Candela: cómo olvidar el crimen de una niña
El caso que tuvo en vilo al país en un reality show que todos los días se trasmite desde los estudios del programa de Mauro Viale. Esa parece ser la génesis de la investigación por el secuestro y asesinato de Candela Sol Rodríguez, la niña de once años que apareció muerta el 31 de agosto del año pasado. En medio del desfile televisivo, la semana pasada fue excarcelada Gladys Cabrera, la dueña de la casa de la calle Kiernan, donde en teoría estuvo secuestrada Candela. Esta semana, el carpintero Néstor Altamirano, el cuidador de esa casa, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria. Ninguno de los dos tiene antecedentes penales y Gladys ni siquiera vivía en el barrio donde la policía dice que estuvo cautiva la niña.
En la causa hay ocho detenidos. En total, la investigación suma unas diez mil fojas, doce testigos de identidad reservada y unos ciento sesenta teléfonos celulares secuestrados. A todos los aparatos se les hicieron análisis para detectar muestras de ADN y se entrecruzó el contenido de los mensajes de texto, las llamadas entrantes y las salientes. “Hasta ahora, de esas pericias no surgió nada que demuestre que quienes decían no conocerse se conozcan”, confió a Miradas al Sur una fuente de la investigación. Del otro lado, uno de los abogados de los detenidos se queja. “Todo ese análisis que se hizo se podría haber usado para ver las conexiones policiales que tienen varios de los involucrados.”
Ahora, mientras la Cámara de Apelaciones analiza la situación de los detenidos, en los pasillos de los Tribunales de Morón se especula que la investigación podría caer. La hipótesis que hasta ahora siguió la Justicia es que la niña murió por una “venganza no convencional”.
El fiscal Marcelo Tavolaro aseguró que el supuesto autor material –Hugo Bermúdez, un narco de poca monta con lazos policiales– la habría asfixiado con sus manos por tratarse de un “psicópata sexual con preferencias a someter a sus juegos sexuales a menores de edad cautivándolos con provisión de ropas y drogas”. Según la Justicia, el ideólogo de esa extraña venganza habría sido Héctor Topo Moreira, conocido como informante policial y estafador.
Marcelo Mazzeo, el abogado de la depiladora Gladys Rodríguez, hizo una presentación para que la causa pasara a la Justicia Federal. Lo que hace falta investigar, asegura el abogado, es la pista narco policial. Los principales acusados por el crimen, Hugo Bermúdez y Topo Moreyra tienen un largo historial de trabajo en común con la Policía Bonaerense. Y varios testimonios incluidos en causa hablan de los lazos de la familia de Candela con el narcotráfico en la zona de San Martín, una de las plaza de venta de cocaína más calientes del conurbano.
Sin embargo, la pista narco policial nunca estuvo entre las prioridades de la investigación. “Esto es como la minería”, explicó un funcionario judicial que tuvo acceso al expediente. “El que está abajo en la mina es el minero: es el que descubre la veta y la sigue con el cincel y luego le dice al gerente qué camino hay que seguir. El gerente actúa en base a los reportes que le envían desde allá abajo. En la Justicia es lo mismo: la policía es la que está en el socavón. Nosotros seguimos las pistas que ellos nos acercan.”
En este caso, el minero no es otro que el jefe de investigaciones de la policía de La Matanza, Marcelo Chebriau, casi una celebridad en las filas policiales. Chebriau suele actuar en todos los casos donde la policía puede verse en problemas. Investigó –entre otros casos resonantes y sin final feliz– la desaparición del joven Luciano Arruga, de la familia Pomar, la de Candela y otros secuestros menores.
En el caso Candela, uno de los celulares secuestrados es el de su brazo derecho: el suboficial Sergio Chazarreta, un hombre de San Martín casado con la prima del Topo Moreira. De hecho, Chazarreta y Moreyra se criaron juntos en las calles de San Martín. Allí solían verse con otro hombre que –según algunas fuentes– estaría ligado al narcotráfico local. Dos años atrás, aquel jefe narco sufrió el secuestro de su hijo, que fue liberado muy cerca del lugar donde apreció el cadáver de Candela. Aquel caso –que sucedió al mismo tiempo que el de los Pomar– fue investigado por Chebriau.
El que introdujo ese dato en la causa fue Juancho Rodríguez, el padre de Candela, que también los conoce a todos desde chico. Juancho dijo que detrás del secuestro estaba el Topo, pero que alguien había hecho correr el rumor de que él lo había entregado. En una de sus declaraciones, propio Rodríguez habló de negocios en común, que incluyen extorsiones y un pedido de un sector policial para que él entregue a ese jefe narco a la policía.
¿Por qué nunca se siguió esa pista? Los sectores que son críticos de la investigación esgrimen que tanto la participación de Fernando Burlando –en su rol de abogado de la madre de Candela– como la de Marcelo Chebriau busca garantizar que la Policía Bonaerense salga indemne de la investigación. Esos mismos sectores le atribuyen un rol no menor al Fiscal General de Morón, Nieva Woodgate. Desde el primer día, el jefe de los fiscales de Morón encabezó la investigación de forma personal.
“Con la causa Candela tendría que haber declinado la competencia a favor de la Justicia Federal”, dice el abogado Marcelo Mazzeo. Algunas fuentes judiciales especulan que con ese caso, pensaba acumular apoyo y reacomodarse frente a los pedidos de juicio político en su contra. “Si la chica aparecía viva, se ganaba una foto con el gobernador y la criatura. Como apareció muerta, encabezó todo el armado y lo que quiere vender ahora es silencio. Todo lo que pasa, él lo vive como una oportunidad para acumular poder”, dicen sus colegas.
Dueño de una carrera judicial que empezó en plena dictadura, Woodgate enfrente un pedido de juicio político que en pocas semanas –cuando comiencen las sesiones ordinarias del Parlamento bonaerense– podría transformarse en una suspensión en sus funciones. Se lo acusa por no haber hecho nada frente al asesinato en manos del ejército de Angel Georgiadis, un preso político que estaba a su disposición cuando era juez en lomas de Zamora. Georgiadis era un militante montonero, detenido desde mediados de 1975.
En febrero de 1977 el ejército lo sacó de la Unidad 9, en La Plata, para interrogarlo. Lo trasladaron al Regimento 7, donde fue torturado y murió. Nieva Woodgate permitió ese traslado y, al recibir el oficio de que se había suicidado, nunca investigó como había sido la muerte.
Según denunciaron los diputados que presentaron el pedido de juicio político, en el expediente de Georgiadis había fojas que estaban cruzada por un sello que decía “subversivo”.
A ese caso se le suma un pedido que ingresó a la Comisión Bicameral de Juicio Político en mayo del año pasado. Allí, el fiscal de Morón Alejandro Jons denuncia persecuciones contantes por parte de su jefe directo, Nieva Woodgate, hasta producirle “daños físicos y psíquicos”.
Por años, dice el fiscal, ha sido práctica común la “coacción hacía todos los empleados de la Fiscalía General, en relación a imponer manu militari los criterios judíricos a aplicarse en los casos que los Fiscales debimos llevar adelante”. Utiliza, dice Jons, el maltrato y el hostigamiento como “disciplinamiento político judicial interno”, para “aplicar una política de mano dura, pedir condenas aún sin pruebas, acusar por las dudas”. Algo que, dicen sus detractores, se repite en el caso Candela.
