El factor humano
Los recursos humanos son lo más importante. Eso es lo que dicen, con mayor o menor cercanía a la frase de manual que utilizan las publicidades de cualquier multinacional, los trabajadores de las empresas recuperadas. Pero lo que las diferencia es que la definición se perfecciona en la práctica cotidiana: las unidades productivas rescatadas de la quiebra o el vaciamiento planificado crecieron o se sostuvieron en medio de la crisis financiera internacional sin producir despidos. Tampoco hicieron ajustes selectivos, sino que buscaron pelearla juntos y pidieron algún tipo de asistencia al Estado, pero con un mecanismo que las diferenció de las grandes multinacionales. Aplicaron, además, criterios de solidaridad y, en algunos casos –como ocurrió con el pan y los peces–, crecieron y se multiplicaron.
La experiencia de la Cooperativa de Trabajo Renacer (ex Aurora), en Tierra del Fuego, tiene un sabor particular que la diferencia del resto de las empresas recuperadas: obtuvieron la expropiación definitiva y el 8 de junio pasado firmaron la escritura. Además, el pago de la quiebra corrió por cuenta del Estado.
“Somos 110 trabajadores, porque en los últimos meses sumamos 30 jóvenes a la planta. Estamos produciendo mucho”, dice el contador de la cooperativa, Sergio Salvatore, que acaba de publicar el libro Los compañeros (editorial Agora), donde relata el largo proceso que llevó a que la quebrada Aurora de 1995 se convirtiera en una empresa recuperada por sus operarios y pasara a ser proveedora de multinacionales. Tienen un contrato con Sanyo, que los obliga a producir 600 microondas diarios y otro con Garbarino, que les compra 1.500 unidades mensuales.
Esos acuerdos fueron posibles por la asistencia del Estado, que les permitió una reactualización tecnológica. Obtuvieron un subsidio no reembolsable del Ministerio de Desarrollo Social de 450 mil pesos al que le sumaron un crédito del Banco Nación, a tres años con tasa del 6%, por 300 mil pesos.
“Según lo que nosotros vimos, la crisis no afectó demasiado el empleo, aunque en el país hay un desempleo que debe ser resuelto. Vimos que la crisis afectó a los países con inversiones de riesgo y eso no ocurre aquí”, analiza Salvatore y destacó el rol de la Corriente Clasista y Combativa, la organización social que los acompañó en el proceso de recuperación de la planta.
El capital. Lo mismo ocurre en la Cooperativa Continente (ex Pinturas Continente), una de esas fábricas que navegaron los remolinos de la crisis, donde sus trabajadores destacan el rol de la agrupación que los reúne, Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (Facta), y su acompañamiento en la lucha por sostener los puestos de trabajo.
El relato de Carlos Ortiz parece de otra época: hace un año recuperaron la planta, pasaron de seis a ocho trabajadores, ganaron licitaciones contra multinacionales y tienen un salario por encima del establecido en el convenio del sector. “Esta fábrica se fundó hace 50 años y le pasó lo que a muchas, las generaciones que siguieron al fundador la quebraron y, encima, sufrió todas las políticas de la dictadura y el neoliberalismo que le siguió”, afirmó.
La cooperativa, con base en Hurlingham, fabrica pinturas industriales y provee a la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército. “Tenemos niveles de calidad y precios que nos permitieron ganar las últimas licitaciones, aún frente a algunas multinacionales”, destacó Ortiz, y dijo que, además de haber pasado de seis a ocho trabajadores en medio de la crisis internacional, realizan periódicas contrataciones externas para “consultas específicas”.
“Nosotros privilegiamos el conocimiento y el capital humano, por eso estamos viendo como sumamos a un compañero que tiene 72 años y mucho conocimiento para aportar”, agregó Ortiz y señaló que ellos no apelaron al Ministerio de Trabajo de la Nación para solicitar el subsidio al salario. “No lo necesitamos. Acá los compañeros pasaron de cobrar el sueldo en doce cuotas mensuales a cobrar por encima del salario de convenio. Nosotros estamos bien y no pedimos esa asistencia porque sentimos que sería sacarle a los compañeros que la necesitan”, agregó.
Exportadores. La crisis que sufrió la cooperativa Pauny Zanello, que produce tractores en Córdoba, no estuvo ligada a la debacle internacional, sino a cuestiones domésticas. La disputa entre el Gobierno y las entidades rurales que integraron la Mesa de Enlace por la aplicación de retenciones móviles los paralizó casi por completo durante 2008. La decisión fue no aplicar suspensiones y distribuir vacaciones adelantada a una parte de los 450 trabajadores, que en 2001 recuperaron la planta y lograron mantener la misma cantidad de puestos de trabajo de la firma privada que había quebrado un año antes.
