Fibertel quiere seguir tirando del cable
El viernes se dictó el primer fallo de la Justicia por el caso Fibertel. Ante la presentación de un usuario de la empresa, el juez Alfredo López, del Juzgado Federal número tres de Mar del Plata, ordenó “garantizar la migración de los abonados” e instó a que tanto la compañía como el Gobierno resguarden el derecho de los usuarios a recibir un servicio en las mismas condiciones y modalidades que el actual.
El fallo no cuestiona la resolución 100 de la Secretaría de Comunicaciones donde se anunció la caducidad de la licencia para brindar el servicio de Internet, sino que se enfoca en garantizar la provisión del servicio, por lo que fue calificado como positivo por el ministro de Planificación, Julio De Vido.
En ese mismo intento de resguardar a los usuarios, esta semana la Secretaría de Comunicaciones dictó la resolución 102/2010 –complementaria a la 100–, que establece que ningún cliente que migre de Fibertel tendrá que pagar costos adicionales en abonos o cargos de conexión por cambiar de proveedor.
Mientras tanto, la empresa proveedora de Internet continúa con campañas para retener a sus clientes, apelando a lemas como “Queremos que estés tranquilo, Fibertel no va a desaparecer”, en el mismo tono sensiblero utilizado por el holding en tiempos de debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde su portal web, la extinta firma de Clarín también convoca a los usuarios a sumarse al Facebook de la empresa y a juntar firmas “en contra de una medida abusiva”.
A esta cruzada mediática (que desembocó en una muy modesta marcha de usuarios “autoconvocados”, difundida en los canales del Grupo Clarín como “masiva” y “multitudinaria”) se sumaron algunos bloques de la oposición que critican la medida de la Secretaría de Comunicaciones. Legisladores de la Coalición Cívica, la UCR, el PRO, el GEN y el PJ disidente se reunieron el lunes pasado para unificar su postura contra la decisión oficial, pero al no consensuar un único proyecto, avanzaron con propuestas individuales para tratar de conseguir derogar la medida o plantear su caducidad.
Quien dio la nota esta semana fue el jefe de Gobierno porteño al demostrar un desconocimiento total sobre las resoluciones adoptadas por su propia administración. Mauricio Macri criticó la medida oficial por considerarla un “nuevo avasallamiento del kirchnerismo hacia la sociedad argentina”, sin tener en cuenta que meses atrás su gestión dejó fuera de licitaciones a Fibertel por no tener la licencia correspondiente. Al menos en dos oportunidades en el último año, el Gobierno de la Ciudad había impugnado a la empresa del Grupo Clarín para prestar servicios de Internet a entidades del ámbito público por “no poseer licencia única para prestar servicio de telecomunicaciones y no haber obtenido la autorización de aplicación para modificar su situación societaria”.
Fue la información presentada por el propio Grupo –que reconocía sus irregularidades societarias– ante la Bolsa de Londres la que permitió la impugnación. La misma información que el multimedios obvió hacer pública en el ámbito local.
El viernes último, Cablevisión presentó ante la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Comunicaciones un recurso de apelación contra la Resolución 100 que cancela la licencia a Fibertel como proveedor de servicios de Internet y le da un plazo de 90 días para dejar de funcionar.
Por otra parte, y en paralelo a las acciones legales, la empresa planea desarrollar un plan comercial contraofensivo para retener a sus clientes y demostrar que no desaparecerá. La estrategia incluye una inversión millonaria para ampliar el ancho de banda del servicio y el lanzamiento de nuevos productos y servicios. Parte de la embestida de Cablevisión será además promover las denuncias de los usuarios, acusando al Gobierno de violar los derechos de los clientes a elegir libremente su prestador de Internet.
“Ningún particular podrá alegar que se están violando sus derechos como usuario o consumidor o que se afecta su libertad de elección porque nadie puede comerciar con quien incumple las leyes”, manifestó el abogado Juan Manuel Di Teodoro, quien esta semana presentó en el Juzgado de Instrucción Nº 15 una denuncia penal por estafa contra Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín y contra los directivos de la empresa Cablevisión S.A. por ser responsables de continuar ofertando el servicio de Internet sin tener la autorización legal para brindarlo.
“Las acciones judiciales de los usuarios deben ser dirigidas contra Cablevisión, porque es esa empresa la que debe indemnizarlos si ha cobrado por servicios que en el futuro no podrá prestar más”, afirmó en su escrito Teodoro, quien aseguró estar reuniendo otros clientes para que la denuncia tome más fuerza en la Justicia. “La actitud de Héctor Horacio Magnetto se asimila a la de un pasador de quiniela trucho, tiene muchos clientes, paga sus premios casi siempre (nadie responderá si no puede hacerlo), perjudica a las agencias oficiales, y se trata de un accionar ilícito y, seguramente, no responderá por los perjuicios que ocasionare”, concluyó en su denuncia.
