Adolescentes sin educación, con prontuario
En América latina y el Caribe viven 108 millones de adolescentes entre 10 y 19 años, el 19 por ciento de la población total de la región; muchos de ellos carecen de acceso a una educación de buena calidad; a la atención de la salud básica, al apoyo en materia de discapacidad y salud mental, y a espacios que les den oportunidades de participar plenamente en sus comunidades.
A pesar de estos datos, las preocupaciones sociales parecen merecer una atención menos prioritaria frente a la seguridad ciudadana y los niveles de criminalidad y violencia que son frecuentemente identificados como preocupación primordial en las encuestas de opinión conducidas en la región.
Para muchos medios de comunicación y amplios sectores de la opinión pública, la figura del agresor es muchas veces la de un adolescente.
En este contexto, en la región existe una fuerte presión social sobre el sistema de Justicia penal juvenil para encontrar respuestas que puedan hacer frente a esta preocupante percepción negativa de los adolescentes y su supuesta contribución en la expansión del crimen y la violencia. Como resultado, se asiste a frecuentes decisiones judiciales con altos índices de privación de libertad, especialmente en la etapa previa al juicio.
Un Informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) revela que el número de niños y niñas que se encuentran en detención preventiva en celdas y prisiones en la región ha ido aumentando progresivamente.
Al mismo tiempo, se ve un incremento de los proyectos de reformas legislativas que postulan la supresión de garantías procesales para los adolescentes acusados de infracciones a la Ley, de las medidas que proponen la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal, el aumento de las penas privativas de libertad, y los procesos de “protección” a los que son sometidos los niños que viven en la calle, quienes en muchos casos son llevados al sistema de Justicia juvenil sin haber cometido infracciones a la Ley.
Todo esto ocurre a pesar de que los datos de varios países en la región nos muestran que los porcentajes de crímenes cometidos por niños, niñas o adolescentes siguen siendo muy inferiores al 5 por ciento, en comparación con los adultos.
Para prevenir y responder en forma efectiva a la violencia se necesita una política integral de seguridad pública basada en el respeto de los derechos humanos, dando prioridad a la prevención basada en sistemas de información e indicadores confiables y en recursos adecuados. Esa política integral debe basarse en el estricto cumplimiento de las normas internacionales ratificadas por los Estados y promover el respeto de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.
