El estado actual de la hipocresía

Enviado por Gisela Carpineta el Sáb, 29/01/2011 - 23:19.

Delitos y pesquisas

Año 3. Edición número 141. Domingo 30 de enero de 2011

Por

Laura Musa, asesora General Tutelar porteña

El ya reiterativo debate iniciado hace 13 años con el primer proyecto de Responsabilidad Penal Juvenil presupone una confrontación entre promover o no el cumplimiento estricto del derecho constitucional de acceso a la justicia y al debido proceso para los adolescentes que, entre los 14 y 16 años, sean imputados de un delito. Rechazan esta propuesta aquellos que prefieren mentirse sobre una realidad, que aquí y ahora, se está desarrollando frente a nuestros ojos. En la Argentina democrática hay unos 600 adolescentes menores de 16 años privados de libertad por “delitos” que nunca serán probados ni tendrán un debido proceso para defenderse, presentar pruebas, recusar testigos y apelar decisiones. Porque para una brutal hipocresía del lenguaje, conveniente para quienes quieren que todo siga igual, estos chicos son “no punibles”.
Se aprobó en el Senado un excelente proyecto de ley que debiera aprobarse en Diputados. Que sí sacaría a los adolescentes del oscurantismo de la protección y de la compasión sin reglas. ¿Por qué quienes se esconden en argumentos simplistas y falsos que les adjudican sólo a los adolescentes pobres la comisión de delitos, prefieren, para sí mismos, reglas constitucionales de procedimiento legal y para los chicos, “piedad” en institutos de menores, para cumplir condenas sin juicio previo? ¿Será que necesitan este estado de cosas para ejecutar programas de “reeducación” y llevar a delante un festival de “buenas” acciones que reproponen el denostado Patronato, mientras que para los adolescentes de clase media, la ley y los abogados obtienen la libertad inmediata planteando la ilegalidad de las medidas de privación de libertad?.

Otras notas

Adolescentes sin educación, con prontuario
En América latina y el Caribe viven 108 millones de adolescentes entre 10 y 19 años, el 19 por ciento de la población total de la región; muchos de ellos carecen de acceso a una educación de buena calidad; a la atención de la salud básica, al apoyo en materia de discapacidad y salud mental, y a espacios que les den oportunidades de participar plenamente en sus comunidades.
La responsabilidad de chicos y adultos
La Presidenta acaba de poner racionalidad en el exacerbado debate sobre la “imputabilidad” al señalar que “esto de la edad no es una política de seguridad”. Tomando distancia de discursos catastrofistas, Cristina Fernández ubicó las cosas en su verdadera dimensión. Y es que –si bien el debate sobre la edad de imputabilidad penal no puede regirse sólo por criterios cuantitativos– no debe perderse de vista que la incidencia de los delitos cometidos por adolescentes menores de 18 años no es de gran peso en nuestro país. En ese contexto, la de los menores de 16 años es escasamente relevante.
La polémica por el fallo Urbani y la manía política de disciplinar a jueces
El debate sobre los menores en conflicto con la ley penal suele ser de carácter espasmódico e irracional. Como la marea, siempre vuelve. Basta que el foco se pose sobre un delito o un fallo de trascendencia mediática en el que está involucrado un adolescente. La polémica ahora la instaló la resolución del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil 3, de San Isidro. Hace una semana los jueces Alberto Villante, Mirta Ravera Godoy y Silvia Chomiez resolvieron aplazar por un año la imposición de las penas que les corresponden a dos chicos que ya fueron condenados por el crimen de Santiago Urbani.
Incluir o esconder
La media sanción del Senado de la Nación del anteproyecto de ley denominado “Servicio Cívico Voluntario” me generó primero una gran sorpresa y segundo una gran preocupación. Esta media sanción, que además va en contra de todos los tratados de derechos humanos ratificados por nuestro país, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo de Niños en Conflictos Armados, pretende cortar la cadena por el eslabón más débil. Según el Protocolo, los niños por debajo de los 18 años no pueden ser obligatoriamente reclutados por ningún tipo de fuerza armada.
Las “patrullas juveniles” de Scioli
Niños ‘sueltos’, sin tutela familiar o escolar, se desplazaban en ‘bandadas’ por las calles del centro, donde aprendían las peores artes de la delincuencia. Estas víctimas de la sociedad iban camino a convertirse en punguistas y escruchantes. Había incluso invisibles ‘sociedades de niños ladrones’, o ‘academias del robo’ donde se ‘doctoran de ladrones’, según los diarios de la época.” Podría ser una noticia actual del diario La Nación. Pero no lo es. Son consideraciones de la publicación La voz de la Iglesia, del año 1894, consignado en el libro Apenas un delincuente.
Sobre lo que puede pasar a los 16 años
Otra vez se discute qué hacer con algunos pocos adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves. Somos muchos quienes pensamos que es una mala idea introducir más personas, cada vez más pequeñas, en un sistema –el penal– que, como dice el criminólogo noruego Nils Christie, se especializa en repartir dolor. Hemos dicho que si hay niños que están donde no deberían –en la calle, con un arma, aspirando bolsitas, solos, fuera de la escuela, del club o de la canchita– es porque muchos adultos, y principalmente el Estado, no están donde tienen que estar.