Adiós autojuicio: se vienen tres meses de investigación
La oposición porteña logró imponer el dictamen para crear la comisión investigadora que funcionará durante 90 días hábiles y estará conformada por 17 miembros, cuatro de ellos oficialistas. Sin embargo, la cantidad de integrantes aún está sujeta a discusión. La comisión deberá expedirse sobre la responsabilidad del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en el escándalo por las escuchas ilegales. Para ello, se aprobó el pedido del expediente judicial que está en manos del magistrado Norberto Oyarbide.
El PRO pretendía que en la comisión se fijara un temario acotado al episodio de las escuchas, un plazo de duración lo más breve posible y que en su integración se representara la proporcionalidad de los bloques. Sin embargo, la oposición propuso cuatro representantes por el PRO, dos para Proyecto Sur, y un integrante por cada uno de los bloques restantes.
En respuesta al dictamen, el diputado oficialista Martín Ocampo aseguró que si no se garantiza lo que el macrismo considera como verdadera proporcionalidad en la comisión, la delimitación del objeto a investigar y el plazo no prorrogable de 60 días su bloque decidiría “no integrar la comisión”, si bien matizó esa declaración diciendo que “no es algo que se haya definido todavía en el bloque. Es una percepeción”. Por su parte, el legislador por la Coalición Cívica, Sergio Abrevaya insistió en la idea según la cual “no vale la proporcionalidad, sino la representación. Conceptualmente, estamos hablando de una comisión que investigue un hecho y elabore un dictamen. Por eso el PRO no puede plantear la necesidad de proporcionalidad, cuando no hay confrontación. Esto no es un juicio”.
Cambio de estrategia. El PRO analizó las dificultades que tuvo para avanzar con el juicio autoimpulsado y firmó una resolución en minoría que plantea el giro del juicio a la Sala Acusadora. Martín Ocampo dijo al respecto que “como sugiere la convención del radicalismo y del Frente Grande en la Comisión Constituyente del ’96, tienen que haber dos pasos solamente, la acusación y el juzgamiento, pero nunca un acto previo”. Inmediatamente agregó que la Legislatura “no puede expedirse sobre el juicio político porque constitucionalmente eso le corresponde a la Sala Acusadora”.
En relación al intento oficialista para saltear a la Comisión de Asuntos Constitucionales y recurrir a la Sala Acusadora, Anibal Ibarra, diputado por Diálogo por Buenos Aires, afirmó que “la propuesta del PRO es una mera expresión de deseos y una demostración más de su falta de brújula”.
En el mismo sentido, Abrevaya retrucó la jugada del macrismo al asegurar que: “Desde el plano legal afirman que quien debe encarar el juicio político es la Sala Acusatoria. Entonces, ¿por qué vinieron a la Comisión de Asuntos Constitucionales?”.
Semanas atrás, la oposición interpretó la jugada de Macri, de pedir su propio juicio político, como una maniobra para conseguir con la mayoría de su bloque un rápido rechazo del proceso y así contraponer esa decisión, que equivaldría a una declaración de inocencia política, a los jueces que lo investigan por asociación ilícita y espionaje.
Por eso, los legisladores de la oposición rechazaron el juicio político y acordaron la conformación de la comisión investigadora que determine si corresponde abrir o no el juicio político.
A la espera del desenlace. Los legisladores opositores decidieron también citar a Macri el 24 de agosto para que dé explicaciones ante la Legislatura sobre la asociación ilícita que funcionaba en la órbita del Gobierno de la Ciudad. También se firmó otro dictamen para reclamar la licencia del jefe de Gobierno, hasta que culmine el juicio penal. Estos dos proyectos, junto con la distribución proporcional que le corresponde a cada bloque en la Comisión deberán someterse a votación el próximo 12 de agosto.
Sobre el controversial pedido de licencia, impulsado por la diputada María José Libertino, de Encuentro Popular para la Victoria, Ibarra opinó que ésa no es una facultad de la Legislatura, y que en todo caso se trata “de una cuestión ética, tiene que pedir licencia”. En un tono similar, Gonzalo Ruanova, del partido Nuevo Encuentro, sostuvo que la licencia “es una decisión del jefe de Gobierno. Lo llamativo es que esté gobernando, sea candidato a presidente y esté procesado”.
El macrista Ocampo subraya que no hay posibilidad de suspender al jefe porteño porque no hay de por medio un juicio político. Solamente una vez que la Sala Acusadora se expida sobre las responsabilidades de Mauricio Macri, la suspensión podría ser automática.
La Comisión tendría autoridad para citar funcionarios y allanar oficinas. Demasiado desgaste para Macri y sus aspiraciones presidenciales de cara al 2011. De esta manera, el escenario político para el jefe de Gobierno porteño sería el menos deseado. Sus aspiraciones políticas podrían sufrir el embate de la peor exposición pública, aunque su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta afirme, al estilo Jaime Durán Barba, estratega comunicacional del macrismo, que el tema de las escuchas “a la gente no le importa”.
