El solitario andar del PRO en el Congreso

Año 5. Edición número 200. Domingo 18 de marzo de 2012
Nancy Parrili. “Todas las provincias nos hacemos cargo de nuestro trasnporte.” (TELAM)
La Unión Cívica Radical, el Frente Amplio Progresista, Proyecto Sur y varios partidos porvinciales comparten la postura del Gobierno Nacional sobre el traspaso de los subtes y las líneas de colectivos que circulan por la Capital. El próximo miércoles, el proyecto del Ejecutivo recibirá un amplio apoyo político.

Todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria –salvo el PRO– coinciden en señalar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene que hacerse cargo de sus transportes. La actitud del Gobierno porteño frente al traspaso de los subtes, el premetro, el tranvía de Puerto Madero y las 33 líneas urbanas de colectivos, logró unificar las posturas del Frente para la Victoria y casi la totalidad del arco opositor. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que obtuvo dictamen del plenario de Comisiones el último martes, conseguirá el próximo miércoles la media sanción del Senado por la amplia mayoría.
En la Cámara Alta, el oficialismo contará con el respaldo de la Unión Cívica Radical (UCR), que acompañará el proyecto en general y planteará sus disidencias en particular. La mismo posición tendrá el senador Samuel Cabanchik, desde su monobloque. El Frente Amplio Progresista (FAP), que también se manifestó a favor del traspaso, bajará con su propio dictamen al recinto.
En este marco, el representante del socialismo santafesino, integrante del FAP, Rubén Giustiniani, señaló: “Este es un tema que se debe resolver mediante el diálogo entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad. Y es fundamental que ese diálogo desemboque en el traspaso de los subtes y los colectivos urbanos a la Ciudad”. El senador advirtió que la transferencia “tiene que hacerse de acuerdo con lo que marca la Constitución en su artículo 75, con los recursos correspondientes”.
Desde la UCR, tanto el senador correntino Eugenio Nito Artaza como el santacruceño Alfredo Martínez coincidieron en que “no hay que dilatar más la discusión”. Pidieron “racionalidad”, tanto del Gobierno porteño como del nacional “para avanzar en este tema, porque en el medio están los usuarios”. Martínez además enfatizó: “No hay duda de que los servicios que están dentro de la Ciudad de Buenos Aires corresponden al Gobierno porteño. Esto es así desde que se sancionó la Ley Cafiero”. Y Artaza reconoció que se está “cumpliendo con un reclamo histórico de la Ciudad”. Señaló como responsable “al Gobierno porteño de avanzar en esta cuestión”.
De cara al debate que se desarrollará el miércoles en el Senado, la representante del Frente para la Victoria por la provincia de Neuquén Nancy Parrili describió el traspaso como un “acto de justicia”. “Todas las provincias tenemos que hacernos cargo de nuestros transportes y es hora de que la Ciudad haga cargo de los suyos”, sintetizó Parrilli.