“Lo peor fue por la pelea con el campo, porque nosotros producimos todo el tractor. Lo único que importamos son los motores de Brasil, pero el resto es todo local y en ese momento vendíamos solamente en el país. Pero en ningún momento suspendimos a nadie, sólo dimos 15 días de vacaciones adelantadas, que se pagaron. Se trató de no suspender a nadie, para que los compañeros no sufrieran los efectos de una suspensión, que implica no pagarle el sueldo mientras dura la inactividad”, explicó Daniel Pizzi, integrante de la cooperativa.
Sobre el final de 2008 lograron un contrato por un año con Venezuela, que los obligaba a fabricar 40 tractores por mes. Eso hizo que la crisis financiera internacional fuera para ellos una película que vieron sentados en un sillón. “A lo que le vendimos a Venezuela le sumamos algunos tractores para el país y pasamos bien el año y estamos produciendo unos 110 tractores por mes”, dijo Pizzi.
Los intermediarios. Los trabajadores de la cooperativa Nueva Esperanza (ex Global) fabrican a mano cada uno de los 150.000 globos diarios que salen de la planta de Villa Devoto. Eran apenas 15 en 2004, cuando lograron recuperar el predio y las máquinas que el dueño se había llevado para abrir la empresa en otro lugar, y ahora duplicaron la planta: “Somos 32 compañeros”, subrayó Malvina Maidana, al frente de la cooperativa que integra la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas (Upea).
“Nosotros hacemos todo artesanalmente y cada compañero vale. Con la crisis decidimos bajar un poco el ritmo de producción y nos llevamos menos dinero a casa”, señaló Maidana y dijo que también tuvieron el subsidio salarial de $600 que otorga el Ministerio de Trabajo.
En Maderera Córdoba no tuvieron mayores problemas con los coletazos de la crisis que comenzó por el lado de las hipotecas. “Es una empresa que tiene más de 50 años, que recuperamos y cuidamos, y que tiene una clientela diversificada”, explicó la tesorera, Gabriela Sánchez, que conoce el proceso de recuperación porque fue una de las que armó la cooperativa que les permitió anticiparse al cierre de la maderera, en diciembre de 2003.
Un año después lograron la expropiación temporaria que aprobó la Legislatura porteña y ya fue prorrogada hasta 2011. “Cuando la empresa cerró éramos 11, ahora somos 18”, dice Sánchez y recuerda que en 2007 pidieron un subsidio para comprar maquinarias y “ampliar la producción”.
“Con la crisis internacional bajaron un poco las ventas, pero sólo pedimos el subsidio salarial por dos meses, porque no nos hizo falta más”, subraya y cuenta que lograron participar directamente de varias licitaciones. “Pero nos falta un empujón para terminar con algunos intermediarios y hacer comprar en forma directa. Por ejemplo, no podemos acceder a créditos porque no tenemos bienes, porque la expropiación es temporaria, y eso nos impide abrir cartas de créditos en los bancos y hacer compras de algunos tipos de maderas importadas”, explica la tesorera de Maderera Córdoba, integrante de Upea.
El Estado. La historia de Gráficos Asociados, una empresa centrada en la impresión de etiquetas para vinos, comenzó a tomar forma en noviembre de 2002, cuando un banco pidió la quiebra de la empresa. Tres meses más tarde, quedaban 15 de los 50 operarios que trabajaban en la planta y fueron desalojados para rematar el predio mendocino.
Presentaron un proyecto ante el juez y, con el respaldo del Sindicato de Artes Gráficos como aval, lograron llegar a un acuerdo. Les dieron el alquiler de la planta y las máquinas y volvieron a producir.
Mientras imprimían las etiquetas de las botellas de las bodegas Zuccardi, Fecovita y Don Bosco elaboraron el proyecto de expropiación y la Legislatura provincial les dio la razón: les otorgó la tenencia transitoria, que fue prorrogada dos veces. “Ahora somos 13 compañeros. La crisis internacional nos afectó pero no tanto como la de diciembre del 2001, pero igual nuestra idea es buscar más personal y crecer en los niveles de producción”, señaló Julio Díaz, presidente de la cooperativa mendocina agrupada en Facta.
Los coletazos de la crisis internacional, que nació por el lado de las finanzas y mostró su esencia en la superproducción, afectó la cadena de pagos. “Se cortó un poco primero y después se alargó pero nunca pensamos en reducir los puestos de trabajo, sino que buscamos ganar un poco menos todos y apelamos al Estado”, explicó Díaz al referirse a los subsidios salariales que se abrieron para las fábricas recuperadas.
