Tiempo argentino
España, protectorado de la UE
La afilada guadaña de Mariano Rajoy sigue cortando por abajo sin contemplaciones. “Los españoles no podemos elegir si hacer o no sacrificios. No tenemos esa libertad”, dijo el presidente en las Cortes (Parlamento). El líder del Partido Popular reconocía, así, de hecho, por primera vez, que su paquete de medidas le había sido dictado palabra por palabra sólo un día antes en la cumbre que mantuvo en Bruselas con sus acreedores.
Urgido por una prima de riesgo que desde hace días no baja de los 530 puntos y unas subastas de bonos de la deuda pública que se pagan a un 7% de interés, Rajoy se apresuró a anunciar en el hemiciclo el que sin dudas es el pliego de condiciones impuesto por la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de adelantarle en los próximos días los primeros 30.000 millones de euros de ayuda y para prorrogarle hasta 2014 el plazo en el que el déficit público no podrá superar el 3%. Ahora es del 8,6%.
La UE, el BCE y el FMI se han hecho literalmente con los mandos de la economía española. España ha sido intervenida y convertida en una suerte de protectorado.
Decenas de inspectores aterrizarán en Madrid para vigilar sobre el terreno el estricto cumplimiento del plan de ajuste, tal como ya lo hacen en Grecia, Irlanda y Portugal, los otros rescatados. Tanto el Banco de España como los ministerios de Economía, Hacienda y Trabajo verán limitadas seriamente sus facultades y autonomía.
La tercera economía europea está viviendo en carne propia las consecuencias de recetas ultraliberales similares a las que Estados Unidos y el FMI imponían en la década de los ’90 a Argentina y la mayoría de países de América latina.
Aquella doctrina, llamada “Consenso de Washington”, que contaba con la complicidad de tantos gobiernos corruptos locales, facilitó enormemente a España –entre otros países– el masivo aterrizaje y control por parte de sus multinacionales de empresas de valor estratégico en toda la región.
El más duro recorte desde el franquismo. La lista del recorte más duro aplicado en España desde 1959 –durante la dictadura de Franco– que anunció Rajoy ante las Cortes parecía no terminar nunca: subida del IVA desde el 18% y en algunos casos desde el 8%, al 21%; reducción en un 10% del subsidio de desempleo a partir del sexto mes; menos ayuda y copago de medicamentos y de asistencia para los ancianos y personas dependientes; eliminación del segundo aguinaldo del año, el de Navidad, para los casi 2,7 millones de funcionarios públicos; cancelación de la deducción fiscal por compra de vivienda para nuevos propietarios; drástica reducción del número de delegados sindicales liberados; aumento de los carburantes; menos dinero para sindicatos y partidos políticos; privatización de empresas públicas, recorte del número de concejales municipales en un 30% y un largo etcétera más.
Estos recortes, con los que se quiere ahorrar 65.000 millones de euros, se suman a los de los tres “planes de austeridad” anteriores y que ya afectaron de lleno a educación, sanidad, investigación, cooperación al desarrollo, vivienda social y muchas otras áreas.
El Gobierno, con mayoría absoluta en las Cortes, sólo contó con el apoyo parlamentario de la derecha catalana –Convergencia i Unió (CiU)– mientras el resto de los partidos lo rechazó.
Rajoy lanzó piropos al Psoe durante su intervención, agradeciéndole su “responsabilidad” al apoyar las negociaciones del Gobierno con la UE y el resto de acreedores.
A pesar de que el líder del Psoe, Alfredo Pérez Rubalcaba, criticó a Rajoy por no haber respaldado el plan de ajuste de Rodríguez Zapatero en 2010 y hacer otro ahora muchísimo más duro, su discurso no resultaba convincente.
Rubalcaba, ex vicepresidente de Zapatero, fue corresponsable de las recetas ultraliberales de ajuste que aplicó el gobierno socialista. Era paradójico escuchar al actual líder del Psoe reprochar a Rajoy por hacer “tantos recortes por abajo, en vez de imponer una tasa a las grandes fortunas”, cuando esa fue precisamente una medida que se negó a aplicar el Gobierno del Psoe.
Cuando Rajoy anunció el recorte a las subvenciones a los sindicatos y la reducción del número de sus delegados liberados, varios parlamentarios opositores lo abuchearon y fueron respondidos por la bancada del PP con gritos de “Vagos”, “Que se vayan a Cuba”.
