Tiempo argentino
El año en que las calles fueron menos peligrosas que el hogar
En el aspecto policiaco, el año que hoy concluye tuvo un inicio intenso, pero lejano: el 2 de enero, en el aeropuerto de Barcelona, la Guardia Civil descubrió dentro del ya famoso avión Bombardier Challenger tripulado por tres vástagos de antiguos comandantes de la Fuerza Aérea unos 944 kilos de cocaína.
Semejante hallazgo agitaría nuevamente el fantasma de la cartelización del país, al punto de que –por ejemplo– al diputado nacional del PRO, Julián Obiglio, no le tembló el pulso a la hora de suscribir un audaz proyecto legislativo tendiente a implementar el derribo de aviones sospechosos.
Durante el verano de 2011, los medios brindaron profusas informaciones sobre atracos y escruches a turistas en casas de la Costa Atlántica, a la vez que daban cuenta de algunos robos menores en el Gran Buenos Aires. En la tarde del 15 de febrero –por caso–, la señal TN transmitió nueve veces una cobertura acerca de un kiosco de City Bell asaltado en 12 ocasiones. Ese mismo día, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer una estadística en donde señala que en la Argentina hay 5,4 homicidios por cada 100 mil habitantes, uno de los promedios más bajos del continente. Pero dicho dato pasó desapercibido. Una verdadera metáfora en relación con el tratamiento periodístico de la violencia urbana.
También acaba de cumplirse un año desde que comenzó la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad de la Nación.
“A los militares, ahora que no hacen golpes de Estado, sólo hay que vigilarlos con las licitaciones”, deslizó en enero, durante un diálogo informal con Miradas al Sur, al evocar su paso por Defensa. Y agregó: “Con la policía es muy distinto”. Sabía de lo que hablaba.
Desde entonces, cifró su política en un nuevo modo de abordar las relaciones –hasta ahora siempre tensas– entre la sociedad y sus agentes del orden. En otros términos: disolver la raíz totalitaria que anida en las instituciones policiales. Renovar las cúpulas y los feudos jerárquicos, con el propósito de abortar las cajas clandestinas de recaudación. En resumidas cuentas, dichas medidas fueron una muestra de que las fuerzas de seguridad deberán abdicar al autogobierno para subordinarse a su conducción política. Una conducción que enmarca su estrategia en la instauración de un sistema de seguridad democrática.
Por tal razón, en estos días lamenta que otras gestiones –como la del ministro Ricardo Casal en la provincia y la del PRO en la ciudad de Buenos Aires– persistan en no ejercer el debido control político sobre las agencias policiales bajo su mando. “Esa falencia puede llevar a las fuerzas de seguridad a deformaciones muy grandes que contribuyan a la prostitución y la corrupción en ciertos sectores”, aseguró, recientemente.
Por otra parte, la ofensiva contra el crimen organizado –cuyos principales rubros son las redes de trata, de narcotráfico, los desarmaderos y la piratería del asfalto– se ha convertido en una prioridad, mientras que en los últimos tiempos se ha puesto en práctica la racionalización de recursos para prevenir las modalidades más usuales del delito callejero.
Además, por primera vez se enfoca en su verdadera magnitud el grado de violencia que brota entre los sectores sociales no vinculados al mundo del delito. En este punto, el proyecto de crear un cuerpo policial para mediar en conflictos intravecinales o intrafamiliares, no es un emprendimiento menor, al igual que la puesta en marcha de un protocolo de acciones referidas a delitos sexuales que prioriza el tratamiento y la contención de la víctima. Al respecto, en las próximas semanas egresarán los primeros efectivos entrenados en este tipo de situaciones. Y formarán parte de un cuerpo inspirado en las policías de pacificación que funcionan en las favelas de Brasil.
Lo cierto es que esto último tiene su razón de peso. Ocurre que en el transcurso del presente año, el espíritu público se vio abrumado por una serie de crímenes cometidos por personas no previamente criminalizadas.
Tal categoría abarca –más allá del caso Candela, cuya naturaleza oscila entre el crimen mafioso y el asesinato privado– las muertes de las dos turistas francesas en Salta, la del niñoTomás Dameno Santillán –malogrado por su ex padrastro en Lincoln–, la del del niño Gastón Bustamante –malogrado por su cuñado en Miramar– y el cuádruple crimen de La Plata –consumado por un novio celoso–. A ello se le suman unas 280 mujeres asesinadas durante los últimos 12 meses en manos de maridos, novios y amantes. Y otras tantos homicidios en riñas, discusiones y excesos de la legítima defensa.
Es que –según estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación– este tipo de muertes constituye el 55 por ciento de los homicidios cometidos en la ciudad de Buenos Aires y el 68 por ciento de los ocurridos en el resto del país. Una cifra que, por cierto, supera con holgura los asesinatos cometidos en ocasión de robo; en decir, en el marco de la llamada inseguridad.
La lectura de ello es alarmante: entre los sectores sociales no vinculados al delito hay más proclividad a matar que entre quienes hacen de la ilegalidad su medio de vida. En resumidas cuentas, una tendencia que marcó a fuego al año que se fue.
