Extranjerización y balanza de pagos

El proceso de apertura externa, desregulación y financiarización de la economía local desplegado durante la década del ’90 fue acompañado, al igual que en otras economías latinoamericanas, por una sensible extranjerización de la estructura productiva. Mientras que a comienzos del régimen de convertibilidad, las empresas extranjeras representaban el 23 por ciento de las ventas de las 200 mayores empresas de nuestro país, dicha incidencia se elevó hasta el 55 por ciento en 2001.
El colapso de la convertibilidad y la adopción de un nuevo patrón de crecimiento sustentado en la expansión de los sectores productores de bienes no supusieron una reversión de las tendencias prevalecientes en la década previa en términos de la propiedad del capital del núcleo central del poder económico local. Es más, el proceso de extranjerización no sólo no se revirtió, sino que se profundizó en la posconvertibilidad. En los últimos años, la participación de las corporaciones transnacionales en la facturación de la cúpula empresaria se incrementó hasta alcanzar cerca del 60 por ciento.
Con matices, el ingreso de inversión extranjera directa (IED) ha sido un objetivo recurrente de la política económica en el último medio siglo. Más allá de las diferentes orientaciones ideológicas en cada una de las etapas y del tratamiento otorgado al capital extranjero, se ha apelado a la IED como medio para modernizar la estructura productiva, así como para ampliar la capacidad instalada ante las insuficiencias del ahorro interno. También se ha argumentado que el ingreso del capital extranjero permite aliviar en el corto plazo las restricciones externas características de la economía nacional.
Sin embargo, este análisis estático y de corto plazo de los efectos de la IED en una economía periférica como la argentina suele soslayar el impacto en el mediano y largo plazo que genera en las cuentas externas el proceso de extranjerización. Más aún, cuando en la década del ’90 y en la posconvertibilidad gran parte de la IED se dirigió a la compra de empresas existentes y no a la generación de nuevos emprendimientos. Por lo general, estas radicaciones han tendido a profundizar un perfil de especialización productiva y de inserción internacional estrechamente vinculado a la explotación y el procesamiento de recursos naturales y un puñado de sectores privilegiados por las políticas públicas –como la armaduría automotriz–.
Más allá de sus efectos sobre la balanza comercial, la transnacionalización de la estructura productiva posee un impacto directo sobre el volumen de las utilidades y los dividendos girados al exterior, ya no en el corto plazo, sino en el mediano y el largo. Es decir, se convierte en una problemática de carácter estructural que, como tal, debería ser atendida por la política económica.
En este sentido, el nuevo patrón de crecimiento tras el colapso de la convertibilidad permitió revertir el déficit estructural que caracterizó a la balanza comercial en la década del ’90. El saldo comercial pasó de un déficit promedio de U$S 3.749 millones entre 1993 y 2001 a un superávit que osciló en torno de los U$S 14.162 millones entre 2002 y 2010. Este proceso posibilitó una sensible mejora de la cuenta corriente de la balanza de pagos, la que pasó de un déficit promedio de U$S 9.141 millones entre 1993 y 2001 a un superávit de U$S 6.897 millones en el período 2002-2010.
Esta notable mejora en la cuenta corriente se logró a pesar del incremento en la remesa de utilidades y dividendos al exterior, las cuales pasaron de un promedio de U$S 1.686 millones a U$S 4.074 millones entre los períodos mencionados.
En la posconvertibilidad, la remisión de utilidades y dividendos por parte de las filiales de empresas foráneas presentó un crecimiento destacado, al pasar de U$S 633 millones en 2003 a U$S 7.182 millones en 2010. Este aumento se asocia con factores estructurales, como el proceso de extranjerización en sí mismo. Pero también con la propia expansión económica y la reticencia inversora de las corporaciones extranjeras, a pesar de sus elevadas tasas de ganancia –muy superiores a los registros de la convertibilidad–. A esto se adiciona la percepción de subvenciones estatales superfluas que potenciaron los holgados beneficios de esta fracción del gran capital y la progresiva apreciación del tipo de cambio real a partir de 2007.
De esta forma, el aumento en la remesa de utilidades y dividendos plantea un serio desafío a la evolución futura de las cuentas externas. Sobre todo cuando se asiste a una disminución en el saldo superavitario de la balanza comercial y a una intensificación en la fuga de capitales locales, operatoria en la que tienen un rol destacado las empresas extranjeras y muchas grandes empresas y capitalistas nacionales.
Sin dudas, el mantenimiento de un sensible superávit en cuenta corriente fue uno de los pilares en los que se sustentó el nuevo patrón de crecimiento. En este marco, no se puede dejar de pasar por alto que el déficit generado por la remisión de utilidades y dividendos ha tenido un crecimiento notable en los últimos años: pasó de representar el 32 por ciento del superávit comercial en 2005 a más del 50 por ciento en 2010.
Es indudable que urge el despliegue de políticas activas tendientes a regular la operatoria del capital extranjero radicado en el país –por ejemplo, en lo que se refiere a la reinversión de utilidades–, máxime ante las turbulencias que se manifiestan en el escenario internacional. Pese a su indudable importancia, en la actualidad ello se ve dificultado por dos procesos. Por un lado, por las severas restricciones que impone el régimen legal vigente derivado de la Ley de Inversiones Extranjeras sancionada en la última dictadura militar. Por otro, por el predominio de un discurso que plantea que “cuanta más inversión, mejor”, sin reparar en los numerosos impactos estructurales negativos de la IED, incluso sobre uno de los “pilares del modelo”.