Adopción en la Argentina: se abre la temporada de debate
No podemos seguir teniendo esta ley. Necesitamos una que proteja a los menores y que las familias desesperadas por tener un hijo no cometan maniobras ilegales porque no pueden acceder a este derecho”, dijo el martes la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al inaugurar las sesiones legislativas. “Es fundamental que el Parlamento trate una nueva ley de adopción”, instó a los legisladores.
Fue uno de los temas importantes de un discurso que fue un collage de cuestiones de sumo interés. No se equivocó al leer, porque no leyó. No lo necesitó. Los asuntos fundamentales no precisan apuntes. Y la esfera de la Adopción pertenece a ese tipo de asuntos, porque cruza en su interior derechos infantiles quebrantados, deseos adultos muy sensibles, una legislación vetusta y la vileza de los oportunistas de siempre, que aprovechan las desesperaciones, fragilidades, complicidades y vacío legal, para llevar agua pútrida para su molino.
El imaginario social que no tiene relación con la problemática sabe poco del tema. Sabe apenas que “es muy difícil adoptar en Argentina”, que el trámite demora mucho y la espera se hace interminable, sabe que ello se debe a la burocracia como sabe que si quiere adoptar debe dejar que la Justicia lo inspeccione, y así mismo conoce acerca del robo de bebés, del mercado negro, que es imperio de los que más tienen, y de la vulnerabilidad de muchas familias. Ve chicos en la calle y oye de padres que quieren un hijo y no entiende por qué no se encuentran, ni por qué la Justicia funciona tan mal ni cómo puede haber gente tan desalmada como para dedicarse al comercio de bebés.
Como cualquiera que ignora, el imaginario social se llena de preguntas y equívocos.
“Esa es siempre la primera pregunta que sale de un periodista, ‘¿por qué tarda tanto el trámite de adopción en la Argentina?’”, se queja Federica Otero. “Yo creo que el problema no está en que se tarda tanto en la Argentina sino en entender el imaginario social, no tienen la culpa los periodistas ni la gente en general, sucede que nadie trabajó hasta ahora lo suficiente para que se entienda el concepto de la adopción”, remarca Otero, con el tono de quien asume un reto. Ella está al frente de la Dirección Nacional Registro Único de Aspirantes a la Guarda con fines Adoptivos (Dnrua), que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.
“El concepto verdadero de la adopción es el de darle a un niño, que la necesita, una familia. Y no al revés”, aclara la especialista, para despejar el error habitual en el orden de prioridades. Y, en ese sentido, también aclara que “la espera (de los adoptantes) sucede en todos los países”, rechazando que ese sea el problema principal de la adopción en Argentina. Para Otero, la atención hoy debe depositarse en “la erradicación de ciertas maniobras y contactos ilegales de algunas personas para acceder a la guarda del chiquito”.
Se refiere específicamente a lo que llaman “guardas de hecho” o “guardas puestas”, que son apropiaciones sin intervención judicial, donde siempre hay un intermediario que ofrece, generalmente, a una embarazada la posibilidad de entregar el nene a una persona que lo quiere cuidar. “Esos chiquitos pasan a convivir con esa familia y dejan pasar tres, cuatro o cinco años para luego presentarse en la Justicia y pedir la guarda con fines adoptivos. Produciendo una encerrona a los jueces”. Otero se refiere a que, si bien es ilegal una guarda que no haya sido ordenada por un juez, después de años de convivencia, el prioritario interés del niño se superpone a los caminos normales y la trampa queda consumada.
A fines de septiembre pasado, la Resolución 2355 del Ministerio de Justicia creó la Comisión de Estudio y Análisis del Régimen Legal de Adopciones, con la misión de trabajar en la nueva reglamentación. Otero es una de los multidisciplinarios especialistas que componen la Comisión y hace hincapié en la necesidad de que allí se genere “una herramienta normativa que prohíba explícitamente” las guardas sin intervención estatal.
A la diputada María Luisa Storani, de la Comisión de Familia, también la desvela la posibilidad de que no queden claras las prioridades. Por eso critica a la Presidenta, porque considera que el anuncio estuvo “mal enfocado”. Storani recita el discurso de la primera mandataria: “Terminar con el tráfico de niños en la Argentina y atender a las familias que, en la imposibilidad de adoptar, caen en la clandestinidad y en el delito, para poder tener un hijo”. Y se contesta: “Los que caen en la clandestinidad y en el delito son los adultos, no tiene nada que ver con el derecho de los niños”. La diputada expresa, de todos modos, su alegría porque el tema se trate y la sociedad lo debata. La cantidad de yerros es inversamente proporcional a la de debate. Sabe que hay un retraso imposible en la legislación vigente, en mayo presentó uno de los 14 proyectos para modificarla. Y en agosto organizó un seminario que tuvo una interesante repercusión y una calificada convocatoria. De hecho, la apertura estuvo a cargo de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. La ley que rige actualmente, la 24.779, es de abril de 1997 y el fundamento legal que respalda la priorización de los intereses del niño en una instancia de adopción, incorporando los lineamientos de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, es la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, la 26.061 de 2005/2006.
