Dos civiles a prisión por secuestro, tortura y muerte

Año 5. Edición número 200. Domingo 18 de marzo de 2012
Justicia. Los hijos de moreno festejan, luego de escuchar el fallo condenatorio. (TELAM)
Es por el asesinato en 1977 de el abogado laboralista Carlos Moreno. Los dos hermanos Méndez prestaron su chacra para que se usara como centro clandestino. También condenaron a tres militres.

Los militares Julio Alberto Tommasi, Roque Ítalo Pappalardo y José Luis Ojeda; y los civiles Emilio y Julio Méndez recibieron en Tandil la resolución del fallo por el crimen del abogado laboralista Carlos Moreno. La causa de el Negro no era sólo un caso más, era sinécdoque de la lucha entre los modelos de país en pugna en los setentas. Por un lado, civiles y militares con todo el poder robado al Estado y apoyados desde el exterior en un plan para asegurar el asentamiento de una clase alta poderosa, proveedora de materias primas; una clase de peones de a pie, casi esclavos, en condiciones de vida paupérrimas; y una clase intermedia cipaya, o al menos engrupida, para asegurar los beneficios de los amos, al precio vil de la supervivencia. Por el otro lado, muchos jóvenes que buscaban un país solidario, de compromiso con ese otro que era su compatriota, su compañero, el que a su lado iba a construir, hombro con hombro, un país sin abusos, con igualdad de oportunidades, una patria libre y soberana, una Nación para todos. La lucha era bien despareja, se sabía.
El Negro, claro está, era del segundo grupo. Y estaba en plena disputa con la empresa cementera Loma Negra, todavía propiedad de los Fortabat, cuando descubrió que los empleados embolsadores no llegaban a jubilarse. Sufrían silicosis, una enfermedad generada por la acumulación de polvo en los pulmones. Moreno logró en la Justicia que la fábrica tuviera que reducir la carga horaria, mejorar la seguridad y la higiene laboral. También logró que indemnizaran a familiares de fallecidos. Empezaron las amenazas y comenzó a ser perseguido.
Moreno era un tipo alegre; pero riguroso para la defensa de los que menos tienen. Porque el hambre no da risa, pero sabía que la lucha bien valía la pena. En Olavarría, lo conocían todos. Además había ayudado a formar el sindicato de canillitas y el de porteras. Militaba en la Tendencia.
La noche del 29 de abril de 1977, Moreno no regresó a su casa. Había ido a llevar un certificado médico al colegio donde trabajaba su esposa, embarazada de seis meses, porque no se sentía bien. Ella se había quedado con Matías, el primer hijo de ambos, de sólo un año y medio.
Según se supo después, cuando volvía fue golpeado y metido en un Renault 12. Llevado a una chacra que los hermanos Méndez habían facilitado para que funcione allí un centro clandestino de detención, tortura y muerte.
El de 3 mayo del ’77 logró escaparse y en una casa cercana pidió auxilio. Los vecinos empezaron a asistirlo y lo escucharon. Le dieron agua, tenía mucha sed y muy mal estado físico. Algunos tiros, revelaron que los antiguos captores querían recuperarlo y Moreno se fue, para proteger a los vecinos. Lo alcanzaron, le pegaron, lo subieron a una camioneta, lo regresaron a la quinta y su cuerpo fue hallado el 10 mayo del ’77. Los militares advirtieron a los familiares que no debían enterrarlo en Olavarría para evitar desórdenes.
Para el resto de la familia, después llegaron: el exilio interno, en La Plata; el entusiasmo por la vuelta de la democracia y el inicio de los juicios; la decepción por la Obediencia Debida, el Punto Final y el indulto; la furia de los escraches; la recuperación de la fe en la Justicia con la anulación de las leyes de la cobardía y la reapertura de los juicios. Y en este caso, el inicio de una nueva etapa: la de juzgar a todos los culpables.
Los militares fueron condenados a reclusión perpetua bajo los cargos de privación ilegal de la libertad, doblemente agravada por la función pública y asesinato con alevosía, además de cargar con las costas del juicio e inhabilitación perpetua para percibir jubilación y/o pensión de cualquier índole. Mientras que Emilio Méndez recibió una pena de 15 años de prisión por ser partícipe de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados. La condena para su hermano Julio Méndez fue de once años de prisión por los mismos delitos y ambos acarrearán con las costas.
En forma adicional, se iniciará una investigación a la empresa Loma Negra por el rol cumplido, como también lo realizado por la Suprema Corte de aquel momento, emitiendo comunicados fraguando la muerte del abogado local.
La causa era la 30.615. Pero “la causa” era la misma que está en juego ahora. El Negro, si está en algún lado, está en la sonrisa de sus hijos, en el abrazo emocionado que se dieron al escuchar la sentencia y en la recuperación de la calle con la jornada de “memoria, verdad, justicia y alegría”, frente al Parque Independencia.

Promedio: 4.8 (50 votos)
Seguinos en Twitter
Print preview icon

Otras notas

  • El próximo jueves serán juzgados ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata los civiles Emilio Felipe Méndez y Julio Manuel Méndez, el ex suboficial mayor José Luis Ojeda y los ex coroneles Julio Alberto Tommasi y Roque Italo Pappalardo. Están acusados de los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio de Carlos Alberto Moreno, un abogado laboralista de Olavarría. El juicio se desarrollará en el aula magna de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (Unicen), en Tandil. Darán su testimonio más de 70 testigos.

  • Todos los represores imputados por delitos de lesa humanidad en la denominada “Causa Goya” fueron condenados por el Tribunal Oral Federal de Corrientes a 25 años de prisión por la desaparición forzada de personas, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, durante la última dictadura militar. Se trata de dos ex policías, Juan Antonio Obregón y Romualdo Baigorria; tres ex militares: Juan Ramón Alcoberro, Alberto Silveira Escamendi y Norberto Leopoldo Cao, y el ex efectivo de la Prefectura Naval Luis Leónidas Lemos.

  • Los grupos de tareas que ellos dirigían se manejaban como la Gestapo”, dijo a Miradas al Sur el abogado y periodista Pablo Llonto como uno de los dichos que más le movilizaron en el juicio por crímenes de lesa humanidad que el jueves pasado llevó a dos ex comisarios de la Policía Bonaerense a prisión. Los condenados son Roberto Bustos y Jorge Bianchero, ambos de 78 años. Deberán cumplir una pena de 19 y 9 años de prisión, respectivamente, por el secuestro y desaparición de seis jóvenes integrantes de un taller literario.

  • El ex gobernador tucumano Antonio Domingo Bussi y el ex comandante Luciano Benjamín Menéndez, ambos condenados por crímenes de lesa humanidad y con prisión domiciliaria, volverán a sentarse en el banquillo de acusados en Tucumán. Esta vez, deberán responder por el secuestro y tortura de Emma del Valle Aguirre. El 17 de febrero de 1977, un grupo de encapuchados volteó a patadas la puerta de la casa donde vivía Aguirre. Se la llevaron vendada y con las manos atadas con alambre.

  • POR DOCE SECUESTROS Y DESAPARICIONES. Piden reclusión perpetua para Astiz, Acosta y otros diez represores de la Esma

  • El ex subcomisario Luis Patti sumó un nuevo pedido de prisión perpetua. Esta vez, le tocó el turno de hacerlo a los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El alegato coincidió en su pedido de pena con la fiscalía y los abogados de los asesinados Gastón Goncalvez y el ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto.