Aunque la Ciudad de Buenos Aires tiene una mayor incidencia en la presencia de colegios privados y confesionales en relación con el promedio del país, lo que sucede en el distrito capitalino, particularmente a partir de la gestión de Mauricio Macri, constituye un indicio revelador a la hora de discutir si el Estado debe sostener el funcionamiento de escuelas religiosas, no sólo católicas.
Tal como recordó en un artículo la docente secundaria y universitaria Elena Luz González Bazán, el año pasado, buena parte de la oposición al macrismo denunció que en el presupuesto educativo se había practicado una poda de los recursos destinados a las escuelas públicas y un aumento de 200 millones respecto de 2008, destinado a las escuelas privadas, especialmente las confesionales. Miradas al Sur informó al respecto en su momento. De ese modo, la parte del gasto en educación privada subía de un 16 por ciento en 2008, al 17,5.
Es sugestivo el dato de que el administrador de ese dinero, como responsable de la Dirección de Educación de Gestión Privada, era el ex seminarista Enrique Palmeyro, un hombre de la Vicaría de Educación de la Comisión Arquidiocesana de Pastoral y profesor de Teología egresado de la UCA. En mayo, Palmeyro dejó ese cargo desde el que se manejan 800 millones de pesos para subsidios y fue reemplazado por María Beatriz Jáuregui, cercana al cardenal Jorge Bergoglio y directora ejecutiva de la Vicaría Episcopal de Educación del Arzobispado de Buenos Aires. Jáuregui es asesora de la legisladora del PRO Viviana Morales Gorleri, presidenta de la Comisión de Educación, conocida como la “diputada de Bergoglio”.
En la actualidad, más de 400 establecimientos educativos porteños reciben partidas del Gobierno de la Ciudad para sostener los salarios docentes, en una escala que cubre del 40 al 100 por ciento de esos sueldos. Sólo el Consejo Superior de Educación Católica, el mismo en el que Enrique Palmeyro estudió Psicopedagogía, recibía hacia 2008 unos 320 mil pesos mensuales.
Hoy mismo, en las extensas planillas de establecimientos subsidiados que aparecen en las páginas digitales del Ejecutivo porteño, puede comprobarse adónde va el famoso “dinero de nuestros impuestos” (o “la plata que no tenemos”, según decía Macri en ocasión de los últimos conflictos docentes). Ejemplos al azar: 146.000 pesos al Instituto Ana María Janer (“Hijos míos, estudiad y meditad la vida de Jesucristo”, dice su web); 83.000 al Nuestra Señora del Pilar; 97.000 a la escuela Comunidad Filli Dei; 100.000 al Instituto Nuestra Señora de las Nieves. En otra planilla puede comprobarse el también extenso listado de escuelas privadas con aranceles que van de los 100 a los 2.000 mil pesos mensuales.
González Bazán apunta que, entre los establecimientos subsidiados, figuran las Escuelas ORT, de la comunidad judía, que cobran una cuota mensual de 980 pesos “y tienen un subsidio de 458 mil pesos por mes”. También que el colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, con su “inmenso predio ubicado en el centro de Las Cañitas, recibe un aporte mensual de más de 80 mil pesos y cobra 345 pesos en el nivel inicial, 720 en el primario y 885 en el nivel medio”. El colegio Nuestra Señora de la Misericordia recibe 300 mil pesos mensuales y sus aranceles son de 412 pesos en la escuela secundaria.
Tras repasar otros datos llamativos acerca de la entrega de recursos “que van a sectores de las clase media y media alta de Núñez, Belgrano y Palermo, en desmedro de lugares con poblaciones más pobres, como Villa Lugano, Barracas, La Boca y San Telmo, con un fuerte deterioro de la escuela pública”, la pregunta planteada por la docente cae de maduro: cuáles son los sectores económicos que privilegia el Gobierno porteño, siendo que es tan generoso con la educación privada. Incluyendo a la confesional.
