Ex presos políticos piden una pensión
Ex presos políticos de la última dictadura se organizaron para reclamar la sanción de una ley de pensión universal y vitalicia. Hay provincias que ya otorgan una asignación mensual a personas que estuvieron detenidas por razones políticas durante el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Lo que buscan ahora es que esa ayuda se nacionalice. Las entidades calculan que en todo el país habría unas 5.500 víctimas del terrorismo de Estado en condiciones de recibir el beneficio.
El pedido lo encabeza la Asociación Nacional de ex Presos Políticos, que reúne a militantes del interior del país. Tiene referentes en todas las provincias. Hugo Condorí está a cargo de la filial jujeña. Fue fundador y presidente de la obra social del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar Ledesma y estuvo detenido entre abril de 1976 y septiembre de 1977. “La dictadura nos cambió la vida. Hay estudios médicos y psicológicos que muestran los estragos –a veces irreversibles– que sufrimos los que vivimos situaciones límites como los campos de concentración, las cárceles, la desaparición de amigos y familiares”.
Condorí explica a Miradas al Sur: “Algunas personas dicen: ‘Ya cobraron’. Es verdad, el Estado nos pagó, pero sólo por los días que estuvimos detenidos. Pero no por lo más importante y grave: las consecuencias de la detención, sobre todo para la salud. Muchos compañeros, además, viven en la pobreza. Pretendemos una pensión que nos permita vivir más dignamente los años que nos quedan de vida. Varios países han atendido este justo derecho.”
Por eso la organización busca la “pronta nacionalización del beneficio”. Argumentan que las provincias del NOA y del NEA “no tienen capacidad financiera para esa erogación” y que por ello debería ser el Estado Nacional el que se haga cargo de los pagos. “Decimos pronto por no decir urgente, ya que desde hace más de 30 años las víctimas de la dictadura vienen soportando un síndrome postraumático de consecuencias no sólo para los afectados directos, sino también para sus familias. Hoy la mayoría está impedida de gozar de sus plenos derechos, sufriendo las secuelas de lo que fue el terrorismo de Estado. Por eso es necesario acercar políticas reparatorias integrarles”. Condorí agrega: “El sujeto ‘ex preso político’ constituye una nueva categoría social. Y el reconocimiento material no sólo es un soporte indispensable para su recuperación, sino que también lo reivindica moralmente”.
Sólo Buenos Aires y Mendoza pagan actualmente una pensión vitalicia a ex presos políticos. En el distrito bonaerense, por ejemplo, está vigente la Ley 14.042 que otorga una asignación equivale al 82% móvil del salario categoría A de empleado público. Mendoza sancionó una ley similar el año pasado: desde enero unos 400 ex detenidos de la provincia cobran una pensión mensual de 1900 pesos.
A nivel nacional había varios proyectos para otorgar una jubilación a ex detenidos de la dictadura. El que había recibido más apoyo fue el que presentaron en 2009 los diputados nacionales Guillermo Vargas Aignasse y Gloria Bidegain. En ese entonces fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Derechos Humanos, pero no logró avanzar en las de Previsión y de Presupuesto y Hacienda. Y perdió estado parlamentario en estos días. De todos modos, desde la Asociación Nacional de ex Presos Políticos informaron a Miradas al Sur que este mes los diputados nacionales del FpV Juan Carlos Díaz Roig y Remo Carlotto presentarán nuevamente el proyecto en Diputados. “Hay que darle sentido federal y nacionalizar la ley”, concluye Condorí.
