Diplomacia fina, minería gruesa

Año 5. Edición número 195. Domingo 12 de febrero de 2012
(TELAM)

La jugada presidencial de convocar a la Casa Rosada, a propósito de Malvinas, a representantes de la oposición parlamentaria, del sindicalismo, de otras fuerzas sociales, veteranos de guerra y miembros de las Fuerzas Armadas fue una apuesta inteligente que permitió combinar gestos de buena voluntad para todos lados en un asunto en el que existen amplios consensos. En términos simbólicos, de iniciativa política y de dominio de la agenda de discusión, es obvio que la apuesta más interesante fue la que surge de tener a Hugo Moyano y su gente en visible primera fila (cada día más la televisación oficial de los actos es un relato sobre cercanías y lejanías cambiantes), y a legisladores que aceptaron con generosidad una invitación presidencial formulada con algún apuro.
El discurso de Cristina Fernández de Kirchner en ese acto tuvo muy en cuenta la seriedad del tema en cuestión. Por lo tanto fue muy contenido, sin espacio para los chistes y no sólo alejado de cualquier patrioterismo, sino clarísimo a la hora de deslindar las responsabilidades horrorosas de la dictadura. Para quienes pretenden hacer memoria y mezclan ingredientes en una misma bolsa hasta confundir todo en la expresión “responsabilidad de los argentinos”, siempre es oportuno recordar que la guerra decidida por la dictadura y consentida de manera pusilánime por casi todo el arco político de entonces, contó además con una vasta campaña propagandística –“Estamos ganando”– y mediática. El apoyo vino desde Mariano Grondona en Tiempo Nuevo, pasando por las publicaciones amarillas de editorial Perfil que le ponían colmillos y parches de pirata a Margaret Thatcher, hasta la primera portada de Clarín: “Euforia popular por la recuperación de Malvinas”.
El éxito de la convocatoria en la Casa Rosada –que en principio ayudaría a descongelar el vínculo con el moyanismo– se sustenta además no sólo en la ofensiva diplomática de las últimas semanas y que intensifica en estos días el canciller Héctor Timerman, sino en una construcción previa de años, que partió desde Montevideo, Brasilia y nada menos que Santiago de Chile hasta Caracas y países del Caribe que hoy apoyan el reclamo argentino por Malvinas, cuando hasta no hace tantos años fueron colonia británica.

Guiones y resbalones. Si hasta Federico Pinedo calificó el discurso presidencial por Malvinas como “impecable”, con los conflictos y discursos relacionados con la minería a cielo abierto suceden cosas distintas. El viernes por la noche hubo un diálogo guionado y astuto en la cobertura que hizo Telenoche a propósito del episodio represivo de Tinogasta , meticulosamente cubierto por ese noticiero a la hora de producir imágenes violentas. María Laura Santillán le preguntó a Edgardo Alfano si la represión en Catamarca significaba el inicio de una etapa “de judicialización de la protesta”. “Sí, claro”, fue la respuesta previsible. Da cierto asco cuando en su estrategia de maximizar la crítica al Gobierno los periodistas del Grupo Clarín extraen (¿es correcto usar el verbo “usurpan”?) expresiones, categorías y valores venidos del espacio de los derechos humanos o de las izquierdas y centroizquierdas.
Sin embargo, y no obstante el asco, lo cierto es que los conflictos devenidos de la actividad minera crecen y que los operativos de represión se vienen sumando. En el detalle, quizá se pueda discutir –con décadas de muertes y espantosa experiencia en la materia– si el desalojo de una ruta nacional en Tinogasta, que debió ser resuelta por la Justicia Federal, fue o no “brutal”, como calificó súbitamente guevarista el noticiero. Pero de nuevo, y no obstante el asco ante los rutinarios rebusques del periodismo, allí donde hay represión focalizada en las provincias, emerge por contraste la ausencia de voces y acciones gubernamentales más afinadas que interpelen y sienten posiciones más claras, aunque no conformen a todos, ante el tema de la minería.
Hay discursos en los movimientos antimineros que tienen algo de dogmáticos: demasiado blanco y negro, un “no a la minería” que no distingue actividades ni complejidades. Pero más allá del uso del cianuro en el caso de la extracción del oro, de cuáles son los riesgos reales de contaminación, de las discusiones sobre jurisdicción provincial y nacional, del dinero contante y sonante, escaso o no, que quede en las provincias, es muy difícil rebatir los argumentos de los pobladores locales y de los ambientalistas acerca del abuso irracional del recurso agua.
En ese contexto, los problemas oficiales para pararse ante un desafío de agenda que se sabe que incomoda y que cada vez se sitúa más en primer plano emergieron de manera poco feliz en la última intervención de la Presidenta, el día de la represión en Catamarca. Al inaugurar por teleconferencia una cementera en Olavarría, la Presidenta sostuvo un largo diálogo con Armando Domínguez, un minero. O quizá antes que un diálogo, lo que más exactamente hizo la Presidenta fue “ceder” el uso de la palabra y la opinión –apoyándolo con gestos y palabras– en ese trabajador que además es un cuadro del sindicato minero local y del PJ de Olavarría.
Se trata de un cuadro intermedio y no de un “dirigente”, como editó, en otra cobertura maliciosa, el noticiero de Canal 13, impugnando el diálogo entre él y Cristina. Es prudente decir que ya sea como “cuadro”, “trabajador” o “dirigente”, Domínguez tiene todo el derecho de dar nada menos que la opinión sindical sobre el tema minero que, por un lado y más que llamativamente, no aparece en ningún lado y que, por el otro, tiene algo de previsible. Porque es obvio que en la medida en que no corran riesgos en su salud, los mineros defenderán la actividad que les da trabajo.
Lo llamativo del episodio es que revela la incomodidad para generar discurso propio. Es como si el Gobierno terminara por dar a entender, a veces en comentarios esporádicos de sus funcionarios, esta vez a través de un cuadro minero local, y en general, optando por el silencio. Respecto a cuánto tuvo el diálogo de “construido”, por lo que pudo saber este diario de dos fuentes de Casa de Gobierno, Cristina Fernández no tenía la menor idea acerca de quién es el minero Armando Domínguez, al punto que confundió varias veces su nombre.
Habitualmente el dispositivo comunicacional en el que Cristina “federaliza” sus intervenciones, que por lo general es más que inteligente (muestra un gobierno hiperactivo en todas partes, haciendo, cruzando acciones, dialogando y construyendo con actores diversos) se genera desde distintos espacios institucionales y geográficos, a veces con fuerte peso de la política local. Puede suceder que –a la hora de elegir ciudadanos comunes que dialoguen con la Presidenta– la política local o corporativa tienda a la sobreactuación. Es lo que parece haber sucedido en esta oportunidad, donde de todos modos lo esencial sigue siendo discutir qué hacer con el modelo de minería a cielo abierto.

