Europa del Este regresó a los años ’30
El Parlamento de Estonia aprobará en marzo, por amplia mayoría, conceder el título de Luchadores de la Libertad a los miembros de la Legión SS estonia que combatió al lado de Hitler contra los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial.
Los veteranos estonianos de la SS, unos 12.000 hombres en 1944, glorifican desde hace años su participación en la guerra en actos oficiales concurridos por veteranos de las SS y jóvenes neonazis de otros países, pero la de marzo será la primera ley en materia de “luchadores por la libertad”.
Algo parecido ocurre en Ucrania occidental, donde se glorifica desde hace años a los combatientes de la división Galizia de las SS.
En Budapest, cada 11 de febrero se reúnen ultraderechistas de Alemania, Eslovaquia, Bulgaria y Serbia para conmemorar el llamado “Día del Honor”. La jornada recuerda el fin de la batalla por Budapest en la que un ejército de 100.000 soldados, alemanes y húngaros, rodeados por los soviéticos, mantuvieron la posición durante 52 días, en 1945.
“Occidente se defendió de las hordas rojas de las estepas de Asia con un inmenso tributo de sangre y heroísmo”, señala la convocatoria de grupos neonazis alemanes para acudir este año al acto de Budapest.
El cerco de Budapest tuvo entre sus consecuencias la aniquilación de gran parte de los últimos judíos que aún quedaban en la ciudad a manos de los fascistas húngaros.
“En muchos países del antiguo bloque oriental se está abriendo paso una unilateral versión de la historia a la medida de la ultraderecha”, constata el periodista rumano-alemán William Totok. El fenómeno supera lo meramente histórico para manifestarse en una creciente hegemonía política derechista que parece estar calcando el mapa de los años treinta, cuando la región estuvo dominada por regímenes ultraderechistas.
En la Segunda Guerra Mundial, seis países europeos fueron aliados militares de Hitler: Finlandia, Hungría, Rumania, Italia, Eslovaquia y Croacia. Sólo Finlandia, que no se identificó con la ideología racista que animaba la guerra, mantuvo un sistema democrático dentro de aquel bloque y contó hasta el final con soldados y oficiales judíos en su ejército.
Otro grupo de países oficialmente “neutrales” u ocupados, como España, Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca y Noruega, enviaron voluntarios a luchar con Hitler.
La llamada Declaración de Praga de junio de 2008, iniciada por Václav Havel y otros disidentes anticomunistas del antiguo bloque del Este, y parcialmente bendecida por la Unión Europea, dio alas a no pocas tendencias internas en esos países al equiparar nazismo y comunismo. Con el paquete del anticomunismo regresa el antisemitismo y el maltrato al gitano.
En Lituania, por ejemplo, desapareció de la vista la aniquilación del 95% de los 220.000 judíos locales, entre 1941 y 1944. Los alemanes daban las órdenes, pero la mayoría de los ejecutores del exterminio fueron voluntarios lituanos. La memoria de ese colaboracionismo criminal no existe.
Los lituanos, que sufrieron mucho a manos de los soviéticos, se han escudado en los 30.000 de ellos que fueron deportados a Siberia en 1941, y en las decenas de miles que volvieron a serlo o fueron ejecutados al concluir la guerra, para construir una conciencia nacional limpia y sin tacha, pese a que tiene 195.000 cadáveres judíos en el armario.
En el Museo Nacional de Vilnius la narración salta desde el período 1939-1941 hasta 1944, sin detenerse en los años claves del Holocausto y del colaboracionismo. Desde junio de 2010 el código penal lituano criminaliza la puesta en cuestión del “doble genocidio”.
En 2008 se estableció la prohibición de símbolos nazis y comunistas, pero un tribunal de Klaipeda sentenció en 2010 que la esvástica pertenece al “patrimonio cultural lituano”.
Por la misma equiparación, en Rumania una organización no puede denominarse “comunista” sin exponerse a ser considerada “amenaza para la seguridad nacional”.
La situación en Polonia quedó ilustrada el pasado diciembre cuando el periodista polaco Kamil Majchrzak, redactor de Le Monde Diplomatique, pidió, durante una conferencia pronunciada en Berlín, que no le hicieran fotos por estar amenazado por la extrema derecha en su país. El nuevo derecho electoral contemplado por Budapest para los húngaros residentes en el extranjero, es decir en primer lugar para las abultadas minorías húngaras existentes en Eslovaquia, Serbia y Rumania, es una invitación al revisionismo de las fronteras, a cuestionar el Tratado del Trianon, que, después de la Primera Guerra Mundial, restó a Hungría casi la tercera parte de su territorio. En Hungría, la degradación socioeconómica ha liberado el sueño de la Gran Hungría, explica el periodista y experto en cultura magiar, Bruno Ventavoli.
En Bruselas no pasó gran cosa mientras el primer ministro húngaro, Viktor Orban, se limitaba a restringir la democracia con medidas y proyectos que atentan contra la libertad de prensa o la división de poderes, o a purgar la administración y los medios de comunicación de voces críticas y afirmar una constitución que recuerda a la época del almirante Horthy.
El Partido Popular Europeo, al que pertenecen los partidos del gobierno de Sarkozy y Merkel, no se inmutó por ello.
El problema empezó de verdad cuando Orban apuntó medidas como modificar el sistema fiscal, nacionalizar los fondos privados de pensiones, dar al parlamento derecho de veto sobre la legislación europea y, sobre todo, someter a su banco central al control directo del gobierno.
Fue entonces cuando Bruselas clamó que “los valores europeos” están en peligro en Hungría y comenzó a urdir, en compañía del FMI, el propósito de desplazar a Orban del gobierno.
Pero realizar un tercer golpe de Estado tecnocrático en Europa, después del griego y del italiano, es complicado, señala el diario Népszabadság. “No es fácil destituir a un primer ministro desde el exterior cuando ha resultado electo y cuenta con dos tercios de los escaños del Parlamento, y aun lo es más si la oposición está fragilizada”, observa. Orban llegó al poder en 2010 como reacción al desencanto con una coalición de gobierno anterior encabezada por los socialistas.
Aquel desencanto también consagró al partido fascista Jobbik como tercera fuerza del país. En 2008, los socialistas y sus socios iniciaron duras medidas de ajuste y de desmonte del sector público bajo el dictado del FMI que Orban ha continuado.
El primer ministro tiene una sólida mayoría apoyando su proyecto retrógrado-populista, frente al escenario europeo, que responde a lo que la canciller alemana, Angela Merkel, define como una “democracia acorde con el mercado”.
“El gobierno debe repensar varias leyes, sobre todo las que conciernen a la independencia del Banco Central”, señala el Financial Times Deutschland, una declaración en la que lo más significativo es ese “sobre todo”.
Cuestionar la “independencia” bancaria, que no es más que servicio al sector privado y que en el caso del Banco Central Europeo condena a la eurozona a la miseria especulativa con los bonos de la deuda pública, es un peligroso precedente europeo de rebeldía y desafío a la nueva seudodemocracia europea “acorde con el mercado”. La paradoja es que ese precedente de rebeldía lo está sentando un gobierno populista con tendencia de extrema derecha, no un gobierno de izquierda. El mensaje no puede ser más claro: en Europa la crisis está creando agujeros negros.
El caso húngaro advierte, de la forma más clara, que la extrema derecha, con su desprecio al débil, su racismo, su xenofobia y su propensión al militarismo, está dispuesta a rellenar ese agujero con programas y propuestas perfectamente capaces de conquistar la calle y el liderazgo.
