El miércoles pasado, Clarín y La Nación publicaron una nota cada uno informando que, por un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, no podrá volver a desempeñarse como representante del Estado (propietario del 27,46% del paquete accionario de Papel Prensa S.A.) en la compañía. La Nación lo hizo en una nota de tapa, firmada por el columnista Adrián Ventura, mientras que Clarín lo hizo en un artículo sin firma en las páginas interiores del diario. Llamativamente, ambos diarios decidieron construir la noticia sobre esa resolución de la Justicia comercial, que los favorece, relacionándola de manera forzada con la situación de Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre en la causa que investiga la apropiación ilegal de Papel Prensa durante la dictadura, que se instruye en la Justicia federal platense, sin ninguna relación con la primera. Para los dos diarios, la presencia de Moreno en la empresa y la investigación judicial sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del ex director de La Nación y el CEO de Clarín forman parte de una misma “campaña contra los accionistas privados de la empresa”.
Hasta ahí, podría tratarse de una discutible interpretación, pero tanto Ventura como el anónimo redactor del artículo de Clarín mienten descaradamente sobre la situación judicial de Magnetto y Mitre en la causa que se instruye en el juzgado federal a cargo de Arnaldo Corazza.
Adrián Ventura escribe: “Como parte de ese embate, el Gobierno (…) denunció a Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, y a Bartolomé Mitre, director de La Nación, por violaciones de los derechos humanos –lo que se probó que no tenía fundamento alguno–, y pidió la intervención judicial en la empresa, que la Cámara Comercial dejó sin efecto”.
Es falso: la causa está en la etapa de la instrucción y Magnetto y Mitre siguen siendo investigados por la Justicia por la posible comisión de esos delitos. En la nota principal de esta página se explica la complicada situación en la que se encuentran. Ventura, que es abogado, no puede ignorarla.
Por su parte, Clarín dice: “De hecho la versión del Gobierno fue desmentida por Gustavo Caraballo (ex secretario Técnico de Perón, que fue detenido y torturado) y los propios Isidoro Graiver y Sol Graiver, hermano e hija de David Graiver, que aseguraron no tener nada que reclamarles a los actuales accionistas”.
Lo que Clarín oculta es que Isidoro Graiver denunció varias veces que los Graiver fueron forzados a desprenderse de las acciones, una de ellas en una entrevista con periodistas de Tiempo Argentino, cuya grabación puede escucharse en la página web de ese diario, y que luego cambió llamativamente su versión. Tampoco dice que Caraballo no es un testigo imparcial, ya que tiene vinculaciones familiares y comerciales con el número 2 del Grupo Clarín, José Antonio Aranda.