Cámara baja. En la Cámara de Diputados espera, con todas las comisiones constituidas, el giro llegará del Senado el mismo miércoles por la noche. Allí, a diferencia de lo que sucede en el Senado, el PRO contará con sus espadas parlamentarias para defender la posición del Gobierno de la Ciudad.
El bloque liderado por Federico Pinedo sentará postura llevando como bandera el reclamo del traspasó de otras áreas, como la administración del puerto y los juegos de azar, y el reclamo por la mantención los subsidios nacionales a las empresas concesionarias. De todos modos, a la hora de la votación, esta última demanda será meramente testimonial.
“En la Cámara baja ya hemos presentado un proyecto de ley que busca la transferencia de todos los servicios, recursos y atribuciones que le corresponden a la Ciudad de Buenos Aires”, disparó la joven legisladora del PRO Laura Alonso. La diputada, respecto de los recursos reclamados por el partido que lidera Mauricio Macri para hacerse cargo de la gestión del Subte, aclaró: “La Ciudad está reclamando dos tipos de recursos. Uno son las inversiones a las que se comprometió el Gobierno Nacional en 2005. El segundo, la mantención de los subsidios”.
En respuesta a esto, el presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara baja, el diputado del FpV Juan País, explicó: “Los subsidios son políticas transitorias. Fueron respuestas en el marco de la emergencia y en el marco de la salida de la convertibilidad. Mientras las circunstancias lo ameriten, desde ya que el Gobierno Nacional puede ir en auxilio de alguna ciudad o municipio. Habrá que analizar qué son demandas estructurales y qué son demandas coyunturales”. “Veremos si se trata de una demanda por la emergencia y por la situación de contención a las necesidades sociales –agregó País–. Lo que debe quedar claro es no puede ser una herramienta permanente.”
La diputada del FAP Liliana Parada también habló con este medio sobre la cuesión de los subtes porteños. “Resolver el tema del transporte en la Ciudad de Buenos Aires implica combinar el subte, el tren y los colectivos. Esto requiere de una Autoridad Metropolitana de Transporte donde participen y articulen sus recursos Nación, Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Hace falta que se revisen las concesiones en materia de subtes, trenes e incluso colectivos. Siempre es bueno recordar que el Grupo Cirigliano además de TBA es el principal empresario del transporte colectivo en esta Ciudad.”
El cineasta y diputado de Proyecto Sur Fernando Pino Solanas también fue tajante respecto a la responsabilidad porteña sobre los medios de transporte urbano. “Es clarísimo que tienen que traspasarse a la Ciudad de Buenos Aires y que se debe culminar el famoso convenio firmado por la Nación y la Ciudad”, afirmó Solanas. “Esto comenzó, pero no ha avanzado porque Mauricio Macri dijo que devolvía los Subtes –agregó Solanas–. Sin embargo, a tres días de haberlos agarrado aumentó la tarifa en un 130%, la llevó de $ 1,10 a $ 2,50. De este modo castigó al pobre usuario y después dijo: los devuelvo. La verdad es poco serio.” El referente de Proyecto Sur, por otra parte, señaló que “esto no se resuelve imponiendo una ley”, y abogó por un “acuerdo entre las partes”.
Más allá de lo que suceda en el Congreso Nacional, el macrismo parece estar dispuesto a llevar a la arena política de la Legislatura porteña el debate por la transferencia de los subtes y las 33 líneas de colectivos que sólo circulan en el ámbito capitalino. En esa Cámara, claro, el macrismo juega de local y ostenta la mayoría.
En ese sentido, Pinedo aseguró que el traspaso del subte a la órbita de la Ciudad debe ser tratado en la Legislatura porque así lo dispone la Constitución Nacional.
“El artículo 75 de la Carta Magna establece claramente que la transferencia de los servicios a la Ciudad debe ser aprobada por la Legislatura porteña”, explicó. Y señaló que “no era necesario que la ley pase por el Congreso de la Nación porque lo que vale es que el traspaso sea ratificado por el Parlamento porteño”.
Esta confirmación de Pinedo mantiene la incertidumbre sobre el futuro del transporte de la Capital Federal.
La medida impulsada por el Gobierno Nacional logró un gran consenso en casi todos los sectores políticos y representantes de distintas provincias. Sin embargo, parece que con la decisión del Congreso no bastará. Frente a este panorama, propios y extraños, sostienen que de no haber un acercamiento entre los dos gobiernos, la definición del conflicto suscitado por el traspaso de los Subtes recaerá, de manera inexorable, en la Corte Suprema de Justicia.

Tragedia de Once
“Falta gente para controlar algo tan grande”