La Cooperativa Unión y Trabajo, que tiene una residencia para ancianos, no dejó de crecer desde principios de 2008. Sus trabajadores no pudieron evitar el remate de la clínica de la Asociación de Obras Sociales, en el centro de La Rioja capital, para la que trabajaron, pero conformaron una cooperativa para conservar sus puestos de trabajo.
“Presentamos un proyecto ante el Inaes y obtuvimos un subsidio por 200 mil pesos para comprar mobiliario. En marzo de 2008 alquilamos la casa de al lado y tiramos la medianera, en mayo de 2009 inauguramos la farmacia propia y en junio de este año hicimos la segunda ampliación”, explicó Mónica Troncoso, titular de la cooperativa. Ese proceso también se vio reflejado en los puestos de trabajo: a los 24 trabajadores que dieron vida a la cooperativa sumaron 10 pares de brazos más.
Al igual que muchas otras recuperadas, Unión y Trabajo recurrió a los subsidios del Ministerio de Trabajo y buscó asistencia en el Ministerio de Desarrollo Social para poder sostener los salarios, capacitarse y comprar insumos. Como en el resto de las empresas recuperadas, donde sus trabajadores pelearon originalmente para sostener los puestos de trabajo, el ajuste no se pensó nunca por el lado del empleo y se imaginaron otras soluciones posibles.
LA POLÍTICA DEL DESPIDO PREVENTIVO
Las grandes empresas, casi todas multinacionales, entendieron rápidamente qué debían hacer con la crisis: ajustar gastos por salarios para conservar sus niveles de ganancia. La decisión se tomó en cuestión de segundos en cada una de las casas matrices y ordenaron, desde la punta de la pirámide, reducir personal para estrechar sus gastos. Eso fue lo que cada uno de los directivos de las firmas asentadas en el país salieron a decir en público y en privado. Entre los primeros aparecieron las automotrices que, después de cinco años de crecimientos récords y ganancias similares, anunciaron que recortarían personal. Atrás de ellos aparecieron los grandes supermercados.
Las terminales automotrices, que exportan más de la mitad de lo que producen en el país y sólo un 20% de sus partes fueron fabricadas fronteras adentro, fueron las que sintieron el golpe de la crisis más rápido. Esa fue la excusa que empezaron a plantear a fines de octubre pasado las principales firmas: decían que estabas apretadas por la orden de sus casas matrices y debían achicar costos.
Lo primero que hicieron fue realizar suspensiones y para principios de noviembre de 2008 ya había 10.000 operarios suspendidos y las órdenes de vacaciones anticipadas se firmaban aceleradamente. A eso le siguió la caída de contratos temporarios.
En los primeros mensajes que les envió el Gobierno estuvo el recuerdo de la ganancia lograda tras la devaluación, que implicó una licuación de salarios y un crecimiento abrumador de la ganancia en dólares, particularmente para el sector exportador. Según los datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), en 2007 habían producido 544.647 vehículos y en octubre de 2008 ya habían llegado a las 527.618 unidades, casi 100.000 más de las logradas en el mismo mes de 2007.
Pero la prédica no caló en los corazones de las multinacionales y se tuvieron que buscar otros caminos para evitar los despidos. Ése era el peor fantasma, que ya comenzaba a transitar los países centrales, y se descartó la idea de reeditar la doble indemnización y se buscó la forma de evitar los despidos. Esa fue la propuesta que planteó con mayor claridad el Ministerio de Trabajo de la Nación en la discusión que atravesó al Poder Ejecutivo, los sindicatos y las empresas. Varios gremios acompañaron esa propuesta.
Las empresas volvieron a pedir al Gobierno la habilitación de créditos productivos a baja tasa de interés y con plazos holgados. Insistieron con aplicar “incentivos a la demanda”, pero la crisis generaba una previsible retracción al consumo en una población que tiene claros recuerdos de cómo comportarse en medio de turbulencias económicas.
La salida fue un subsidio a los salarios, que se denominó Programa de Recuperación Productiva (Repro), y significó 600 pesos por trabajador para bajar la presión del salario sobre los costos de las empresas. Como contrapartida, las firmas debían comprometerse a no producir despidos. Así fue como el Estado llegó a sostener 135 mil puestos laborales durante 2009, que cayeron a 82 mil a principios de 2010, según cifras del Ministerio de Trabajo.
En el pico de la crisis, que se vivió durante agosto del 2009, la asistencia fue solicitada por 544 empresas, pero en junio pasado sólo 44 firmas requirieron la ayuda estatal para sostener el empleo.
