El debate sobre los dueños de la tierra
En la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, la presidenta anunció el envío de un proyecto de ley que regule la propiedad de la tierra en mano de extranjeros, la Presidenta Cristina Fernández abrió la posibilidad de generar un riquísimo y necesario debate en el que se juegan cuestiones tan significativas como la concentración de la tierra, el modelo de producción agrario, la soberanía alimentaria, el control de los recursos naturales y el acceso a la tierra de los pueblos originarios.
La reconversión del sistema de producción agrario en la Argentina, que puso a la soja como valuarte principal, profundizó la concentración de la propiedad de la tierra y a su vez generó un proceso de extranjerización. Esto llevó a que de acuerdo con un informe elaborado por el Inta, la mitad de las tierras se encuentra en manos del dos por ciento de los propietarios agrarios, en tanto que los pequeños y medianos productores detentan apenas el 3 por ciento del total de las tierras cultivables. A su vez, se estima que entre un 7% y un 10% del territorio argentino es propiedad de extranjeros. Algunos casos resultan alarmantes. Por ejemplo, el del magnate Douglas Tompkins, quien adquirió tierras en los esteros de Iberá, en cuyo subsuelo se encuentra el acuífero Guaraní, una de las reservas de agua más grandes del mundo.
“Nos parece muy auspicioso que en un ámbito tan trascendente como el de la Asamblea Legislativa, la Presidenta ponga en el tapete el tema de la extranjerización de la tierra. Pero si vamos a entrar en un debate serio sobre esta cuestión no puede estar ajeno en la agenda el uso y la tenencia de la tierra. Y esto inexorablemente nos lleva a entrar en una discusión a fondo sobre el modelo productivo agrario”, sostiene José Luis Livolti, coordinador general del Movimiento Campesino Liberación y ex dirigente de la Federación Agraria hasta que dicha entidad decidió conformar una alianza con la Sociedad Rural. Para Livolti hay una línea directa entre posesión de la tierra, soberanía alimentaria y agricultura familiar. “En el país hay 220.000 agricultores familiares que producen entre el 50 y el 60 por ciento de los alimentos que consumimos. Sabemos que lo que demanda el mundo es alimento y si convenimos que en nuestro país todavía hay hambre y desocupación, imaginemos qué papel podría llegar a jugar la producción en manos de los agricultores familiares y nada menos que de alimentos. Si el proyecto va a en ese camino, lo primero que va a aparecer en el tapete, va a ser el tema de la necesidad de tierras de parte de agricultores”, subraya.
Freno a la concentración. El fenómeno de la concentración de la propiedad de la tierra es una cuestión que estuvo en la agenda del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, casi desde que asumió el cargo. A lo largo del año pasado mantuvo encuentros con diferentes asociaciones de productores para intercambiar ideas. Por eso, en esa cartera se encuentra muy avanzado el proyecto que enviará el Ejecutivo a la Cámara, que contempla no solamente lo que tiene que ver con la propiedad de extranjeros sino también con cuestiones como establecer nuevas formas de contratos rurales y promover el acceso a la tierra para los agricultores familiares. El modelo que se tiene como referencia es el que puso en marcha el ex presidente brasileño Luiz Inácio Da Silva, sobre el fin de su mandato. A partir de la influencia política que tomó el Movimiento Sin Tierra desde la llegada de Lula al poder, Brasil cuenta actualmente con un Ministerio de la Reforma Agraria que llevó adelante un proceso de titularización de tierras improductivas que pertenecían a las oligarquías locales y pasaron a manos de los pequeños productores.
Una de las herramientas con las que contaría la nueva normativa para frenar la concentración es la de poner límites a la adquisición de tierras. En este sentido, dentro de las decenas de iniciativas presentadas en el Congreso, el proyecto de la diputada del bloque de Solidaridad e Igualdad, Verónica Benas, propone que la totalidad de las tierras en manos de extranjeros no supere el 10% del total de las unidades productivas de la provincia o región. “Desde ya que este concepto está pensado para las tierras rurales, no hay nada que tenga que ver con departamentos o casas en la ciudad”, aclara la legisladora. “La unidad productiva es una medida que ya está definida y es diferente en cada región. No es lo mismo la extensión de una unidad productiva en el Sur de Santa Fe que en Patagonia o en Salta” completa Benas. El proyecto presentado por los agrodiputados Pablo Orsolini y Ulises Forte, ambos de la Federación Agraria, también le ponen un límite a la adquisición de tierras.
Desde el bloque oficialista, la iniciativa de la diputada Diana Conti se centra en la preservación de los recursos naturales y no aborda la cuestión de la unidad productiva. De todos modos, para la legisladora ambas iniciativas no son incompatibles. “Seguramente en el proyecto que envíe el Ejecutivo el límite a la posesión de la tierra va a estar contemplado y va ir dentro del marco que señaló la Presidenta en cuanto a que no desaliente la inversión, no sea xenófobo y proteja los recursos naturales”, asegura.
Livolti advierte que el proyecto de Orsolini y Forte no contempla que magnates como Benetton o Tompkins se deshagan de las enormes extensiones de tierras que poseen, sino que plantean el límite en la adquisición a partir de sancionada la norma. “Para asegurarnos la soberanía alimentaria y el sustento del agricultor familiar es primordial que se nacionalicen parte de las tierras que están en manos de grandes terratenientes, nacionales y extranjeros”, sostiene el dirigente. Livolti propone que desde el Estado se lleve adelante un relevamiento de tierras y que a partir de la nacionalización se cree un banco de tierras que sean cedidas a los pequeños productores. “La posibilidad de hacerlo no está lejos. Si la Afip puede meterse hoy en Nidera o Cargill, desde el punto de vista impositivo y catastral, también puede llevar adelante una iniciativa de este tipo”, remata.
