El PP quiere abortar el aborto
El Partido Popular ha decidido hacer de la lucha contra la nueva ley del aborto su gran caballo de batalla del verano. Acosado en los tribunales por los innumerables casos de corrupción en los que están envueltos muchas de sus figuras, el PP ha decidido esta nueva huida hacia delante, empeñado en seguir sacándole ventaja al gobernante Partido Socialista Obrero Español (Psoe). Las elecciones municipales son en 2011 y las generales en 2010 y no quiere dejar pasar ninguna oportunidad para minar la credibilidad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en sus horas bajas a causa de la grave crisis económica.
El martes pasado ha entrado en vigor la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que fue aprobada en el Parlamento seis meses atrás con los votos del Psoe y de sus aliados de izquierda. El Gobierno y la mayoría de los expertos están convencidos que ayudará a frenar el número creciente de abortos que se producen en España anualmente, 115.812 en 2008, un 3,2% más que en 2007. De esas mujeres, 44,9% eran españolas, 29% latinoamericanas y el resto de distintas nacionalidades. El 13,3% de las que abortaron tenían 19 años o menos, un 21,2% entre 20 y 24 años, el16,5% entre 25 y 29 años, el 11,6% entre 30 y 34 años. El 98,1% de esos abortos fue realizado en clínicas privadas.
A pesar de esas incontestables estadísticas, el PP denuncia la ley de “infanticidio”.
El PP, que se erige en “defensor de la vida”, ya sacó en el pasado a la calle para condenar el aborto a numerosos obispos y sacerdotes y a cientos de miles de personas. Ahora ha dado incluso un paso más. Por un lado, ha presentado recurso ante el Tribunal Constitucional, compuesto por miembros conservadores y progresistas, con la esperanza de que este alto tribunal tire atrás la ley como lo hizo en 1985, durante el Gobierno del también socialista Felipe González.
Ahora, varios de los barones y líderes de distintas comunidades autónomas (gobernaciones) controladas por el PP, como los de Navarra y Murcia, se han declarado en rebeldía, sosteniendo que no aplicarán la ley hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional. De esa manera, pretenden convertir en papel mojado la ley aprobada por el Parlamento. En principio, el Tribunal es partidario de no suspender su aplicación mientras delibera (en los años ’80 tardó dos años en hacerlo), pero aún no ha dicho su última palabra. Si decidiera suspenderla, el Partido Popular habría logrado una gran victoria, porque la sentencia podría demorarse hasta la llegada de un nuevo Gobierno, y no es descartable que ese próximo Gobierno sea del PP.
La primera ley que despenalizó en España la interrupción del embarazo fue en 1983. En ella se aceptaba solamente el aborto en aquellos casos en los que hubiera riesgos físicos o psíquicos para la madre, o que el embarazo fuera producto de una violación (admitido hasta las 12 semanas) o si el feto sufría graves malformaciones. Dos años más tarde, en 1985, el Tribunal Constitucional falló en contra, porque estimaba que los derechos de la madre no podían tener primacía absoluta sobre los del feto, al que consideraba como un nasciturus, un no nacido pero jurídicamente protegido. En 1995, el Gobierno de Felipe González presentó un proyecto para despenalizar un cuarto supuesto, el caso de que el embarazo implicara un conflicto familiar o social para la mujer. Se proponía que en tal caso pudiera abortar hasta la semana 12. A pesar de que el Parlamento aprobó la medida por mayoría, el boicot del PP y la derecha nacionalista catalana, CiU, impidió que llegara al Senado antes de las elecciones generales de 1996. Y esas elecciones llevaron al PP al poder, con José María Aznar de presidente.
El siguiente capítulo tuvo lugar en diciembre de 2009. El Parlamento aprobó el proyecto de la nueva ley, que establece el aborto libre hasta las 14 semanas, extendido a 22 semanas en aquellos casos en los que estuviera en riesgo la salud de la mujer o que se comprobaran anomalías graves del feto. También permite abortar a las mayores de 16 años sin autorización de sus padres en el caso de sufrir situaciones especialmente conflictivas en su hogar. Ésa es la ley que entró en vigor la semana pasada, aunque su futuro está ahora, de nuevo, en manos de la máxima autoridad judicial, el Tribunal Constitucional.
