El gobierno de Mauricio estaría por lanzar la noche de los vetos
De “vetador serial” o “capitán veto” a antidemocrático, al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se lo llamó de todos modos a causa de su compulsión por rechazar leyes sancionadas por la Legislatura. Y los motes seguirán apareciendo, porque parece que la carrera loca de sus vetos no termina. Esta semana llegó a los 106, superando a todos los alcaldes porteños y poniendo en duda nuevamente su vocación democrática. Para colmo, como si la cantidad fuera poca, a la luz de la primera centena, las normas rechazadas constituyen un capítulo del compendio del buen neoliberal.
Aníbal Ibarra ostentaba un récord de 93 vetos en sus cinco años y tres meses de gobierno, lo que da algo menos de un veto y medio por mes. El líder del PRO, con un año y un mes menos que el ex fiscal, supera los dos vetos por mes. Incluso, para seguir con las comparaciones, hasta deja atrás a su idolatrado ex presidente, Carlos Menem, que vetó 195 leyes en la década de sus dos mandatos (1,62 por mes). Y a otro de sus aliados, Eduardo Duhalde, que alcanzó los 37 en un año y once meses, un promedio de 1,60 vetos por mes. Fernando de la Rúa es quien más se le acerca, con 46 vetos en los dos años que estuvo de presidente.
La lógica de los vetos macristas no se sale del rechazo a cualquier norma que favorezca a los más necesitados o a cualquier institución pública, o son utilizados para frenar cualquier desembolso que no tenga a un socio o aliado que lo justifique y, en algunos casos, reparan los costos que pagaron los propios legisladores en sus negociaciones parlamentarias. El 91% de las leyes que el hijo de Franco frenó fueron votadas por el bloque del Pro.
Se cree que vetos como el que rechazó la regulación estatal de los trapitos cargan con un correlato comercial, como puede ser en este caso el anuncio de estacionamiento medido. En esta línea se inscribe también el dato de que el 17% de los vetos está dedicado a leyes del área de Espacio Público, seguido por los de Planeamiento Urbano, que son un 14%. También aquí hay que ubicar el veto a la prohibición de vender medicamentos fuera de las farmacias, que rige en todos los demás distritos que componen la Nación. En 2008 ya había dejado sin efecto la creación del Laboratorio Estatal de Producción de Medicamentos.
Esta semana ingresó al Boletín Oficial, el veto parcial para las asignaciones por discapacidad, lo que dejó sin aumento al Régimen de Asignaciones Familiares del Personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad, que debería haberse pagado en enero. Jorge Selser (PSA-Proyecto Sur) dijo que “Macri parece ensañarse con los más débiles, este veto afecta directamente a personas con capacidades diferentes”.
Además, le quitó el aumento del subsidio a Teatro por la Identidad. E impidió que el espacio donde estaba el edificio que se derrumbó, en Mitre 1232, fuera destinado a la construcción de un Cesac (Centro de Salud y Acción Comunitaria) de nivel 1, una base operativa para el Same, el Instituto de Trasplantes y el Centro Regional Porteño de Hemoterapia. La iniciativa fue promulgada por los legisladores con la intención de evitar que la expropiación termine en un emprendimiento inmobiliario.
También rechazó la norma que se ocupaba del monitoreo de la salud por el cambio climático. Y, como en el 2008, volvió a negarle a la Cooperativa de Viviendas Nuevo Horizonte la entrega del edificio de Gascón 123, que ocupan las familias de la cooperativa desde hace más de 10 años.
Ni siquiera a su ex aliado, el denarvaísta (¿?) Daniel Amoroso, le respetó su iniciativa contra la ludopatía, que establecía un mecanismo de autoexclusión en salas de juego y apuestas del territorio porteño. El legislador de Unión Federal fue secretario del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar de la Argentina (Aleara). Gremio que no se guardó nada a la hora de criticar la decisión de Macri. Para ellos, la medida es “arbitraria, incoherente y no tiene fundamentos sólidos”. Amoroso es el presidente Mundial del Sector Juegos de Azar de la Union Network Internacional, que agrupa a 44 sindicatos del mundo.
Una nota de Verónica Smink publicada el 25 de enero pasado por la BBC, se tituló “Buenos Aires, donde gobierna la vetocracia”. Allí, el investigador y profesor de derecho constitucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Lucas Arrimada, destaca que el veto “es el más antidemocrático de los procesos institucionales” y que su abuso altera el balance entre los poderes del Estado.
La presidenta Cristina Kirchner también aportó lo suyo. El miércoles recordó las versiones que circularon tras la derrota electoral en las legislativas del 2009: “Hubo muchas tapas anunciando que yo iba a ser una vetadora serial, que iba a ir vetando por la calle, organizaciones no gubernamentales nos criticaban tan duramente por lo que no habíamos hecho y ahora otros gobiernos hacen esas cosas de vetadores seriales, y nadie dice nada”.
La vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, intentó salir al cruce de la Primer Mandataria, enrostrándole una de las dos leyes vetadas por la Presidenta: “El gobierno porteño y el PRO siempre estuvieron a favor de la ley del 82% móvil para los jubilados”. Vidal defendió a su jefe, además, argumentando que “El veto es una herramienta constitucional del Poder Ejecutivo y, si quiere, la Legislatura puede insistir con la ley y sancionarla”.
Según los legistas, la finalidad del Estado es la de proteger al hombre de otros hombres. Este sacrifica una completa libertad a cambio de que se garantice su derecho a la vida, a la integridad, la libertad y a la propiedad. Pero la garantía que no puede ofrecer es la de proteger al hombre del propio Estado. Ése es el fundamento de la separación de los poderes del Estado, basado en un sistema de controles y contrapeso. Justamente, dos conceptos que brillan por su ausencia en el compendio del macrismo ilustrado.