En una áspera reunión de comisiones por el traspaso de los subtes, colectivos y el Premetro a la Ciudad, oficialismo y oposición se cruzaron por la tragedia de Once. Ante las interpelaciones, el ministro de Planificación, Julio de Vido, dejó en claro que no respondería ninguna pregunta sobre el destino de la concesión a Transportes Buenos Aires (TBA). Miradas al Sur consultó a integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN), que reconociaron que “existen muchas irregularidades en TBA” y también “falencias en el control de la concesionaria”.
Todos los auditores coincidieron en que hubo acuerdo unánime sobre lo expuesto en el informe. Sin embargo, aceptaron que es necesario equilibrar los órganos de control sobre los servicios públicos para poder ingresar en las concesionarias y saber realmente en qué se invierte y se destinan los subsidios. Los consultados dejaron en claro que la tarea de la AGN consiste en auditar a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (Cnrt) y a la Secretaría de Transporte (ST), pero que los controles sobre las concesionarias están a cargo de la Cnrt. Francisco Fernández, auditor del Frente para la Victoria, aseguró que no falló el control de la Cnrt sobre TBA, sino que “falta gente para controlar algo tan grande”.
Por su parte, el auditor Oscar Lamberto, también del Frente para la Victoria, aclaró que “existen limitaciones para acceder a los registros contables, porque la Ley de Administración Financiera no lo permite”. Según Lamberto, ahora serán los peritos de la Corte Suprema quienes revisarán los estudios contables de la compañía. Sin embargo, un auditor que pidió reserva aseveró que “en esta cuestión de los ferrocarriles, además del Estado y los concesionarios, hay un tercer sector que son los gremios y las empresas tercerizadas, que son propiedad de las propias empresas concesionarias”.
El informe presentado por la Auditoría solicita que se le otorgue competencia para poder controlar directamente a las empresas de servicios públicos. “Fue una decisión que se colocó en las últimas líneas del documento, y se votó por unanimidad, porque ¿cómo controlamos las obras y sabemos si el precio es real o no?”, argumentó Fernández.
Lo cierto es que hasta tanto no se expida la Justicia, se desconoce qué sucederá con la concesión de TBA. Horacio Pernasetti, auditor general de la UCR, manifestó que “con un informe similar a éste, la ST rescindió el contrato del Roca, del Belgrano Sur y del San Martín que pertenecían al Grupo Taselli, y armó un ente que se llama Ugofesa. Nosotros no sabemos si el Estado está o no en condiciones de asumir el servicio”, concluyó.

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Otras notas

  • La semana política que termina tuvo al traspaso de los subtes al tope de la agenda en todas sus jornadas. El martes, la Legislatura porteña fracasó en su intento por debatir una serie de proyectos de declaración –meramente testimoniales– al respecto. Al día siguiente, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley que ratifica el Acta-Acuerdo firmado por los Ejecutivos de ambas jurisdicciones.

  • Esta semana sólo se aportó a la confusión en torno de la discusión sobre quién se va a quedar con el manejo y la administración del subte. Desde el Gobierno de la Ciudad primero se pidieron subsidios, después un plazo de seis años para definir el traspaso y, sobre el final, el titular de Subtes Buenos Aires (Sbase), Juan Pablo Piccardo, aseguró que “en un par de semanas” se podría concretar el traspaso.

  • El próximo miércoles se debatirá en el Senado el proyecto de ley que convalida el acta firmada el 3 de enero por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y el Gobierno Nacional. En esa acta, se sabe, el Ejecutivo porteño asumía el control del servicio de subtes de la Ciudad. Mauricio Macri quiso dejar de lado el acuerdo luego de la tragedia de Once. Sobre el debate del miércoles, todo indica que el oficialismo ganará con amplitud la votación en la Cámara alta. Esta discusión, sin embargo, es la punta de un iceberg que deja ver sólo una parte sobre la superficie.

  • La decisión del lunes pasado del juez Pablo Mántaras de disponer una nueva medida cautelar que suspende el incremento del boleto del subte dejó en desnudo la poca predisposición del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para dar a conocer la verdadera estructura de costos que maneja dicho transporte y de esa manera establecer si es realmente necesario un reajuste. En el escrito, el magistrado calificó como “escasas” e “insuficientes” las razones expuestas por la administración macrista para justificar el alza a 3,50 pesos.

  • El miércoles 3 de enero, día de mucho calor en Buenos Aires, mientras muchos porteños estaban en la costa atlántica, Julio De Vido, en nombre del Gobierno Nacional, y Mauricio Macri, en el de la Ciudad, se sentaron a firmar el acta de traspaso del transporte de subterráneo y de Premetro a la órbita de la Ciudad. El acuerdo se apoyaba en dos decretos nacionales de los años 94 y 99 (1527 y 393) así como en una norma votada por la Legislatura porteña en mayo de 2000 (Ley 373) de dos artículos.

  • La Corte Suprema ya se pronunció sobre el estatus jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dijo que no es equiparable al de una provincia. Lo hizo tras un pronunciamiento de la Cámara Nacional Electoral que, con una buena lectura, estableció que su estatus es equivalente al de un estado provincial y, en consecuencia, homologable a una constitución provincial. La Corte, sin embargo, expresó con voto dividido un criterio diferente.