El Consejo Social está cada vez más cerca

En un encuentro con empresarios, Cristina Fernández afirmó que el Consejo Social discutirá una nueva ley de riesgos de trabajo. (TELAM)

Los buenos números que muestran la economía y la reciente muerte de Néstor Kirchner parecen haber sido los dos elementos que habilitaron que una de las metas que se impuso Cristina Fernández al asumir la presidencia en 2007, la creación de un Consejo Económico y Social, recién ahora se pueda poner en marcha. Cuando el cuerpo del ex presidente aún era velado en la Casa Rosada, el líder de la CGT, Hugo Moyano, le propuso al titular de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, reunirse en la sede de la central obrera para acercar posiciones a partir del nuevo escenario que se abría tras la desaparición de Kirchner. Aquel primer puntapié sirvió para que la semana pasada el dirigente camionero acompañara a la Presidenta en el plenario de la cámara industrial, donde la mandataria oficializó la puesta en marcha de una mesa permanente de negociación entre Gobierno, empresarios y movimiento obrero.
Si bien todavía no hay una fecha concreta de cuándo comenzarán las reuniones, las negociaciones se suceden sin prisa pero sin pausa, con el objetivo de presentar el Consejo antes de fin de año. La suba de salarios y el alza de los precios aparecen en el tope de la lista tanto de los empresarios como de los dirigentes gremiales. Sin embargo, hay quienes entienden que la creación de un ámbito de este tipo en el que se sienten a una mesa los diferentes actores sociales que intervienen en el circuito de la producción puede servir para trazarse políticas de mayor aliento. Por ejemplo, el economista Alberto Müller, integrante del Plan Fénix y director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo, sostiene que la actual situación económica brinda las condiciones para que en el Consejo también se empiecen a definir políticas de desarrollo del país. “La iniciativa de buscar algún tipo de acuerdo que paute incrementos de precios y aumentos salariales es una buena opción. Pero sería interesante en este tipo de instancias que los acuerdos también sirvan para discutir cuál es el perfil de desarrollo que quiere la Argentina, que es un debate que todavía no está resuelto. Esto resulta más difícil porque siempre estamos discutiendo la realidad inmediata. Pero sería bueno que el Gobierno planteara la necedad de establecer acuerdos a mediano y largo plazo”, sugiere Müller.
Dos semanas atrás, Cristina Fernández firmó un acuerdo económico y social con los distintos actores vinculados con la industria de los hidrocarburos, con la intención de darle sustento a la actividad “sobre la base de la baja conflictividad”. La cuestión energética constituye un pilar fundamental en todo proyecto de desarrollo productivo. Por lo tanto, que el Gobierno haya elegido a este ramo para iniciar los primeros trazos de un acuerdo entre sectores, abre la esperanza de que las observaciones de Müller estén presentes entre los objetivos oficiales.

El rol de De Vido. El ministro de Planificación, Julio De Vido, está llamado a jugar un papel central en este Consejo Económico y Social. No sólo se trata de uno de los hombres de mayor confianza de la Presidenta sino que los siete años que lleva en su cargo le ha permitido entablar fluidas relaciones tanto con el mundo del capital como el del trabajo. En las últimas semanas se ha reunido con los mandamases de las distintas cámaras empresarias, quienes además de la previsible resistencia a las alzas salariales le han planteado su preocupación “por los bloqueos” a los que su entender suele recurrir Moyano para manifestar sus demandas. A instancias de De Vido y sabiendo de la desconfianza que las agremiaciones patronales mantienen aún con el Gobierno, Cristina Fernández anunció el jueves pasado que en la agenda del futuro Consejo figurará uno de los reclamos históricos de los empresarios: el debate de una nueva ley de riesgos de trabajo. El mecanismo denominado de la “doble vía” permite que un trabajador accidentado cobre la indemnización a través de las ART y a la vez iniciar una demanda civil. “El trabajador debe recibir una justa indemnización, pero los empresarios deben tener certeza de cuánto les va a costar esa siniestralidad”, afirmó la Presidenta en el cierre del Congreso de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac). La frase fue música para los oídos empresarios. A tal punto, que el titular de la UIA, Héctor Méndez –siempre reticente a elogiar las políticas oficiales–, afirmó que “el gesto es fantástico” y que “para los trabajadores y los empresarios es una de las mejores noticias”. Desde la CGT, obviamente la noticia no fue motivo de celebración. Pero de todos modos, le hicieron llegar a De Vido que están dispuestos a debatirlo en la mesa del diálogo social.
Más allá de los avances que puedan lograrse a través del Consejo Económico y Social, Müller advierte que la deuda social no parece estar en la agenda de ninguno de sus actores. “Hay entre un 15 y un 20% de la población que está afuera del circuito productivo. Esto no es tema de acuerdos sino de acción de gobierno. De hecho, uno ve en la dirigencia gremial un énfasis mucho mayor en discutir el encuadramiento de los trabajadores que en resolver el trabajo en negro, que es una situación que cubre a un tercio de los asalariados. Ésa es una cuestión que sería interesante que se incorporara”, remata el economista.