Conducción

Año 5. Edición número 202. Domingo 1 de abril de 2012
Menem al banquillo. Esta vez irá a juicio oral acusado por haber frenado y desviado la llamada “pista siria” en la investigación del atentado a la AMIA./El senador Aníbal Fernández presentó, su proyecto para despenalizar la adquisición, tenencia y cultivo de drogas para consumo personal. Durante la presentación, el dirigente remarcó: “Buscamos priorizar los derechos humanos de segunda generación: primero atender la salud de quien consume y después atacar el narcotráfico”.

El miércoles 3 de enero, día de mucho calor en Buenos Aires, mientras muchos porteños estaban en la costa atlántica, Julio De Vido, en nombre del Gobierno Nacional, y Mauricio Macri, en el de la Ciudad, se sentaron a firmar el acta de traspaso del transporte de subterráneo y de Premetro a la órbita de la Ciudad. El acuerdo se apoyaba en dos decretos nacionales de los años 94 y 99 (1527 y 393) así como en una norma votada por la Legislatura porteña en mayo de 2000 (Ley 373) de dos artículos. El primero decía: "Adhiérese al Decreto del PEN 393/99, de renegociación del contrato de concesión del sistema de transporte de subterráneos por el cual se faculta al Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos a realizar los actos necesarios para transferir la fiscalización y control de dicho contrato a favor de la Ciudad de Buenos Aires". El segundo era de forma. Al día siguiente, el jueves 4, cuando el calor seguía siendo el dueño de Buenos Aires, los usuarios del subte se encontraron con un repentino aumento del 127% en la tarifa. Macri se daba el gusto de inaugurar su autoridad con un golpe artero. Sus estudios le indicaban que con el pasaje a $ 2,50 se descomprimiría el hacinamiento de las horas pico. Sus asesores le daban un dato extra: los que menos recursos tienen son los que llegan del conurbano. De esa forma, no sólo el votante de Macri de Capital se sentiría menos invadido de trabajadores humildes sino, encima, les tiraba un problema a los bonaerenses. "Subte para pocos" en cambio de diez kilómetros por año como prometía en 2007.
No se habían cumplido aún los tres meses cuando, el jueves 29 de marzo, Macri llamó a una conferencia de prensa y dijo, como si estuviera a solas con la Presidenta: "No cuente con nosotros para ser cómplices de los próximos muertos". Cinco horas antes, Cristina Fernández de Kirchner, apoyada en la ley sancionada por una abrumadora mayoría en el Congreso Nacional (162 votos positivos, 54 en contra y 18 abstenciones), había abierto una puerta de diálogo para concretar algo que ya era concreto en términos normativos aunque no contaba con la voluntad de Macri. La furia del jefe de Gobierno era tan grande como su desmemoria. Dijo: "El Gobierno nacional no dialoga, hace monólogos y lo que quiere es tirar por la cabeza los subtes, sin hacerse cargo del Estado en el que lo recibieron". Sin fijarse que había estampado su firma aquel 3 de enero, reclamó ante las cámaras de televisión "un convenio".
A la noche, un breve show de la Legislatura completó la maratón de 24 horas en la que las autoridades del distrito más rico del país quisieron desentenderse de una responsabilidad contractual. Dos legisladores de Proyecto Sur hicieron votar sendos proyectos de declaración (sin fuerza de ley): una para que el traspaso se hiciera con recursos (del Estado nacional) y la otra para que el precio del viaje se retrotrajera al 3 de enero. Los legisladores del PRO habían logrado un aliado interesante para no estar en la soledad absoluta pero mostraron la hilacha, porque cuando se trató la idea de bajar el boleto hicieron mutis por foro y dejaron a sus fugaces aliados solos.
Del único punto que pueden agarrarse los del PRO para evitar cumplir con sus obligaciones es intentar judicializar el tema, involucrando a la Corte Suprema de Justicia con la excusa de un artículo de la Constitución (el 75), respecto de los recursos con los que se traspasa de jurisdicción un servicio público, sea o no concesionado. La Presidenta, que ocupó cargos legislativos por casi 20 años antes de llegar a la Casa Rosada, había dicho, unas horas antes de la embestida de Macri, que proponía un "cronograma" para avanzar con el traspaso. Habló de tres meses como plazo prudencial para acordar la seguridad en los subtes y también propuso que la Ciudad absorbiera la mitad de los casi 1.200 millones de pesos de subsidios.

