas actuales, el gas natural seguirá teniendo una importancia mayúscula. Por suerte, los investigadores argentinos tienen capacidad para incorporar energías renovables y no contaminantes. Debe formularse una política energética en este sentido, basada en las decisiones de inversión, en la política de precios y en la faz impositiva. Sólo así podremos disponer de fuentes nuevas de energía. Tampoco se puede dejar de mencionar la reforma constitucional del ’94, que le entregó el dominio de los yacimientos a las provincias –en línea con los históricos reclamos de los sectores liberales–. Nosotros no dudamos que se debe volver al Artículo 40 de la Constitución del ’49, que otorgaba el dominio del subsuelo a la Nación y la renta a las provincias. Hoy, desde lo formal, el dominio es de las provincias. Allí se enriquecen los gobernantes, otorgando y prorrogando concesiones, pero dejando la renta petrolera a las multinacionales. El tema, sin duda, exige una revisión completa del dominio, la renta, la gestión, las decisiones de inversión y de la política petrolera en general. Mientras tanto, se puede avanzar fiscalizando las obligaciones de los concesionarios, fijando una política de precios favorable al país y constituyendo empresas estatales. Hay atajos que permitirían actuar hasta que una reforma constitucional restaure los recursos naturales estratégicos como dominio del Estado Nacional. A corto plazo, hay que obligar a las empresas a invertir para alcanzar las reservas que el país tenía en la época de la empresa petrolera pública. Quien no invierte se tiene que ir, como sucede y sucedió en muchos países.