El arma secreta de la banda
El programa técnico para la redistribución del ancho de banda propuesto desde la UTN al ministro Julio De Vido y anticipado por Miradas al Sur, ya comenzó a implementarse como soporte tecnológico de la decisión del Gobierno Nacional de quebrar el monopolio en internet. La idea es que las pymes y cooperativas puedan llegar a las grandes ciudades y a los pequeños pueblos más remotos y que puedan ofrecer más capacidad de canal, más ancho de banda, mejor calidad de conexión, y especialmente precios mucho más bajos que los actuales. Para eso se necesitó de un arduo trabajo conjunto entre los técnicos e ingenieros del Ministerio de Planificación, la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y la Universidad Tecnológica Nacional.
Este programa –al beneficiar a usuarios de todo el país– supera y va más allá del tema de dar una solución al millón de clientes de Fibertel-Cablevisión, un tema en el cual el enfrentamiento Gobierno-Clarín, es un árbol que tapa el bosque. La revista Noticias, en su edición del 11/9, entrevistándome sobre este programa, titula “Ariel Garbarz: El arma secreta de K”, para completar ese recorte tendencioso con la frase “todo lo necesario para liquidar a Clarín rápido”.
Para recuperar dos bienes públicos, la banda ancha y las redes, y ponerlas a disposición de cientos de pequeños operadores y de millones de internautas que podrán elegir libremente a su proveedor, la Presidenta activó un “arma secreta”: la decisión política de la lucha antimonopólica en las telecomunicaciones. Fue así que generó autoconvocatorias como la de la UTN, que comenzó a hacer honor a su nombre, cuando sus profesores e ingenieros comenzaron a trabajar junto a funcionarios y técnicos del Ministerio y la CNC. Nada más ni nada menos que empezar a poner la tecnología de las comunicaciones al servicio del pueblo, al que la globalización ha denominado “usuarios”, para ocultar sus derechos frente a las telco-corporaciones.
En parte Noticias tiene razón. Es un arma históricamente nueva, que puede parecer secreta ante la mirada de los grupos dominantes, que no esperaban que después de batallar por el papel, un soporte clave de su poder, Cristina vaya por el soporte de la banda ancha. Pero la batalla que asoma y que ya se discute es la de recuperar las viejas y nuevas redes teleinformáticas, que por ley pertenecen al Estado Nacional. Éstas no fueron parte de la privatización de Entel ya que sólo se privatizó el servicio. Las nuevas redes fueron adquiridas mediante inversiones provenientes de rentas monopólicas de esos servicios de telecomunicaciones; el Estado está habilitando legalmente para recuperarlas.
