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Allanan las casas de dos ex jefes militares por el crimen de Alberte
La causa por el crimen de Bernardo Alberte, la primera víctima de la dictadura, avanza semana a semana, luego de haber estado parada por más de 35 años. Por orden del juez federal Daniel Rafecas –que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en el Primer Cuerpo de Ejército– hubo esta semana dos allanamientos en los domicilios de dos ex militares que, se sospecha, están relacionados con el asesinato. Primero una delegación judicial fue a la casa de Carlos Alberto Martínez, jefe de Inteligencia del Ejército al momento del golpe y titular, desde 1977, de la Secretaria de Inteligencia del Estado (Side), cargo que ocupó hasta 1983. Y el viernes le llegó el turno a Alfredo Sotera, segundo de Martínez en el Estado Mayor y luego mandamás del Destacamento de Inteligencia 121, en Rosario, provincia de Santa Fe.
Los domicilios de Martínez allanados están en Pardo 2112 y España 865, ambos en el partido bonaerense de San Miguel. Participaron funcionarios del juzgado y de la Policía Federal. “En los procedimientos se secuestró documentación relacionada con los delitos que investiga Rafecas. También partes de inteligencia y documentos de aquel entonces relacionados con el crimen de Alberte”, señaló a Miradas al Sur una fuente con acceso a la causa. El mayor Alberte tenía una relación fraternal con Juan Domingo Perón: fue su edecán, delegado personal y secretario del movimiento justicialista. Lo mataron horas después de consumado el golpe del 24 de marzo de 1976. Un comando del Ejército fue a su casa y lo tiraron por una ventana de su departamento del sexto piso.
No es la primera medida que ordena Rafecas en la causa. Hace unas semanas ordenó allanar la casa del ex jefe de Inteligencia y general retirado Jorge Eugenio O’Higgins. Está sospechado de ser quien ideó el operativo. Hay una prueba que lo compromete: en 1981 se hallaron en su edificio cartas entre Alberte y Perón. O'Higgins las había tirado a la basura, pero las encontró de casualidad un vecino en el palier compartido de sus departamentos. Esos papeles habían sido robados la noche del crimen. O’Higgins fue subordinado directo de Martínez en la Jefatura de Inteligencia del Ejército y luego participó en la Operación Centroamérica como agregado militar argentino en Honduras.
La familia Alberte denunció judicialmente el asesinato y el robo de las cartas en junio de 1976. Ningún juez la quería investigar. Todos se declaraban incompetentes: la causa pasó por 14 juzgados en seis años. Se cerró en 1985 y se reabrió en 2003, tras la derogación de las leyes de impunidad. La familia, hoy querellante en la causa, acusa como jefe de la comisión militar que ejecutó el crimen al general retirado Oscar Enrique Guerrero. Guerrero era entonces jefe de Operaciones del Ejército y luego comandó la Policía Bonaerense. Guerrero fue reconocido por la mujer de Alberte y una de sus hijas como integrante de la patota. Aún no fue citado a indagatoria ni allanada su casa.
En 2007, la familia Alberte ya había solicitado a la Justicia la detención de O’Higgins y Guerrero. “No me cabe la menor duda de que O’Higgins participó en el operativo militar que asesinó a mi padre. Tenía en su poder parte del botín que se robaron de nuestra casa la noche en que se cometió el crimen. En ese entonces, tanto O’Higgins como Guerrero eran jefes del Ejército: de Inteligencia el primero, y de Operaciones del Estado Mayor el segundo”, denuncia Bernardo Alberte hijo, impulsor de la causa por el crimen de su padre.
Pelusa. Morocho, flaco, y de ojos inexpresivos, a Martínez sus compañeros de arma lo conocían como Pelusa. El sobrenombre provenía del pelo fino que nacía de su nuca. Era un hombre de confianza de Jorge Rafael Videla. Uno de sus principales alfiles. Desde antes del golpe mantenían un ritual cotidiano: la revisión diaria de los partes de inteligencia que Martínez le traía cada mañana. Desde ese lugar de poder, Martínez se transformó en uno los arquitectos del plan golpista. No sólo eso: sobre sus hombros estaba depositada la delicada tarea de diagramar el aparato represivo del Ejército.
“A Martínez se le atribuye haber diseñado junto con Roberto Viola los planes de ejecución del genocidio y luego la Operación Centroamérica de exportación del terrorismo de Estado. De él dependió toda la estructura de inteligencia represiva de la dictadura, incluyendo el tristemente célebre Batallón 601. Hasta llegó a representar a las Fuerzas Armadas en cónclaves secretos del Plan Cóndor en Santiago de Chile”, explica Alberte hijo.
Martínez comandó con grado de general el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Desde ese lugar no sólo ejecutó la represión local. También participó del Plan Cóndor y del adiestramiento de militares derechistas en Centroamérica. Fue, como muchos de los jefes militares, un aplicado alumno de la Escuela de las Américas. Y pasó como delegado ante la Junta Interamericana de Defensa, el organismo encargado de fijar las estrategias anticomunistas en la región. Allí cultivó buenos contactos con militares de los Estados Unidos y de otros países. Tras la guerra de Malvinas pasó a ser jefe de operaciones del Estado Mayor de la fuerza. En 1989, durante el menemato, fue rescatado del ostracismo. El entonces titular de la Side, Juan Bautista Tata Yofre, lo designó jefe de la Escuela de Inteligencia de la secretaría.
Sotera, en tanto, ya está procesado por el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque. Está acusado de 79 casos de secuestros y torturas y 22 homicidios. Ese procesamiento fue confirmado en abril último por la Cámara de Apelaciones de Rosario. Sotera fue jefe del Destacamento de Inteligencia 121 desde el 6 de diciembre de 1975 hasta el 15 de diciembre de 1976. Es el autor de un informe que “marcaba” a las personas que luego serían blanco de la represión. Ese documento fue aportado a la causa Guerrieri por el ex policía y agente de inteligencia Adolfo Salzman.
Actualmente Sotera tiene prisión preventiva con arresto domiciliario. Y un embargo por 7 millones 250 mil pesos. El diario Rosario/12 informó que Sotera había sido indagado por el juez Bailaque en el marco de la causa Feced. Sotera fue jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario. Indagado por la fiscalía, el ex militar justificó la represión: “Si no, la subversión tomaba el país. Era un problema gravísimo. Sufrimos esas circunstancias y las resolvimos. Eran problemas que teníamos y queríamos evitar que llegaran a las casas de uno”.
