La aptitud pericial de las muestras que obtuvo Conrado Bergesio y la viabilidad jurídica de utilizarlas para contrastarlas con el Banco Nacional de Datos Genéticos (Bndg) son dos cuestiones clave sobre las que deberá resolver la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en la causa que busca determinar si Marcela y Felipe Herrera de Noble son hijos de desaparecidos. Fuentes allegadas al expediente confirmaron a Miradas al Sur que la magistrada primero terminará con las declaraciones que comenzó a tomar la semana pasada a los peritos y policías que intervinieron en el allanamiento que derivó en los frustrados exámenes de ADN. El objetivo es esclarecer las circunstancias en que se produjo la contaminación de las prendas recolectadas. Terminado el trámite judicial, que se prolongaría hasta el viernes próximo, Arroyo Salgado estaría en condiciones de decidir sobre el pedido de la fiscal Rita Molina para que se dispongan de los análisis a partir de las muestras obtenidas por Bergesio en diciembre pasado.
Los materiales en cuestión son los hisopados bucales y las muestras hemáticas que los hijos adoptivos de Herrera de Noble accedieron a brindar, pero que no consienten que se crucen con la totalidad de los perfiles aportados por familiares de desaparecidos. Un juego está en el Bndg. El otro quedó en custodia del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema desde abril pasado, cuando la jueza lo rescató del juzgado de Bergesio, luego de la Cámara Federal San Martín lo apartara del expediente.
“Desde el punto de vista legal, nos parece que no debería haber obstáculos para el pedido de la fiscal. Desde lo técnico, consideramos que el uso de las muestras es viable si no están contaminadas, y se reúnen determinados recaudos y condiciones”, señaló Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. En síntesis: que los perfiles resultantes de las muestras de sangre estén presentes también en las prendas recogidas durante los allanamientos que dispuso Arroyo Salgado.
En tribunales aseguran que si la jueza accediera a la solicitud de Molina se evitarían nuevas demoras y que una orden de extracción compulsiva provocaría que la causa volviera a perderse en un laberinto judicial de varias instancias. El derrotero podría terminar en el máximo tribunal. En los hechos, el expediente, que comenzó a tramitarse en 2001, estuvo paralizado entre 2004 y 2008, tras la destitución de su primer juez, Roberto Marquevich, y se destrabó recién en agosto del año pasado.
Desde Abuelas afirman que la obtención compulsiva es legítima, aunque aclaran que se trata de la última alternativa, y la menos deseable. El razonamiento señala que la Corte rechazó en el “caso Prieto” la vía compulsiva porque no se había agotado la opción del allanamiento, que supone la mínima coacción. Además, subrayan que no es lógico que la causa quede empantanada porque Marcela y Felipe se niegan a los análisis. “La voluntad de la persona condiciona cómo se obtiene la muestra”, enfatiza Iud.
En síntesis, los próximos pasos de la jueza serán fundamentales para el rumbo de una causa cuyo éxito reside en la posibilidad de que una abuela pueda encontrar un nieto apropiado, y su fracaso en la imposibilidad de obtener un perfil genético indubitable que permita despejar las dudas expresadas por Herrera de Noble en su carta a la sociedad, que publicó Clarín en 2003.
