Empresarios y modelos de desarrollo

Año 3. Edición número 139. Domingo 16 de enero de 2011
José Alfredo Martinez de Hoz y Domingo Cavallo, dos ejemplos de la inmoralidad económica en la Argentina.

Para analizar la participación y la influencia de los distintos grupos sociales y económicos dentro de un país, es indispensable considerar el modelo de desarrollo que se aplica, el que a su vez depende de la estructura de la economía y de las relaciones de poder existentes; pero no es todo: también son fundamentales los valores y las restricciones vigentes. En nuestra historia fueron variando: existieron una Argentina agraria (1880-1946), otra industrial (1946-1976); una de renta financiera (1976-2002) y otra de desarrollo con inclusión social (desde 2003).

La Argentina agraria. Durante la Argentina agraria, los agentes económicos principales fueron la oligarquía terrateniente tradicional, los exportadores y el capital extranjero (sobre todo para la construcción de infraestructura). Los empresarios nacionales eran incipientes y quienes gobernaban eran los terratenientes y las empresas extranjeras. La política económica fue de apertura comercial, incentivos para el capital extranjero y estímulo a la inmigración europea. Hubo estabilidad política. El discurso dominante era el de civilización o barbarie, el positivismo y el liberalismo económico.

La Argentina industrial. Hacia 1945 pasamos de la economía agraria a la sustitución de importaciones, con dos períodos. El primero fue el de la sustitución “fácil” de importaciones, durante el cual se produjeron bienes de baja complejidad. Los grupos dominantes eran los asalariados organizados, que utilizaban bienes de consumo masivo, y los empresarios nacionales que los producían, en su mayoría medianos y chicos. Así, tanto por el lado de la producción como del consumo, estaban dadas las bases para un régimen democrático y popular. Fue el primer peronismo, y en esa época los empresarios nacionales emergentes compartieron el poder. El discurso dominante era “una Argentina justa, libre y soberana”.
La siguiente etapa fue la de industrialización “difícil” (decenios de 1960 a 1970). Los consumidores eran grupos de ingresos elevados y medios, y los productores eran empresas grandes o medianas (los empresarios chicos quedaron relegados a la subcontratación); comenzó a adquirir magnitud la inversión extranjera directa. En el plano político mandaban los empresarios grandes nacionales y las empresas multinacionales. Este esquema era compatible con los gobiernos militares autoritarios. El discurso dominante era el orden y una economía eficiente y concentrada.

La Argentina de renta y financiera. En 1976 se produjo un cambio drástico: el poder real pasó al sector de renta y financiero. Los “dueños” del país eran los bancos, los nuevos propietarios o concesionarios de las empresas privatizadas, y los explotadores de recursos naturales. Eran conglomerados empresarios extranjerizados. El discurso dominante era el del neoliberalismo salvaje.

La Argentina de desarrollo con inclusión social. Desde 2003 se aplica un modelo de desarrollo con inclusión social que ya ha producido importantes cambios políticos, económicos, sociales y culturales. Las organizaciones políticamente dominantes son el Estado, el partido oficialista, los sindicatos y grupos empresarios. En el funcionamiento económico terminó la sujeción al establishment y al Fondo Monetario Internacional, y se reforzó la inclusión social y económica (sobre todo por la expansión del empleo y la ampliación de las jubilaciones).
Se produjo una recomposición dentro del establishment, con una recuperación de los empresarios industriales y una actitud destituyente de las mayores organizaciones empresarias agrarias y de los medios concentrados. Lo paradójico es que los empresarios y rentistas agrarios nunca han ganado tanto; pero los antiguos dueños del país no pueden consentir su desplazamiento del gobierno, ni las medidas económicas que les quitaron poder y ganancias.

