Contrafuego para la crisis
Recesión. Es una palabra maldita que a nadie le gusta pronunciar, pero frente a los datos, ninguno de los mandatarios europeos se niega ya a reconocer que buena parte de los países de la Unión Europea están sumergidos en la recesión y que el resto está en la orilla, intentando retrasar su caída en el agua.
Esa realidad, que afecta también a países fuera del Viejo Continente, quedó patente estos días en la cita anual del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) donde se reunieron 2.600 jefes de Estado, directores de bancos centrales y banqueros varios, portavoces del FMI, del Banco Mundial, representantes de multinacionales, “gurúes”, miembros de think thank y lobbies de distinto signo, grandes empresarios y reconocidos analistas económicos.
La llegada incesante a Davos de aviones y helicópteros privados, limusinas blindadas último modelo y la ocupación plena de numerosos hoteles de lujo –a razón de más de 500 dólares la noche– daba cuenta del perfil de los congregados.
La poderosa empresa PricewaterhouseCoopers recibió a tan ilustres invitados con los resultados de su 15ª Encuesta Global realizada entre 1.258 ejecutivos de todo el mundo, en la que el 85% de ellos vaticina que la economía mundial se deprimirá aún más durante los próximos 12 meses.
Para ambientarlos en la materia, el FMI les aportó por su parte un informe en el que prevé que Europa entrará a corto y mediano plazo en una “recesión suave, sin llegar al colapso”, debido “a la voluminosa deuda pública, a la contracción del crédito y al ajuste fiscal”. Según el FMI, las causas principales de que no haya crecimiento económico en los países desarrollados –sí lo hay en los emergentes, entre ellos Agentina–, hay que buscarlas en la crisis europea en primer lugar y en segundo lugar en la de EE.UU.
Pese a alentar y presionar tradicionalmente a los países en apuros de los cinco continentes a que aprieten más y más los cinturones de sus respectivos ciudadanos, el FMI reconoce ahora, por boca de su directora, la francesa Christine Lagarde, con poco tiempo en el cargo, que “los recortes presupuestarios no hacen más que aumentar el riesgo de recesión”. Pero Lagarde no da alternativas, salvo soluciones genéricas: “Hay que crear cortafuegos para frenar la crisis”.
¿Cuál es ese cortafuegos? Según el FMI, el fondo de rescate del euro –llamado Mecanismo Europeo de Estabilidad– al que habría que aumentar considerablemente para poder atajar una eventual caída de Italia y España.
Lo que no dice Lagarde es que para aumentar ese fondo, los países europeos deben aportar más a él, y, para hacerlo, la única receta que utilizan es la de más y más “ajustazos” que recaen sobre las espaldas de los ciudadanos.
Angela Merkel ya ha dicho nein, nein al aumento de ese fondo. Su propio Parlamento no la autoriza, Alemania se niega a seguir siendo la que más aporte a ese fondo de ayuda a socios en apuros. Y mañana, lunes, repetirá su negativa ante todos sus socios europeos que defienden esa medida. Lo hará en la nueva cumbre que tendrá lugar en Bruselas.
Las recetas ultraliberales de siempre. Los líderes de la UE se vuelven a ver las caras para hacer un balance de la crítica situación económica por la que atraviesan sus países, para mostrar sus deberes hechos aquellos que están en el ojo del huracán y para ver si son realmente capaces de avanzar en ese nuevo tratado de la Unión Europea con el que se comprometieron a inicios de diciembre pasado para unificar mucho más su política fiscal y que provocó un claro distanciamiento del Reino Unido.
Según las previsiones que hicieron en su momento, en marzo podría firmarse el nuevo tratado entre aquellos líderes que hayan obtenido el respaldo parlamentario nacional respectivo. Por medio de ese pacto los firmantes aceptarían ceder más en su soberanía económica y fiscal, dejando de hecho que los patrones de Europa, Alemania y Francia, ejerzan una suerte de gobierno económico europeo.
Para Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, esa es la única receta con la que se puede salvar el euro y la nave europea. Si no, todo se irá a pique y se pasará a una profunda depresión. En tanto, la canciller alemana y el presidente galo controlan diariamente si sus subordinados –perdón, socios– cumplen con los trabajos que les mandaron hacer en casa y los amonestan cuando no los hacen. A pesar de que al frente de Grecia los mercados han logrado poner a uno de sus hombres, al tecnócrata Lukas Papademos, la dirección de la UE considera insuficientes los severos ajustes que ya aplicó –y que provocaron masivas manifestaciones callejeras– y la exigen más antes de entregarle una nueva parte de la ayuda prometida, para poder pagar un vencimiento de su deuda de 14.000 millones de euros el próximo 20 de marzo.
Al gobierno italiano presidido también “temporalmente” por el tecnócrata Mario Monti, también se lo está presionando para que acelere sus reformas.
Y el nuevo gobierno español tampoco se salva de las presiones y exigencias. El FMI prevé que tendrá al menos otros dos años de recesión y que no podrá cumplir con el límite de déficit público de 4,4% impuesto por la UE para sus socios en 2012.
Y el gobierno del conservador Mariano Rajoy aprieta el acelerador a sus ajustes para demostrar a Europa y los mercados que puede cumplir con ese objetivo.
España, con una población de 47 millones de habitantes, tiene ya más del 22% de desempleados, el índice más alto de Europa, con 5,3 millones de personas sin trabajo y 1,5 millones de hogares donde no hay absolutamente ningún ingreso.
Desde el gobierno central y las numerosas comunidades autónomas –gobiernos regionales– que controla el Partido Popular, se han empezado a aplicar duros recortes sociales que afectan a trabajadores y desempleados, a la educación, la sanidad, a las personas con gran dependencia física, a la cultura, la ciencia y la investigación al desarrollo. La última propuesta del ex alcalde de Madrid y actual ministro de Justicia, Alberto Gallardón, es que los ciudadanos que recurran una sentencia judicial tengan que pagar una tasa.
Y su sucesora en el cargo, Ana Botella, esposa de José María Aznar, propone que se supla la falta de funcionarios en muchos sectores de la administración pública con ciudadanos voluntarios que trabajen sin remuneración alguna.
Estas medidas están provocando protestas callejeras diarias de los sectores afectados, apoyados en todos los casos por el 15M, pero las grandes confederaciones sindicales, Ccoo y UGT, no parecen estar a su altura. Acaban de pactar con la patronal un techo para el aumento en los convenios colectivos del 0,5% para 2012 y 0,6% para el 2013, muy por debajo de los aumentos del costo de la vida, y han aceptado una mayor precarización laboral.
Sólo la movilización unitaria de los trabajadores y ciudadanos en general de Europa podría frenar la ofensiva ultraliberal actual y buscar alternativas reales y sostenibles para salir de la crisis, algo que parece muy lejos de poderse conseguir al menos a corto o mediano plazo.