Otra diputada del PP, Andrea Fabra, hija de un poderoso barón de ese partido acusado de corrupción, gritó por su parte “que se jodan” cuando Rajoy anunciaba los recortes en el subsidio a los desempleados.
Cayo Lara, el líder de Izquierda Unida (IU), fue el más duro con el presidente. “Usted usa su látigo para castigar a la mayoría, mientras usa el guante blanco con los defraudadores”, le dijo, en alusión a la amnistía fiscal decretada por el Gobierno para los miles de personas que tienen dinero negro dentro o fuera del país y que sólo tendrán que pagar el 10% de ese capital para poderlo blanquear legalmente.
La calle, al rojo vivo. “Con su anuncio de recortes usted acaba de echar gasolina (nafta) a las calles de este país”, le dijo también Cayo Lara.
El líder de IU sólo expresaba una realidad. Toda España está hoy al rojo vivo.
Son cada vez más los sectores que se echan a la calle. Los últimos, los funcionarios públicos, que lo vienen haciendo masivamente en todo el país desde el anuncio de las medidas el miércoles pasado, pero sin duda los mineros del carbón se convirtieron esta última semana en los grandes protagonistas.
Columnas de cientos de mineros de las cuencas de Asturias, Palencia, León, Aragón y Andalucía marcharon a pie durante 20 días hasta llegar a Madrid para reclamar al ministro de Industria –José Manuel Soria, el mismo que amenazó en Abril con represalias a Argentina por el ‘caso YPF-Repsol’– que respete los acuerdos firmados. El Gobierno decidió unilateralmente reducir en un 63% las ayudas de este año para las minas. Una directiva de la UE prevé eliminar las subvenciones para 2018 y estimular las energías renovables, pero su plan contempla reducciones graduales. La decisión de Rajoy golpea de lleno a zonas que carecen de otra fuente de trabajo, lo que ha provocado huelgas indefinidas en las cuencas, encierros dentro de los pozos de numerosos mineros y batallas campales diarias con la policía.
Los mineros han sido acogidos masivamente por la gente de los pueblos por los que fueron pasando con su ‘marcha negra’ donde encontraron alojamiento, comida, actos y hasta conciertos solidarios, médicos, colectas de dinero. Y a su entrada estos días a medianoche a Madrid, con sus cascos y linternas encendidas en la cabeza y sus puños en alto, entonando canciones mineras y republicanas, fueron recibidos por más de 20.000 personas, que los acompañaron de madrugada en su entrada triunfal a la Puerta del Sol, la casa de los indignados.
Al día siguiente eran más aún los que fueron con ellos hasta el Ministerio de Industria, en vano, porque no los recibió el ministro. Más de 70 personas, entre manifestantes y policías antidisturbios resultaron heridos en los choques a las puertas del ministerio.
Todo sea por salvar a la banca privada. La mayor indignación por la que la gente se echa cada vez más masivamente a la calle es por el uso que se le dará al rescate. ¿A quién se quiere rescatar? ¿Al Estado de bienestar, tal vez? ¿Al empleo, las conquistas sociales conquistadas en décadas?
No, el Gobierno reconoce que no utilizará con ese fin ni uno de esos miles de millones de euros que recibirá.
Esa ayuda se utilizará exclusivamente para recapitalizar a la banca privada, para impedir la bancarrota de cerca de la mitad de los bancos, unos de los principales responsables de la crisis.
El Gobierno pide al ciudadano de a pie que se apriete un poco más el cinturón para salvar a los pobres banqueros. El último en hacerlo ha sido el rey Juan Carlos de Borbón, quien desde su trono pidió “espíritu de sacrificio”.
Rajoy está en una gran encerrona y no sabe cómo salir de ella. Con sus ajustazos y su prepotencia sólo ha agudizado la crisis, provocando la ira de sectores cada vez más amplios de la población.
Y frente a esa protesta callejera ha respondido con la penalización con cárcel de actos de resistencia pacífica y con una represión policial cada vez más brutal, que está dejando heridos y detenidos diariamente. Un sindicato de policías y otro de guardias civiles han tomado distancia y anunciado que se sumarán a las movilizaciones convocadas por los sindicatos a partir del 19.
Por este camino, el líder conservador se arriesga a un rápido desgaste y no se puede descartar que al igual que sucedió con Berlusconi, Papandreu y otros líderes europeos, no pueda terminar su mandato, devorado como ellos por la crisis, su pésima gestión, creciente autoritarismo y preocupante deterioro de la vida democrática.
