Cómo matar a un “buche” de la Bonaerense
La noticia sobre la muerte de un hombre, producida a pocos minutos de comenzado el lunes 3 de enero de 2011 por cuatro impactos de bala –realizados por uno o dos miembros de la subDDI de Villa Gesell, a cargo del comisario Claudio Arnouk, y otro uniformado afectado al Operativo Sol– cuando salía de una vivienda de Valeria del Mar donde él, junto a un cómplice, habría robado, llama la atención. Mucho más cuando es repetida, casi hasta el calco, por las páginas de Noticias de Pinamar; los matutinos El Día y Hoy, de La Plata; los periódicos marplatenses El Atlántico y La Capital, y los diversos portales de varios medios nacionales. Una y otra vez, en unos y otros medios, el lenguaje utilizado copia casi sin intervención periodística, sin ningún tipo de investigación ni recolección de datos en la zona, los de cualquier parte policial. Incluidos los errores y las imprecisiones.
Por ejemplo (sic): “Un hombre murió de cuatro balazos luego de enfrentarse a tiros con dos policías que lo acusaban de haber asaltado y atado, junto a un cómplice que escapó, a una mujer en su casa de la localidad balnearia de Valeria del Mar, partido de Pinamar. (...) Los efectivos impartieron la voz de alto, pero uno de los asaltantes los apuntó con su arma, corrió hacia los fondos de la casa y escapó. El otro sospechoso intentó extraer un arma de fuego de su cintura, motivo por el cual los policías le dispararon y lo hirieron, dijeron los informantes”.
La información fue copiada directamente del informe realizado por la policía luego de producido el episodio. Lo que podría hablar de desgano investigativo de los periodistas zonales o, peor, de un silencio significativo ante el hecho.
El presunto delincuente muerto se llamaba Andrés Osvaldo Lezcano. Él, junto al cómplice que huyó, habría ingresado a la casa de Alejandra Andrea González, en la calle Espora 1405, de Valeria del Mar, apenas transcurrida la medianoche del domingo 2 de enero con intenciones de robo. Supuestamente, ambos delincuentes venían de robar, con otros dos cómplices, la casa de Rubén Parodi, en Parker 238 (a escasas doce cuadras de la de González), de donde se habrían llevado 30.000 pesos y una filmadora, aunque esto no lo señala ningún parte. Dicen el informe policial y los medios que los movimientos de Lezcano y el otro hombre fueron detectados por dos uniformados que se encontraban de recorrida preventiva pero, en lugar de intervenir –justamente previniendo– dejaron que los acontecimientos se sucedieran, llamaron al 911 alertando sobre el hecho y se ocultaron “estratégicamente”. Espora es la avenida principal de Valeria del Mar y, en temporada, rutina obligada de tránsito para ir de la playa a la ruta interbalnearia. Tuvieron que esperar sólo cinco minutos –siempre según las noticias–, tiempo en el cual los delincuentes redujeron y ataron a la señora González y robaron su domicilio. Al verlos salir, los efectivos vieron que los ladrones tenían “uno de ellos un arma larga y el otro un arma corta entre sus prendas de vestir”. Al comprobar que en sólo cinco minutos no iban a llegar los refuerzos solicitados al 911, los policías dieron la orden de alto a los asaltantes. Las noticias y el informe señalan que “uno de ellos los apuntó con su arma, corrió hacia los fondos de la casa y escapó. El otro, según dijeron las fuentes (nuevamente sic), intentó extraer un arma de fuego de su cintura, motivo por el cual los policías le dispararon y lo hirieron”. El herido era Lezcano, 38 años. Y en una incómoda postura para defenderse, recibió cuatro impactos de bala, uno en el abdomen, dos en el pecho, el cuarto en la ingle. “En su poder se secuestró un revólver calibre 38 y una bolsa verde con cocaína”, define el parte.
Luego, sin saber dónde y con quién quedó el herido Lezcano, “los efectivos entraron a la casa asaltada y encontraron a una mujer atada y en medio de una crisis de nervios”. Alejandra Andrea González dijo que instantes antes la habían atado y robado mil pesos, aunque esto no figura en las noticias y tampoco fueron hallados por los uniformados. La damnificada, presa de un ataque de nervios, y Lezcano fueron llevados al hospital local para recibir asistencia. Lezcano murió a raíz de las heridas de bala. Del 911, al menos en el parte, ni noticias.
El fiscal de Pinamar, Cristian Centurión, ordenó el secuestro de las armas reglamentarias y demoró a ambos policías para ser indagados para determinar si hubo excesos o premeditación en su accionar.
La otra cara del delito. La relación del comisario Claudio Arnouk con los foros de seguridad implementados en Pinamar, Partido de la Costa y hasta hace poco en Villa Gesell no es feliz. Quizá tampoco lo sea con el fiscal Cristian Centurión. Según informó el periódico gesellino El Fundador, Mirta Olmos, hoy referente de la ONG Fulanas y Fulanitas y que estuvo a cargo del foro de esa ciudad balnearia, denunció que “un grupo de efectivos de la SubDDI se comportó con violencia durante un allanamiento”, privando de “la libertad y torturando al hermano de la persona que buscaban”. Olmos señaló como responsable a Arnouk, jefe de la SubDDI, y dijo que “tiene la escuela de Camps y Etchecolatz”. A lo que el comisario respondió con un “me da asco que me comparen con esa gente”.
