Tiempo argentino
El juicio por Mariano Ferreyra
El 20 de octubre de 2010, un grupo que respondía al gremio de la Unión Ferroviaria asesinó a Mariano Ferreyra mientras participaba de una protesta junto a trabajadores tercerizados de distintas empresas ferroviarias. Mañana, lunes 6 de agosto, comenzará el juicio oral y público a los acusados por el crimen: el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y su segundo en el sindicato, Juan Carlos Gallego Fernández, acusados de ser los instigadores; el barrabrava Cristian Favale y el empleado ferroviario Gabriel Payaso Sánchez, señalados como los autores de los disparos; el delegado Pablo Díaz y los ferroviarios Francisco Salvador Pipitó, Guillermo Uño, Claudio Alcorcel, Juan Carlos Pérez y Jorge González. Por parte de la Policía Federal, se encuentran imputados los comisarios Jorge Ferreyra, Luis Mansilla y Hugo Lompizano; el subcomisario Rolando Garay, y los efectivos David Villalba, Luis Echavarría y Gastón Conti. Se los acusa facilitar el acceso de los agresores y permitir su fuga.
Según un documento del Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales), basado en su Informe 2012 - Derechos humanos en la Argentina, de la investigación judicial se desprende que Pablo Díaz, delegado gremial de la UF organizó la convocatoria del grupo atacante a través de los delegados. “Díaz organizó una contramarcha con afiliados de la UF para evitar un supuesto corte de vías por parte de quienes reclamaban por los derechos de los trabajadores tercerizados. Esta fue la excusa brindada a la mayoría de los afiliados para que asistieran al lugar. Sin embargo, algunos pocos fueron seleccionados para cumplir con el plan criminal y se les asignaron funciones específicas: Gabriel Sánchez y Cristian Favale efectuarían los disparos, Claudio Gustavo Alcorcel se ocuparía de asegurar la llegada de Favale al lugar y, además, de controlar su actuación conforme al plan previamente articulado. Las armas de fuego serían ocultadas por Juan Carlos Pérez y Guillermo Uño, mientras que Daniel González y Francisco Salvador Pipitó se encargarían de liberar el escenario frente a la presencia de periodistas de televisión. Por su parte, Pablo Díaz se encargó de convocar a los afiliados y coordinar el despliegue de las acciones que conformarían el plan”, dije el documento.
A pesar de que los acusados dijeron que habían ido a la estación de forma espontánea, para el organismo, “el hecho de que Cristian Favale no fuera afiliado a la UF”, desacredita esa tesis. “Además, se probó que llegó al lugar minutos antes del ataque, y mantuvo una breve reunión con Díaz y Alcorcel para luego emprender el ataque con armas de fuego hacia los manifestantes, que ya habían desistido de su protesta y se estaban retirando. El rol de Favale en la ejecución del plan pone luz sobre las formas en que se ejerce la violencia, que también se da en otros casos de represión de reclamos de derechos sociales: ataques perpetrados por grupos particulares de choque y con poder de fuego, en complicidad con las fuerzas de seguridad”.
La investigación judicial también desvirtuó la hipótesis de que el grupo que respondía se había autoconvocado para evitar el corte de vías: al momento de ser atacados, los manifestantes se retiraban y estaban a dos cuadras de las vías.
La policía. En junio de 2011, la jueza de instrucción procesó a los comisarios Jorge Ferreyra, Luis Mansilla y Hugo Lompizano, el subcomisario Rolando Garay y los efectivos Luis Alberto Echavarría y Gastón Conti por considerarlos “responsables del delito de abandono de persona seguido de muerte”. Según consignó el Cels, el agente David Ismael Villalba estaba a cargo del registro de imágenes en el lugar de los hechos, pero apagó su máquina en el preciso momento en el que se produjeron los disparos. La jueza de instrucción había dictado su sobreseimiento, pero la Cámara resolvió procesarlo por el delito de omisión de deberes.
Los jefes del operativo, los comisarios Ferreyra –a cargo de la División Roca de la Policía Federal– y Mansilla –jefe del Departamento de Control de Líneas–, permitieron que el grupo de choque bajara de las vías y avanzara por la calle, lo que hizo posible el ataque. “El operativo contaba con 90 efectivos que debían resguardar la integridad física de los manifestantes y evitar cualquier tipo de incidente. La falta de protección a los manifestantes se mantuvo, incluso, luego de los disparos, cuando la policía no sólo no intentó detener a los miembros del grupo atacante sino que, muy por el contrario, facilitó la fuga.” El subcomisario Garay, presente en el lugar, dejó que los agresores se acercaran a los militantes cuando se estaban desconcentrando y, luego del ataque, ordenó efectuar un cerco para proteger al grupo de la UF en su huida, resguardándolos de cualquier represalia por parte del grupo atacado.
El comisario Lompizano y los efectivos Echavarría y Conti se ocupaban de la coordinación, monitoreo y control del operativo desde la Sala de Situación en el Departamento Central de Policía, donde recibían las imágenes en tiempo real. Con la anuencia de sus superiores, Conti ordenó el repliegue de las fuerzas policiales, lo que posibilitó el ataque. Luego, según el Cels, no hicieron nada para impedir la fuga de los homicidas, identificar a los responsables o preservar elementos de prueba.
El fiscal Fernando Fiszer planteó la calificación legal de “abandono de persona seguido de muerte”. La familia de Mariano Ferreyra, con la representación del Cels, planteó que deben ser considerados como partícipes necesarios.
Sobornos. En diciembre de 2010, la jueza Wilma López ordenó una serie de escuchas telefónicas en la investigación por la muerte de Mariano Ferreyra. A partir del análisis de estas pruebas se descubrió la intención de manipular, mediante un presunto pago de sobornos, el sorteo de la Sala de la Cámara de Casación que debía revisar los procesamientos de los integrantes de la patota acusados del homicidio. Con esta maniobra, explica el Cels, se buscaba revocar los procesamientos y evitar que la imputación llegue a Pedraza, que hasta entonces no se encontraba acusado.
A partir de esta información, se investiga el intento de cohecho a los jueces de la Cámara de Casación Eduardo Riggi, Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo. Además de Pedraza, por ser el interesado en obtener un beneficio por parte de la Justicia, se encuentran imputados Ángel Stafforini, Octavio Aráoz de Lamadrid, Luis Ameghino Escobar y Juan José Riquelme. Stafforini, contador de la UF, hombre de confianza de Pedraza y vicepresidente de Belgrano Cargas, es quien se encargó de entregar el dinero necesario para una resolución favorable. Aráoz de Lamadrid –ex juez federal subrogante y secretario de Riggi en la Cámara de Casación, y abogado defensor de Guillermo Uño, uno de los imputados del caso Ferreyra– fue quien hizo el contacto entre Pedraza y los funcionarios judiciales de la Cámara de Casación. Ameghino Escobar, empleado de la Cámara Nacional de Casación Penal encargado de realizar los sorteos de las causas, se ocupó de digitar el sorteo. Riquelme, ex agente de la Side, también ofició de enlace con funcionarios de la Cámara.
Por estos hechos, en febrero de 2011 se realizó un allanamiento en el estudio jurídico de Aráoz de Lamadrid, en donde se secuestró documentación y un sobre que llevaba su nombre y contenía una suma de dinero coincidente con el monto que se mencionaba como parte del pago en las distintas escuchas telefónicas.
“El caso”, concluye el documento del Cels, “pone en evidencia el entramado de relaciones existentes entre jueces y lobbistas en los pasillos y despachos de los distintos tribunales y abre serias sospechas sobre integrantes del máximo tribunal penal del país”.
