Tiempo argentino
Cuando la cárcel sólo es un sitio para pasar la noche
La masacre del Puente Pueyrredón y el asesinato en Neuquén del maestro Carlos Fuentealba fueron, sin duda, los crímenes políticos más resonantes de la Argentina del siglo XXI. A sólo una semana de que el autor de este último hecho, el ex cabo primero de la policía provincial José Darío Poblete, fuera sorprendido en un paseo por las calles de Zapala, los responsables materiales del homicidio de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán –el ex comisario de la Bonaerense Alfredo Fanchiotti y su chofer, Alejandro Acosta– resultaron beneficiados con un régimen que sólo les obliga ir a la cárcel para dormir. Ya se sabe que lo de Poblete fue consentido desde las más altas esferas del poder neuquino. Y que lo de Fanchiotti y Acosta, al cumplirse el décimo aniversario del episodio que los llevó a la fama, fue el modo elegido por el Tribunal Oral 7 de Lomas de Zamora para celebrar tal efeméride. En ambos casos, sus culpables están condenados a perpetuidad.
¿Sobre ellos, entonces, cayó todo el peso de la ley? Sí. Pero –en contraposición a las normas penitenciarias para convictos que no delinquieron desde el Estado–, ese peso de la ley fue aplicado en forma simbólica. Casi protocolar. Un protocolo que, por cierto, excluyó a sus mandantes.
Lo ocurrido en Avellaneda el 26 de junio de 2002 es una prueba palmaria de ello.
La incompetencia brutal de quienes aquel día debían vigilar los cortes en el Puente Pueyrredón derivó en un doble homicidio, ante numerosos testigos, algunos con cámaras fotográficas y televisivas. Fue después de que desde el Poder Ejecutivo Nacional se preparara minuciosamente el terreno de la tragedia.
La trama de ese miércoles negro había comenzado unas semanas antes, cuando en una reunión de Gabinete el titular de la Side, Carlos Soria, sorprendió a todos con un informe recién sacado del horno. El paper se basaba en unas grabaciones efectuadas en un congreso piquetero celebrado a fines de mayo en un club de Villa Doménico. El espionaje fue ordenado por el subdirector de Inteligencia Oscar Rodríguez, un ex intendente del partido de San Vicente que supo ser íntimo del presidente interino Eduardo Duhalde. Para esta misión se valió de agentes que él mismo había reclutado: un centenar de matones; entre ellos, barrabravas de Chacarita y Los Andes, elementos residuales del otrora temible Comando de Organización y algunos murguistas de la comparsa Los Mimosos de Burzaco. En el cónclave piquetero, deambulaban en grupos de a tres sin pasar inadvertidos entre los asambleístas. Nadie imaginó que en tales personajes estaría el germen de una masacre.
El material reunido, indujo a una verdadera hipótesis de conflicto. Soria, al exponer el asunto ante todos los ministros y secretarios de Estado, encabezados por el Presidente, señaló sin mover un solo músculo del rostro la existencia de “un plan insurreccional en marcha”. A pesar de su carga descabellada, el Informe Soria tuvo gran acogida entre los halcones del gobierno, alineados detrás del jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof. Los ministros Jorge Matzkin, Jorge Vanossi y Carlos Ruckauf fueron desde entonces los encargados de endurecer el discurso oficial.
Así se llegó a la tarde del 26 de junio.
Ese día se tejió una fina maniobra para deslucir el corte piquetero, impulsando primero una situación de caos, con el apoyo de provocadores e infiltrados. Luego se aplicaría sobre ella una represión medida, disciplinante y con un alto contenido mediático. El propósito: instalar la ilusión de que el orden había sido restaurado. No contaban con la sutileza de la Bonaerense.
Bajo un hongo de gases lacrimógenos, sonó el primer disparo; luego, otros. Poco después, el plomo policial hirió a casi un centenar de manifestantes. Poco después, los cuerpos sangrantes de Kosteki y Santillán fueron arrastrados por sus victimarios a la caja de una camioneta policial. Poco después, el registro fotográfico de sus agonías sacudiría al país.
En tales circunstancias, Matzkin expuso la posición oficial ante el hecho con las siguientes palabras: “En Argentina se acabo la tolerancia para los violentos”.
Pero no tardaría en aflorar la certeza de que la masacre fue fruto de un plan orquestado en las entrañas del poder, y no la acción aislada de una patrulla sin control comandada por un comisario chiflado.
Al respecto, fueron muy significativas las llamadas que hizo y recibió Fanchiotti antes, durante y después de la matanza. En ese lapso, su celular se comunicó varias veces con un teléfono fijo. Éste correspondía a una casona ubicada en el barrio de Palermo; era nada menos que la Base Billinghurst de la Side, en donde se centralizaban las tareas de fisgonear, infiltrar y reprimir la protesta social. La dependencia reportaba directamente al ex intendente Rodríguez.
Es curioso que una prueba de semejante valía haya sido desestimada por el tribunal que, en 2006, llevó a la cárcel a Fanchiotti y los suyos. Es que –tal vez por una extraña razón aún no dilucidada–, ellos fueron el límite preciso del proceso judicial. El techo que le evitó un mal momento a Duhalde, a Soria y a Matzkin, entre otros. Como si habitaran en un mundo paralelo, ninguno de ellos fue siquiera citado a declarar. Lástima, en el caso de Soria, ya que la cárcel hubiera sido para él un sitio más seguro que su alcoba.
En resumidas cuentas, ahora, al cumplirse diez años de la masacre, Fanchiotti y su patota han recibido un oportuno resarcimiento penal por el sacrificio brindado. Parte del Protocolo.
