De socio bobo a socio inteligente
La decisión del Gobierno de incrementar su capacidad de acción y su poder de fiscalización en las compañías donde el Estado tiene un porcentaje del capital accionario a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra la Anses disparó la reacción corporativa de la Asociaciación Empresaria Argentina (AEA) y del sector más concentrado de la Unión Industrial Argentina (UIA). Ambas entidades, con matices, pero fieles al fin al decálogo dictado por Paolo Rocca del Grupo Techint y difundido desde el multimedios Clarín por Héctor Magnetto, lanzaron un llamado a la solidaridad empresaria. Lo hicieron a través de sendos comunicados que niegan, en menor o mayor grado, la fe capitalista que sus integrantes dicen profesar al procurar cercenar a un accionista –en este caso el Estado Nacional– el derecho político que le otorgan las acciones en su poder. En el caso de AEA, presidida por Jaime Campos –alter ego de la dupla Rocca/Magnetto y directivo de Aceitera General Deheza–, convocando a “evitar el avance de la participación estatal” con el argumento de que “para un vigoroso desarrollo económico es fundamental preservar la conducción empresaria en las empresas privadas”. La UIA no se quedó atrás. Su cúpula, tan previsible como AEA, apeló a las habituales muletillas: adujo que la decisión “atenta contra la libre empresa” e introduce “mayor incertidumbre sobre el efecto final de la medida”, esto último por el legítimo reclamo sindical de acceder a los directorios de la firmas en cuestión.
Empresas claves. “La medida servirá para reforzar el control estatal en compañías que actúan en áreas estratégicas de la economía nacional. Estamos hablando de sectores claves, como la distribución de energía, la intermediación financiera, la provisión de insumos difundidos y concesionarias de servicios públicos”, señaló a Miradas al Sur un integrante del equipo que conduce Amado Boudou. El panorama se clarifica cuando se advierte que entre las compañías se encuentran Aluar, que tiene el monopolio de la producción de aluminio, y Siderar, la firma del Grupo Techint que concentra el 99% de la producción local de chapa laminada en frío y el 84% de la laminada en caliente.
Siderar y Aluar son sólo dos casos de los muchos que se pueden tomar. Entre las sociedades en cuestión, se encuentran el Grupo Financiero Galicia y los bancos Macro, Patagonia y Francés. También empresas, como Pampa Energía, que a través de sus subsidiarias genera poco más del 7% por la energía del país, transporta el 95% de la electricidad consumida y –a través de Edenor– provee de suministro a 2,6 millones de usuarios residenciales, comerciales e industriales. Solvay Indupa es otro caso. De capitales belgas, mediante sus plantas del Polo Petroquímico Bahía Blanca, es el único productor local de PVC, posición estratégica que le permite dominar el 70% del mercado nacional de un insumo esencial para la producción de envases.
En el Ministerio de Industria, aseguran que el Estado debe participar en las decisiones de las empresas donde tiene acciones. Consultada por Miradas al Sur, la titular de la cartera, Débora Gioirgi, señaló que “las políticas de una empresa respecto al uso de su capacidad instalada, inversiones, endeudamiento, compra-venta de activos y distribución de dividendos, entre otras cuestiones, deben ser evaluadas y validadas por todos y cada uno de sus accionistas, y el Estado Nacional no puede ni debe ser la excepción”.
Más control y rentabilidad. En Economía, aseguran que no habrá marcha atrás y que el proceso será veloz. Para aventar fantasmas señalan que es interés del Gobierno que a las compañías les vaya bien. “Si les va bien, también le irá bien al país y a los futuros jubilados, representados por el Estado”, aseguran. La frase no peca de ingenua. La negativa de algunas de las empresas con participación estatal a distribuir dividendos impacta en forma negativa sobre el FGS. No menos importante es la resistencia que muestran varias de ellas a la hora de realizar inversiones que permitan satisfacer la demanda. Tampoco es menor el perjuicio que provocan al Estado los desvíos de fondos mediante la capitalización de empresas controladas, o los intentos por vender porcentajes accionarios a capitales extranjeros.
“Lo que se busca es lo justo. Nada más. Hasta ahora, la Anses ejercía el voto por el 5% en las empresas cuando su capital era mucho mayor. Con esta medida, la representación será proporcional a las tenencias y el Estado adquiere la representación que corresponde”, aseguró Diego Bossio, titular de la Anses. En el organismo agregan que la decisión debe interpretarse como orientada a “garantizar la rentabilidad, y muy especialmente, la rentabilidad social” de las inversiones del FGS, convertido hoy en el mayor inversor institucional y en una herramienta que posibilitó redistribuir riqueza mediante la universalización de los beneficios jubilatorios y la Asignación Universal por Hijo.
