Controlarán consumos en tarjetas para detectar lavado de dinero
La Unidad de Información Financiera (UIF) resolvió ayer establecer controles sobre lavado de dinero y financiación al terrorismo para las empresas de tarjetas de crédito, de compras, o emisoras de cheques de viajero.
Por primera vez, desde la sanción –hace más de una década– de la ley 25.246 sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, el Estado, a través de la UIF, elaboró una regulación en la materia. Se trata de la resolución 27/2011 publicada ayer en el Boletín Oficial.
En diálogo con BAE, el presidente de la UIF, José Sbattella, indicó que la decisión oficial comprende a “empresas como VISA, MasterCard, American Express, que nunca se vieron obligadas a reportar información sobre presuntos fondos derivados del lavado, y ahora serán seguidas muy de cerca”.
La normativa estipula que, en el caso en que el cliente solicite la emisión de cheques de viajero por un monto superior a $5.000 o que una tarjeta de crédito o de compra tenga un límite de crédito superior a ese monto, se deberá requerir una declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos.
Asimismo, cuando el cliente solicite la emisión de cheques de viajero por un monto superior a $20.000 o las tarjeta de crédito o de compra tengan créditos superiores, se exigirá también la documentación respaldatoria que sustente el origen declarado de los fondos.
Depósitos. En forma conjunta, Sbattella especificó que los nuevos sujetos obligados “tendrán que controlar al universo de depositantes con fondos en el exterior que gastan dentro del país, que operan a partir de esos fondos”.
La avanzada de la UIF en este sector también “contempla un seguimiento especial sobre el accionar de las personas expuestas políticamente (Pep)”, como funcionarios públicos de todos los niveles y empresarios, añadió Sbattella.
En el caso de las operadoras de tarjetas de crédito, comprende –además de las firmas– al usuario titular, usuario adicional o beneficiario de extensiones; y a los comercios adheridos.
El plan de la UIF exige un control muy fuerte sobre las operaciones inusuales, que son aquéllas tentadas o realizadas en forma aislada o reiterada –sin justificación económica y/o jurídica–, que no guardan relación con el perfil económico-financiero del cliente.
En otro capítulo de la resolución, se expresa que se debe elaborar un manual que contendrá los mecanismos y procedimientos para la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
También habrá auditorías periódicas “sorpresa” de equipos técnicos del Gobierno, y capacitación del personal de los sujetos obligados a remitir la información.
La Argentina deberá enfrentar un duro examen el próximo 21 de febrero en París para demostrar la estrategia “antilavado”.