Avances y tareas. El primer paso del circuito para la adopción comienza con la inscripción en el Registro Único de Adoptantes, que no es único sino que hay uno en cada provincia, lo que aporta al engorro. Cuando la Dnrua empezó, en 2005, lo hizo con mal pie. La necesidad de unificar la lista de las personas que querían tener un hijo por la vía legal llevó a que Nación y provincias chocaran por cuestiones de jurisdicción. En el 2009 llegó la solución, la Dnrua se revolucionó y parte de ello es la iniciativa actual de crear la Red de Registros Únicos de Adoptantes. Con paso lento pero constante, la Red consiguió hasta ahora adherir a nueve provincias (Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Neuquén, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz y Tierra del Fuego) y la Ciudad de Buenos Aires. Además, se logró que otras cinco (Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes y Mendoza) ingresaran el proyecto de ley de adhesión a sus respectivos Parlamentos. Faltan nueve, por lo que no se conoce el número exacto de adoptantes ni de niños en situación de adoptabilidad. Además, muchos adoptantes se inscribieron en muchas provincias, lo que indica que el número es mucho menor a los 10 mil que manejan las fundaciones. Hasta ahora, la Dnrua registra a 1732 personas inscriptas.
El segundo paso, sin contar el papeleo, es cuando un juez otorga la guarda, que será un lapso de convivencia no menor a los seis meses ni mayor a un año. Allí es cuando entran en escena los equipos técnicos que la Ley 26.061 señala como órganos de aplicación y que evaluarán si el ámbito y la relación con la nueva familia son positivos para el chico. Durante el paso anterior, estos equipos examinaron a los chicos, semestralmente, tomaron todas las medidas para que regrese con su familia y, si no lo lograron, informaron al juez para que disponga una guarda. Ello lleva un tiempo inevitable para garantizar que no se esté vulnerando el derecho del niño. Otero advierte que “hay mucho por trabajar con los equipos técnicos, en la decisión, la elaboración de buenos informes para el juez y en la decisión de cuándo están acabadas las medidas de protección para que el chico esté con su familia de origen y pase a que el juez estudie la adopción”
Y, si se pasa la prueba de los equipos técnicos, el tercer paso es el inicio de los trámites de adopción.
La demora se explica con el trabajo que busca garantizar el bienestar del nene, pero el planteo presidencial se basa en la comprensión de que la incertidumbre de la criatura en tránsito no se conjuga con su bienestar. Además, no es el único factor que contribuye con la ilegalidad. “Hay un argumento falso de algunos legisladores, que dicen ‘hay 10 mil niños en la Argentina en condiciones de adoptabilidad’, que no es real”, advierte Storani. “A lo mejor suman hogares, institutos, etc., pero muchísimos de esos niños no son factibles de adopción –explica la legisladora–, a lo mejor pasan una situación asistencial porque la familia no puede asumir la crianza”, lo que no quiere decir que pueden quitarle un hijo. Storani alude a otro malentendido muy extendido en el imaginario social, al simplificar la cuestión con uniones simples entre chicos de la calle y adoptantes. A Dios gracias, el debate está cerca.
• Una Hotton de muestra
Hace años que la legisladora del monobloque Valores Para mi República, Cinthia Hotton, trabaja con organizaciones dedicadas a acompañar a los adoptantes. Y sin embargo, en una nota de Pedro Ylarri del 15 de junio pasado, publicada por el sitio de la ONG Infancia Hoy, la legisladora afirma que “la gran traba” en torno de la temática de la adopción en nuestro país es que “la ley y la Justicia priorizan el vínculo biológico por sobre los intereses del niño”.
“¡Obviamente!”, grita la diputada María Luisa Storani, “gracias a Dios que lo reconoce, con todo lo que ha pasado en la Argentina, las Abuelas de Plaza de Mayo han hecho toda su vida una construcción sobre esto”, agrega la legisladora radical.
Más calmada, Storani recuerda que “los lazos biológicos hay que preservarlos siempre que se puedan preservar, uno no va a dejar que maten a golpes a un chico por más que sea un lazo biológico, pero si hay un sesgo y una línea para poder trabajar con esa familia, yo apuesto el cien por ciento a trabajar con la familia”.
La directora nacional del Registro Único de Aspirantes a la Guarda con fines Adoptivos, Federica Otero, ante todo aclara: “Nosotros no usamos la palabra ‘biológico’, porque refiere a otra cosa, es muy largo de explicar, hablamos de familia de origen”. La dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, además, explica que “el fundamento para privilegiar los vínculos biológicos (a las ansias de los padres adoptivos) los da la Convención Internacional de los Derechos del Niño, todos los tratados firmados de derechos humanos en tribunales internacionales y la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño”.
De todos modos, Otero reconoce que el hecho de que los equipos técnicos apliquen todas las medidas posibles para que esos chicos queden con su familia de origen “es una cuestión que requiere mucho tiempo, en eso coincido con Hotton, pero no son dos intereses que se contraponen, para nada”.