En la Anses, al igual que en Economía, apuntan que la medida permitirá un “mayor seguimiento” de las compañías y una mejor “participación en los dividendos”. Obviamente, la decisión también acrecentará la capacidad de fiscalización del Estado. Una posibilidad cuya sola mención espanta a los cultores de la “libre empresa”, pese a tratarse de compañías privadas que cotizan en el mercado de valores con ofertas públicas, como la emisión de acciones y obligaciones negociables. Hoy, el FGS asciende a 180 mil millones de pesos –100 mil millones más que en 2008–, de los cuales 21 mil millones son acciones.
En la city, reconocen que la valorización del FGS es consecuencia de las fuertes subas que registraron los papeles desde principios del año pasado. En los hechos, el Estado no ha incrementado su participación en las empresas donde ya tenía una cuota social, aun cuando podría haberlo hecho. “Tampoco aceptamos las ofertas de recompra que nos hicieron llegar algunas empresas”, aclaran en Economía. “Son una buena inversión y, además, garantizan la presencia estatal”, agregan en el entorno de Boudou. Un panorama que desmiente la versión que alimenta AEA, junto con el sector financiero que perdió el negocio de la jubilación privada, sobre la supuesta intención de nacionalizar empresas estratégicas.
Detrás de las quejas. Aunque AEA y la cúpula de la UIA cerraron filas y reaccionaron en forma corporativa ante el anuncio del Gobierno, fuentes bien informadas de la central fabril aseguran que no todas las empresas nucleadas en la entidad ven con malos ojos la intervención del Estado. “Hay que diferenciar. Hay firmas medianas y pequeñas que dependen de las condiciones que les imponen los grupos concentrados para proveerse de insumos”, señaló una fuente consultada. El propio Eduardo Constantini, dueño de Consultatio –empresa que ya tiene un director en representación del Estado– pidió a sus pares una cuota de razonabilidad. “No me parece un disparate que el Gobierno ejerza el derecho político que le otorga al Estado las acciones en su poder”, dijo el empresario dedicado a los emprendimientos inmobiliarios.
Un ex representante del Estado en compañías privadas fue claro. Aunque reacio a ser mencionado, el profesional accedió a dar su visión. “Francamente, no creo que la medida traiga inseguridad jurídica o aliente un mal clima de negocios. Detrás de las quejas están los vivos que manejaban las administradoras de jubilaciones y pensiones, los mismos que hacían negocios en el mercado financiero con la plata de los jubilados. Si soy un socio que puso dinero, quiero tener injerencia y, eventualmente, ejercer mis derechos, como pedir la nulidad de una asamblea. No hay que olvidar el origen de todo esto. No soy kirchnerista, pero estoy totalmente de acuerdo con la decisión”, confió en diálogo con el cronista.
Según su visión, ligada al mundo del derecho, un director del Estado garantiza que el sector público puede, con mayor facilidad, solicitar los remedios que prevé la Ley de Sociedades Comerciales. Una lectura alineada con la afirmación realizada por Boudou cuando anunció la decisión presidencial: “Es obvio que va contra la lógica capitalista que se le niegue al accionista la representación que se merece”, subrayó el titular de la cartera de Economía. En los hechos, más allá de algunos cortocircuitos –como los que se generaron con Gas Natural Ban y Transportadora Gas Cuyana, cuando el Gobierno quiso asegurar inversiones para garantizar la provisión de energía– la relación entre los directores estatales y privados ha sido buena.
• Un salto en calidad y cantidad
La exposición de Diego Bossio, titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), ante la Comisión Bicameral de Seguimiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), justificó la necesidad de que el Estado Nacional tenga voz y voto en las empresas donde tiene inversiones.También puso de relieve el buen negocio que significó para el sistema previsional la eliminación de las Afjp y el consecuente retorno al sistema de reparto. Además, permitió destacar el salto cuantitativo y cualitativo en la composición de la cartera de inversiones que administra el organismo.
En 2008, el fondo tenía un valor de 80 mil millones de pesos. Hoy, alcanza los 182 mil millones, un 127 por ciento más. Pero hay más. Mientras que las Afjp invertían el 5 por ciento en acciones de empresas extranjeras, en la actualidad el rubro representa apenas el 0,1 por ciento. Más importante aún es el incremento de la inversión en sectores productivos –2,2 por ciento contra el 10,9 actual–; estrategia que permitió, por ejemplo, financiar la construcción de las autopistas Córdoba-Rosario y Paraná-Concordia, además de plantas de generación de energía –como Atucha II– y planes de viviendas en el interior del país.
Un dato final: en 2008 las acciones en poder de las Afjp estaban valuadas en 7.744 millones. En la actualidad, la cartera asciende a 22.124 millones.