Política y gestión. En términos políticos, Macri quedó en una soledad absoluta. Los porteños, aún los votantes del PRO, vieron la arbitrariedad y el nulo manejo de las leyes que tiene quien aspira a ser candidato opositor en 2015 y sólo toma medidas pensando en esa meta. Sin embargo, hay un plano en el que el kirchnerismo no tiene nada que festejar. En primer lugar, porque todos los que viajan en subtes, colectivos y trenes tienen presente que el miércoles 22 de febrero hubo una tragedia que no fue tomada en cuenta con la suficiente responsabilidad. La salida del secretario de Transportes de la Nación fue "por motivos de salud" y la llegada del nuevo indica que es alguien completamente de transición. Todo indica que, en estos días, debería haber novedades en esta materia, sea la creación del ministerio del área, sea un esclarecimiento completo de lo sucedido en Once. En segundo lugar, porque el tratamiento de los asuntos interjurisdiccionales del área metropolitana bonaerense son mucho menos impactantes que las peleas discursivas pero mucho más sustanciales en materia de gestión pública. Es casi inexplicable que no se hayan creado ámbitos normativos –no burocráticos– similares a la Autoridad de la Cuenca del Matanza Riachuelo (Acumar), que es la muestra más clara para evitar la parcelización de la política. Se trata de una experiencia importantísima. La Acumar fue creada en 2006 (por ley nacional con adhesión de las legislaturas bonaerense y porteña) después de infinidad de malas jugadas entre todas las jurisdicciones intervinientes. En 2007 llegó a la Corte Suprema la causa "Mendoza y otros", sobre un caso de contaminación en Villa Inflamable. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, la señaló como un ejemplo de cómo un pobre puede llegar –de acuerdo a la Constitución– al más alto tribunal de Justicia. Audiencia pública mediante, la Corte instruyó al juez federal de Quilmes Luis Armella para monitorear el funcionamiento de Acumar, organismo interjurisdiccional que depende directamente de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
El transporte urbano reclama tomar ese ejemplo –y seguramente otros– de forma urgente. Con usuarios que no tienen poder político propio ni organizaciones permanentes para hacer lobby como sí lo tienen los empresarios privados concesionados que disfrutaron de demasiados privilegios aun en estos años y no sólo en los noventa. No sólo el transporte lo reclama. También la seguridad. Un ejemplo puede resultar ilustrativo. El 13 de marzo, en Lanús, un grupo de delincuentes mató a Axel Ayala. El jefe de la Distrital Lanús de la Bonaerense, Juan Abramo, inició "una investigación" que dio resultados "inmediatos". Como sucede en muchos casos, se trató de buscar efecto mediático. En Villa Lugano, personal de la Comisaría 52 de la Policía Federal detuvo a "sospechosos". El ministro de Seguridad Ricardo Casal anunció públicamente que la investigación estaba bien encauzada. La comunidad de Lanús –y su intendente, Darío Díaz Pérez– pedía la destitución de Abramo. Casal no se dio por enterado y lo ratificó. Esa distrital quedó con menos efectivos porque muchos cruzaron el Riachuelo y se alistaron en la Metropolitana "porque paga mejor". Entonces, las autoridades de Lanús pidieron al Ministerio de Seguridad que mandara a Gendarmería. Nilda Garré tiene que ver de dónde saca efectivos. Las tensiones entre quienes conducen las áreas de Ciudad, Provincia y Nación no son un secreto. Aunque están involucradas cinco fuerzas (Prefectura, Gendarmería y policías Federal, Bonaerense y Metropolitana) algunos jueces recurren a la Policía de Seguridad Aeroportuaria porque consideran que "no está contaminada" y es más disciplinada al mando civil en vez de la cultura del autogobierno.
En un año sin elecciones, parece apropiado tomar el ejemplo Acumar, que involucra a 14 partidos del conurbano, a la Ciudad de Buenos Aires, a la Provincia y a la Nación.

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Otras notas

  • En junio de 2006, la Corte Suprema de Justicia se declaró incompetente para aceptar el reclamo presentado por diecisiete personas damnificadas por la contaminación de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo contra la Nación, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas aledañas al río. Pero tomó la decisión de asumir la tutela del ambiente, considerado un bien de incidencia colectiva, de uso común e indivisible.

  • Todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria –salvo el PRO– coinciden en señalar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene que hacerse cargo de sus transportes. La actitud del Gobierno porteño frente al traspaso de los subtes, el premetro, el tranvía de Puerto Madero y las 33 líneas urbanas de colectivos, logró unificar las posturas del Frente para la Victoria y casi la totalidad del arco opositor.

  • La semana política que termina tuvo al traspaso de los subtes al tope de la agenda en todas sus jornadas. El martes, la Legislatura porteña fracasó en su intento por debatir una serie de proyectos de declaración –meramente testimoniales– al respecto. Al día siguiente, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley que ratifica el Acta-Acuerdo firmado por los Ejecutivos de ambas jurisdicciones.

  • La novela del traspaso del Subte a la Ciudad de Buenos Aires ya se ha convertido, más bien, en una comedia de enredos. Pero no por eso ha perdido sus ribetes trágicos. Esta semana avanzaron varios de los puntos inconclusos de una trama que se vuelve cada vez más compleja. Por un lado, la jueza en lo contencioso administrativo Rita María Ailán dio por finalizada la medida cautelar que impedía sacar a los agentes de la Policía Federal asignados a la seguridad de los subterráneos.

  • Esta semana sólo se aportó a la confusión en torno de la discusión sobre quién se va a quedar con el manejo y la administración del subte. Desde el Gobierno de la Ciudad primero se pidieron subsidios, después un plazo de seis años para definir el traspaso y, sobre el final, el titular de Subtes Buenos Aires (Sbase), Juan Pablo Piccardo, aseguró que “en un par de semanas” se podría concretar el traspaso.

  • E.A. –Hace no mucho, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación me dijo: “Nosotros empezamos a meternos en el tema del Riachuelo a partir de la situación de una población muy vulnerable, como es la de los vecinos de Villa Inflamable”. Es un dato más que significativo que exista una articulación entre Estado Nacional, Provincial y de la Ciudad, junto a organizaciones de la sociedad civil y la Corte. Doctor Mussi, ¿los recursos de los que dispone la secretaría están a la altura de las obras que reclama el Riachuelo?