El 82% no es lo que era antes

Mucho se habla del 82% móvil de las jubilaciones, pero hoy no tiene el sentido que tuvo como conquista social del pasado ni como bandera histórica. Muchos confunden este dato, en algunos casos no sin intención, y hablan de elevar el haber al 82% del salario mínimo vital y móvil. Ello implicaría terminar de achatar la pirámide de los haberes previsionales y llevar a más del 95% de los jubilados a percibir la mínima.
El efecto de achatamiento de esta pirámide tuvo muchos factores y distintas épocas políticas que lo causaron. En primer lugar, la emergencia previsional del ’86, que permitió el otorgamiento de aumentos priorizando en las escalas inferiores, cuando estaban vigentes la leyes 18.037 y 18.038 y a la que se le sumaron los decretos 648/87 y 366/88 para que, renunciando a los juicios, los jubilados pudieran percibir Bocones pagaderos a 16 años con orden de prelación en los mayores de 80 años de edad. Seguido a ello y con la inauguración del sistema mixto que entregó el negocio a las AFJP, la perversa ley de solidaridad previsional, que aún sigue vergonzosamente vigente, establece que no se asocian los haberes jubilatorios a los salarios de los activos y que los aumentos se fijarán por la ley de presupuestos. Y finalmente, desde la salida de la convertibilidad y la crisis del 2001 hasta la sanción de la nueva ley de movilidad previsional de fines de 2008, la gran cantidad de aumentos otorgados a la jubilación mínima y a las inferiores a los $1.000. Estos factores responden más a decisiones políticas pero también los hay técnicos.
En primer lugar, el que durante mucho tiempo no se actualizaran las 120 últimas remuneraciones que se toman para alcanzar el promedio sobre el que se efectúa el cálculo de las componentes que conforman el haber previsional. Y en segundo lugar, que cuanto mayor sea ese promedio que surge de las remuneraciones activas, menor es la relación con el haber jubilatorio resultante. Y ello ocurre porque una de las componentes del haber -la PBU- es un valor fijo que tiende a menospreciar el haber respecto de los mayores salarios.
El proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados contiene dos dictámenes que plantean de manera similar que primero se recomponga el haber previsional conforme los fallos de los casos Sánchez y Badaro, para así reconstruir la pirámide de haberes sacando a muchos beneficios del mínimo y luego sí elevar el mínimo al 82% del SMVM. La diferencia es que el dictamen de minoría plantea como fuente de financiamiento la restitución de las contribuciones patronales al 16% (unos $20.000 millones anuales) y el volver a topear el FGS (con excedentes por $40.000 millones).
Recomponer la pirámide y elevar el haber mínimo supone unos $27.000 millones al año. Resulta lógico que el Sistema Previsional acumule y capitalice reservas a través del Fondo pero con el tope histórico. Si no se produce lo que ocurre en la actualidad en donde ANSES acumula por miles de millones, mientras que paga a la mayor parte de sus beneficiarios por debajo de los $1.000, con lo que se prefigura una ANSES rica que produce jubilados pobres. Otro punto que se plantea sobre esta problemática es la puesta en riesgo de la sustentabilidad del sistema si se aplicaran estas políticas.
El 82% no es un problema de caja sino un problema de decisión política. Hace 25 años se decidió que gran parte de los costos de implementar los modelos neoliberal y el neodesarrollista actual, se financiaran con los recursos genuinos de la Seguridad Social. Con la privatización de 1994 se transfirió hacia el mercado el equivalente al 110% del crecimiento de la deuda externa (dic.94-dic.2001). Así, el Estado, en aquel entonces, se convirtió en el principal hacedor y facilitador del cálculo de la ganancia para los sectores más dinámicos de la economía de mercado. Mientras que en la actualidad, si bien es positivo que el Estado invierta en la economía real para capitalizar las reservas del Sistema, no es lógico que lo haga de manera excedentaria y que siga postergando la deuda histórica que sostenemos con el sector social de los jubilados. Lo cierto es que el debate actual no soluciona el problema. Para ello se requiere poner en discusión todo el sistema, cuestionar el modelo y fijar como base tres premisas: a) que sea integral y universal, b) que sea público y autárquico y c) que se lo democratice para que las decisiones las tomen sus interesados directos. Sólo así creo que alcanzaremos la idea de la seguridad social como política de Estado permanente y dejaremos atrás el vetusto e injusto modelo que tenemos.