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Otras notas

  • Nada de minero trucho, como se sugirió desde algunas usinas periodísticas. Armando Domínguez, hombre de fuerte entonación criolla y amante del folclore surero, es nieto, hijo y sobrino de mineros de las canteras de la zona de Olavarría. El hombre agrega que suma bastante más de 30 años como laburante minero, siempre en la misma empresa, la que invirtió 85 millones de dólares en la planta que acaba de inaugurarse en Olavarría.

  • La ley de protección de glaciares, acordada entre el diputado Miguel Bonasso y el senador Daniel Filmus, que obtuvo media sanción en la Cámara Baja, es una ley consensuada y superadora, que protege nuestras fuentes y reservas de agua. Sin embargo, frente a su próximo tratamiento en el Senado, el lobby minero viene agitando tres falsos argumentos, que apuntan a nuevos temores y rechazos, con el objeto de retomar el proyecto anteriormente votado por los senadores, o para proponer modificaciones a la ley Bonasso-Filmus.

  • Desde que la discusión sobre la megaminería a cielo abierto se instaló definitivamente en la agenda gracias a las últimas movilizaciones generadas en La Rioja y Catamarca, la conformación de un organismo interprovincial que tenga un rol más decidido en la materia es la iniciativa de mayor alcance conocida hasta ahora, con consecuencias que podrían ir de lo político y económico a lo institucional y cultural. “Podrían”, en potencial, porque sólo con el paso del tiempo se sabrá qué pasos concretos dará ese organismo y en qué sentido.

  • La escalada del conflicto minero, junto a las irresponsables posiciones de algunas fuerzas políticas (principalmente el radicalismo) ha ido más allá de los deseos del Gobierno, que lo que menos quería era otro frente de batalla en momentos en que concentraba fuerzas versus Moyano, por Malvinas y en el difícil cuadro del sector externo timoneado por Guillermo Moreno.

  • La candidata a gobernadora de Catamarca por el Frente para la Victoria, Lucía Corpacci, reconoce que la actividad minera constituye una de las principales fuentes de ingreso en su provincia. Sin embargo, entiende que es necesario modificar la actual normativa para que a la extracción se le agregue mayor valor agregado y permita generar más fuentes de trabajo en el distrito.

  • Como diría Clinton. Septiembre: en el debate de la Ley de Glaciares, la senadora giojista Marina Riofrío lanzó: “Acá no se está hablando de hielos sino de prohibir la minería”. Lejos de desmentirla, la mayoría de los que apoyaron la ley Filmus-Bonasso le dieron la razón. El más enfático fue Miguel Pichetto: “Esto recién empieza, después iremos por la renta minera”.