El Congreso también tiene un papel
El proyecto sobre Papel Prensa elaborado por la presidenta Cristina Fernández para declarar de interés público la producción, comercialización y distribución del papel para diarios ya está en el Congreso. Fue ingresado el Viernes a las 20:45 en la mesa de entrada de la Cámara de diputados. Esto despertó una nueva guerra en el arco opositor que, una vez más, pierde iniciativa en el Parlamento y divide los intereses de sus representantes. Si bien desde todos los sectores contrarios al Gobierno aclaran que “habrá que ver de qué se trata el proyecto” del Ejecutivo para resolver qué hacer, algunos marcan diferencia apoyando, en principio, la existencia de un marco que regule un tratamiento igualitario para todos los diarios de la República.
El apoyo que generó más controversias entre los opositores fue el brindado por el Partido Socialista. Lo hizo el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, y la titular del bloque en la Cámara baja, Mónica Fein. “Si el Congreso es el encargado de armar un nuevo marco regulatorio, como también lo tendría que hacer el Gobierno en la telefonía celular o internet, podríamos avanzar”, dijo la socialista.
Divergencias entre opositores. El proyecto de ley también propone facultar al poder Ejecutivo para realizar un marco regulatorio de este insumo básico como es el papel, con premisas de tratamiento igualitario para todos los diarios en precio, condiciones y cantidad. Además se deberá impulsar una política de mayor inversión para evitar importar papel.
Asimismo, la norma contempla la constitución de una comisión bicameral de seguimiento para que cada uno de los legisladores y partidos políticos opinen y voten. El objetivo del Gobierno es que los miembros de esa comisión fiscalizadora, elegidos por el Congreso, participen como observadores en las reuniones de directorio de Papel Prensa para que realmente exista un control sobre este movimiento económico. Para la elaboración de este proyecto, el Ejecutivo dispuso la creación de un Consejo Consultivo Federal, para cuya formación invitará a los representantes de los diarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del interior del país. Dicho Consejo, también, deberá asistir a la Comisión Bicameral.
Desde el radicalismo el diputado Ricardo Gil Lavedra, que juega en la línea interna alfonsinista, señaló: “Vamos a esperar el proyecto para ver de qué se trata. Siempre la regulación del Estado en materia de libertad de expresión es motivo de sospecha, pero no quiero conjeturar hasta no leer el informe”.
El jefe del bloque de diputados del PRO, Federico Pinedo, en cambio, dio como respuesta una rotunda negativa: “No estamos de acuerdo en que se declare la producción de papel de interés público. En lo que estamos de acuerdo es en que, como dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno no pueda restringir el acceso a esta materia prima. Vamos a agregar al informe el tratamiento de la publicidad oficial, el uso de los medios estatales para difamar opositores o críticos y el acceso a la información”. Igualmente, Paula Bertol agregó que: “La ley tiene olor a expropiación”.
En la misma línea negativa el diputado nacional Felipe Solá acusó al Gobierno de “inventar un inmenso escándalo y de amenazar durante muchos días con versiones de que iba a ir preso alguien, que era el día D porque iban a intervenir Papel Prensa, poniendo a todos en guardia frente a lo que podría ser un abuso. Deberían saber que esto es exactamente lo contrario de lo que un país como la Argentina necesita para serenarse y crecer”.
Por su parte los legisladores nacionales como Martín Sabbatella, Carlos Heller, Ariel Basteiro, Vilma Ibarra y Jorge Rivas plantearon claramente una postura diferenciada. En un comunicado, señalaron que algunos dirigentes políticos, “en nombre de la democracia y la libertad, pretenden convencer a la sociedad de que es mejor no investigar si existieron delitos en su adquisición”. “El informe presentado por el Poder Ejecutivo es un aporte trascendente para avanzar hacia la verdad”, señalaron. Y añadieron que intentan “armar un bloqueo político desde el Congreso para que no se sepa la verdad”. Agregaron que “es lamentable observar a parlamentarios cumpliendo el rol de abogados defensores de los intereses de esas empresas, cuando deberían estar resguardando que la democracia se consolide con más justicia y no se debilite con menos”.
La norma que ya tomó estado parlamentario podría contar con el apoyo, en ambas Cámaras, esta vez, de sectores que normalmente le son esquivos a las propuestas del oficialismo. Al respecto Cecilia Merchán, diputada de Proyecto Sur señaló: “El Estado debe garantizar el acceso al papel de forma tal que se multipliquen las voces”. Sin embargo la legisladora cordobesa aclaró que Proyecto Sur también presentará un proyecto de ley que asegure el acceso al papel sin condiciones monopólicas o clientelares”.
En este contexto, el oficialismo estaría acompañado por el Partido Socialista, Nuevo Encuentro, Proyecto Sur, el bloque Concertación, y otros legisladores provinciales. Esto sumaría 127 votos, con lo que le faltarían sólo dos para llegar al quorum.
