Alrededor de la votación en la Cámara alta durante la madrugada del jueves pasado se tejieron demasiadas hipótesis conspirativas. Hay, como siempre, algunas historias invisibles en las que conviene reparar. Pero, ante todo, lo que sucedió es lo que tantas veces reclama la derecha cavernícola: los legisladores trabajaron, y a conciencia. Muchos saltaron el cerco de los alineamientos partidarios y los indeseables de siempre se retiraron con mucho oportunismo para evitar quedar mal con Dios y con el diablo. En efecto, Carlos Reutemann encontró el lugar que tanto buscaba al abandonar el recinto junto a Juan Carlos Romero y Adolfo Rodríguez Saá cuando, en la madrugada, llegaba el momento de votar el dictamen que aprobaba el matrimonio entre personas del mismo sexo. La realidad es que los tres se habían manifestado en contra, pero prefirieron marcar sus distancias de otros cuatro senadores del peronismo (conservador) federal y también de los siete del Frente para la Victoria (FpV), los 12 radicales y otros cuatro de bloques menores.
Todas las fuerzas políticas fueron atravesadas por discrepancias a la hora de argumentar y votar. Así, entre los 33 votos a favor, no sólo hubo 18 del FpV, sino también cinco radicales y otros ocho que no suelen acompañar al kirchnerismo y que, más bien, le son opositores. De modo tal que los intentos de apuntar a Néstor Kirchner como el gestor de esta diabólica ley es, por lo menos, fruto de una mente afiebrada. Lo que quedó claro es que el Parlamento se levantó y anduvo. Así como la Justicia hizo lo propio en los últimos meses con algunos fallos ejemplares, como el de la Corte Suprema en el 7-0 por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Que el peronismo haya sido el vector principal para que un derecho se convierta en ley no debería llamar la atención. Carlos Piñeiro Iñiguez, embajador argentino en Ecuador, le dijo algo interesante a Martín Granovsky en una reciente entrevista publica por Página 12 : “Para el fascismo, el trabajo es una obligación, mientras que para el peronismo se trata de un derecho”. Para entender por qué Néstor y Cristina Kirchner se volcaron a la reforma del Código Civil no hay más que mirar su postura con respecto a la asignación universal por hijo, o en la lucha por los derechos humanos, o en tantos otros tópicos donde una ley o un decreto sirven para asistir a los postergados o los pobres.
En todo caso, la figura de Kirchner se agigantó –o se diabolizó, de acuerdo con el punto de vista– a partir de la sentencia del cardenal Jorge Bergoglio cuando envió una carta a sacerdotes y monjas en la que afirmaba: “No seamos ingenuos. No se trata de una simple lucha política. Es la pretensión destructiva al plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo (éste es sólo el instrumento), sino de una movida del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios”. No hay que ser Sherlock Holmes para saber por qué no nombró al diablo por su nombre. Quizá sea por la traducción del apellido Kirchner, que en alemán significa algo así como cuidador de Iglesia. Además, porque recuerda el traspié de otro purpurado, el ultramontano Antonio Baseotto, cuando hace cinco años recomendó atarle una piedra al pie al entonces ministro Ginés González García y “tirarlo al mar”.
La jerarquía católica argentina siempre hace política, pero cuando se trata de asuntos que considera doctrinales suele perder la dimensión de su poder real. A González García lo atacaron porque como médico sanitarista es partidario de la contracepción y de la despenalización del aborto. A Kirchner, para ponerlo como símbolo de la demonización como carta desesperada antes del tratamiento en el Senado de la media sanción a favor del matrimonio homosexual.
En esa misma carta, Bergoglio pidió a sus seguidores “que clamen al Señor para que envíe su Espíritu a los senadores”. Y aquí es donde conviene reparar en la trama menos conocida de quiénes articularon la movida de la jerarquía católica. Una primera aclaración: fuentes cercanas a los purpurados aseguran que Bergoglio actuó en sintonía con obispos de peso, desde el más reaccionario –Héctor Aguer, de La Plata– hasta el que se asume peronista y está al frente de la Pastoral Social –Jorge Cassaretto, de San Isidro–.
Las máximas autoridades católicas creyeron que sacar los chicos de las escuelas confesionales y llevarlos al Congreso el martes 13 podía impactar en la votación y para eso recurrieron a los sectores más reaccionarios, siempre dispuestos a matar al diablo. Quien estuvo al frente del operativo fue Guillermo Cartazo, asesor legislativo y director del Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina. Cartazo es abogado y académico de la Universidad Católica Argentina y fue quien ideó el cuento chino de que las senadoras Marina Riofrío –de San Juan– y Ada Cappellini –de Santiago del Estero– fueron subidas, casi secuestradas, al Tango 01 por la Presidenta para estar en Pekín al momento de la votación. En ningún momento, las senadoras aludidas respondieron al pedido de rescate de Cartazo, pese a que como el resto de la delegación tenían sus teléfonos móviles para dar entrevistas.
A su vez, la movida hacia el Congreso dejó demasiados flancos como para influir sobre algún legislador. Sacaron los micros con escolares y con monjas, les dieron unos sugestivos inflables largos y anaranjados con los que pretendían simbolizar su criterio de familia integrada. La ausencia de referentes de la política en la marcha fue notable. Ni Eduardo Duhalde o su esposa Hilda, ni Gabriela Michetti o Elisa Carrió, habituales interlocutores de Bergoglio, sumaron su presencia ese frío martes 13, que quedará como el de la mala suerte para la divina causa del arzobispo de Buenos Aires.
Podrá pensarse que el Vaticano pudo presionar para frenar la ley. Pero es significativo que ni el embajador en la llamada Santa Sede, Juan Pablo Cafiero, ni los ministros del Gobierno recibieran sugerencias o presiones. Así, la suerte estuvo echada. Y una parte de la sociedad ahora goza de un derecho que antes no tenía.