Lógica de los órdenes sociales. Un buen elemento para interpretar mejor el comportamiento de grupos sociales es el esquema de “órdenes sociales” enunciado por Blas Pascal y desarrollado ahora por André Comte-Sponville, quien distingue cuatro órdenes: el ético, el moral, el político y el económico. Cada uno responde a preguntas básicas: el ético, ¿cómo vivir?; el moral, ¿qué hacer?; el político, ¿cómo acumular poder?; y el económico ¿cómo multiplicar riquezas? Cada orden es autónomo, tiene su propia lógica de funcionamiento y no acepta límites internos. Por ejemplo, si el orden económico aumenta sus ganancias con la depredación del medio ambiente, o el tráfico de drogas, o la utilización de mano de obra esclava, cometerá esas atrocidades. Está en sus genes: su finalidad es el lucro.
Para que los abusos de cada orden social, impulsado cada uno por sus objetivos propios, no lleve a la barbarie, el orden superior debe encuadrar al orden inferior; por ejemplo, el orden moral debe acotar al político, y el moral y el político al económico. Cada orden conserva su naturaleza: el económico perseguirá la ganancia y no la beneficencia; pero respetará la moral y las normas legales. Para que eso sea así no basta con la persuasión: es necesaria la acción política.
De acuerdo con su propia lógica, los empresarios tenderán a llevar al máximo sus ganancias desechando cualquier encuadramiento; pero este modelo exige que la acción empresaria se acerque al interés nacional argentino. Corresponderá entonces al gobierno, según las circunstancias, poner incentivos y restricciones para regular la acción de los empresarios.
El modelo iniciado en 2003 marca el rumbo: desarrollo económico, aumento del empleo, mejor distribución del ingreso, tipo de cambio competitivo, solvencia del Estado, abastecimiento del mercado interno, expansión del comercio exterior, reindustrialización, políticas educativas, de transportes y de salud.
Ni la ética, ni la moral, ni la política sirven para ejecutar la tarea empresaria; pero sí deben encuadrarla. Bienvenidos los empresarios productivos, que inviertan, den empleo, agreguen valor a la producción, paguen sus impuestos sin evadir, respeten las leyes laborales y tengan a su personal registrado; dentro de este marco, que ganen todo lo que puedan. Grupos de empresarios con estas características darán también su impronta al modelo global del que formarán parte. Para ellos, todos los incentivos razonables.
Pero también está la antítesis, que son los especuladores que se enriquecieron en contra del interés nacional, evadieron impuestos y capitales, desguazaron las empresas públicas, explotaron a los asalariados, endeudaron con irresponsabilidad al Estado. Durante los regímenes neoliberales, no sólo no aceptaron los límites que les fijaban la moral y la política, sino que impusieron a la moral y a la política las pautas del funcionamiento económico. A ellos, el gobierno debe encuadrarlos.
En síntesis, para que la finalidad empresaria de ganancia económica coincida con el interés nacional de desarrollo con inclusión social, deben tenerse en cuenta varias pautas.
Primero, que los agentes económicos de un país son la consecuencia de la estructura de la economía y de las relaciones de poder, que se plasman en un modelo de desarrollo. No es el empresario quien diseña la política económica –como ocurría en otras épocas– sino que el Estado democrático es el que fija las grandes líneas; por ejemplo, el modelo actual se basa en la unidad nacional, el desarrollo económico (con una vigorosa industrialización), la inclusión social y la distribución del ingreso.
Segundo, que la acción de los agentes económicos está sujeta a encuadramientos éticos, morales y políticos. La economía no puede imponer sus pautas a la moral y la política, como ocurrió durante el neoliberalismo.
Tercero, que la política de incentivos y restricciones que se deriva del modelo de desarrollo debe ser aplicada para estimular la producción y castigar la especulación.
Cuarto, en la ejecución del modelo de desarrollo deben converger la acción del sector público y del privado. Por una parte, son necesarias conductas empresarias que acepten las regulaciones y encuadramientos que les impongan la moral y la ley; y al mismo tiempo, que el gobierno aplique políticas crediticias, monetarias, arancelarias, fiscales y de funcionamiento, que acerquen la acción empresaria al interés nacional argentino.
Quinto, en definitiva, no es la economía sino la política la que diseña y ejecuta el proyecto nacional.

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