Según fuentes del lugar, la sub DDI de Gesell fue allanada el jueves 10 de febrero por la Justicia. La misma Justicia que, por intermedio de la fiscalía a cargo de Cristian Centurión, caratuló la muerte de Lezcano como “homicidio”. La misma fuente señala que de la delegación se habrían llevado todo pero, oh curiosidad, sin encontrar los registros de los últimos cinco años. Y agrega que Claudio Arnouk habría tomado licencia.
Los dos celulares del fiscal Centurión insistían con el contestador: “Deje un mensaje después del tono”. En el caso del comisario Arnouk, la voz de la operadora repetía una y otra vez: “El cliente Nextel no está disponible o está fuera del área de cobertura”.
Una fuente de los tribunales de Dolores afirma que la muerte de Lezcano fue premeditada, que la historia del robo fue armada por efectivos policiales para quienes Lezcano “trabajaba” (tal es la curiosa concepción del trabajo de ese oscuro mundo del delito y de los supuestos perseguidores de delincuentes). “Lezcano era un delincuentón de Quilmes, convertido en buche (buchón, soplón, colaborador) de la DDI de Gesell. (Seguía viviendo en Quilmes y lo hacían ir a Gesell para actuar). A este buche lo usaban en muchos procedimientos inventados en post de cumplir las orientaciones de la Jefatura de la Bonaerense respecto del discurso de combatir el narcotráfico. La mayoría de esos procedimientos (allanamientos donde se descubría cocaína, por ejemplo) eran inventados. En muchos de esos procedimientos se detuvo gente (que hoy está presa) a la que le plantaban la droga. Algunas de esas personas son –o eran– también pequeños hampones o lúmpenes usados como mano de obra por los propios policías”. Tal es la crudeza de esta historia, según alguien que conoce ese mundo de cerca. Cabe consignar que Miradas al Sur consultó a varias otras fuentes. Esta historia llegó a oídos de las más altas autoridades comunales de Pinamar (partido en el que se produjo la muerte de Lezcano). Quien fue portador del relato logró que de las más altas autoridades surgiera el tradicional “tenemos familia, ¿querés que les pase algo a alguno de nuestros hijos?”.
La persona que supuestamente había huido apareció detenida, prestó declaración ante la fiscalía de Cristian Centurión y quedó como “testigo de identidad reservada”. La fuente agrega: “El buche que se quebró seguramente lo hizo para que no lo mataran. Parece que se la veía venir…”. Es que el oficio de colaborador policial y de ladrón al mismo tiempo es de alto riesgo. Ser protagonista de la otra cara policial, la que no sale en los medios ni alimenta el superficial discurso de la inseguridad, es aceptar la fatalidad prematura. Tanto Lezcano como el otro colaborador habrían actuado en varios delitos organizados por los propios uniformados. Esta vez, según dicen varias fuentes, iban a robar a esa casa de la calle Espora donde, curiosamente, habrían estado alojadas algunas prostitutas que también habrían formado parte del dispositivo policial. Es decir, queridas de algunos efectivos con protección y permiso para ejercer la prostitución con los turistas.
Otra fuente consultada por Miradas al Sur sostiene que el otro que fue llevado a la calle Espora –y ahora es el testigo de identidad reservada– habría aportado datos precisos a la fiscalía sobre cada uno de los procedimientos en los que habría participado y aquellos en los que también se requirió el concurso de Lezcano.
Hay que tener presente que la DDI con cabecera en Gesell tiene jurisdicción en los partidos de Pinamar (que incluye Ostende, Valeria del Mar y Cariló, además del balneario Pinamar) y General Madariaga. Podría decirse que en enero veranean allí la mitad de los jueces y fiscales de Capital y el Gran Buenos Aires además de una gran cantidad de abogados penalistas. No es arriesgado decir que al leer las versiones oficiales de un asalto como el de la calle Espora, muchos de ellos tienen un doble estándar: por un lado hablan de la maldita inseguridad y por el otro piensan que atrás del hecho pudo haber una banda mixta o una maniobra policial.
También el doble estándar lleva a que en General Madariaga, donde no van turistas, funcionen libremente los cabarets. Es decir, se ejerce la prostitución disfrazada del otro lado de la Ruta 11 sin complejos y no adentro de Pinamar o Gesell, cosa que haría muy fea la vista del descanso familiar. El fiscal Centurión, que llegó a Pinamar a principios de 2010, decidió que una de sus primeras medidas fuera allanar todos los cabarets de la localidad de General Madariaga. Dicen fuentes zonales que, luego de los cierres, las mujeres que ejercían la prostitución en esos locales tuvieron que trasladar sus negocios a sus casas particulares (Pinamar, Ostende, Valeria del Mar, Villa Gesell). Motivo por el cual, indican, debían contar con el aval de la policía distrital para continuar ofreciendo sus servicios sin ser detenidas.
