Grassi y el regreso de la otra mano de Dios
La investigación por el asesinato de Candela Rodríguez amenaza con volverse un campo de batalla para dirimir la interna judicial de Morón. El miércoles pasado, cuando la imagen del cura condenado por abuso empezó a circular en los medios, varios se agarraron la cabeza al estilo Tano Pasman, aquel hincha de River cuyo único mérito fue putear de manera estruendosa. Los gestos a la pantalla tenían un motivo distinto al fútbol: Julio César Grassi era uno de los últimos actores que faltaba para que la familia judicial de Morón –como la llaman quienes forman parte de ella– esté incluida por completo en la vorágine en la que se convirtió la investigación por el crimen de la niña de once años.
En realidad, Grassi actuó en las sombras desde el primer día, incluso antes de que su mamá, Carola Labrador, hiciera la denuncia por la desaparición de su hija. La relación entre el sacerdote condenado y la mujer tiene sus años y comenzó en William Morris, en uno de los predios de Felices los Niños. El hermano mayor de la niña va a la escuela de la fundación que preside Grassi. Candela estaba a punto de terminar la primaria y el año que viene tenía dos opciones: ir a la misma escuela a la que iba su hermano o a una privada donde habían conseguido una beca, a instancias de Grassi.
Los primeros días del caso, Carola fue a los medios por gestiones del cura, que mantiene buenas migas con algunas producciones televisivas. Días atrás, Grassi se volvió a reunir con la madre. De allí surgió un acuerdo: intervenir en el terreno judicial. El propio cura condenado y sus colaboradores hicieron una lista de varios abogados y empezaron a sondear quién quería quedarse con el caso.
–¿Para qué te exponés? –le dijo uno de los primeros hombres a los que llamó el cura.
–Lo hago como pastor. Es una cuestión espiritual –respondió Grassi, imperturbable.
Del otro lado de la línea se oyó una carcajada.
En realidad, intervenir en el caso Candela para Grassi es volver a poner fichas en el mismo tablero donde están todas las figuras que tuvieron en sus manos la causa donde fue condenado. El juez de garantías Alfredo Meade, que lleva adelante la investigación por el caso Candela, es el autor de una frase que pasó a la historia. En el 2002, describió la habitación de Grassi como una “verdadera suite nupcial” contigua al lugar donde dormían los niños que estaban bajo su tutela. En su época como instructor judicial, el fiscal Marcelo Tavolaro tuvo en sus manos la causa por malversación de fondos, por el no pago de alquiler de la quinta La Blanquita, donde vive el cura. Esa causa todavía sigue abierta y espera fecha para ir a juicio. Y, por último, el fiscal general Federico Nieva Woodgate, casi el vocero oficial de la investigación por la muerte de Candela, siguió día a día el proceso por los abusos.
“La estrategia –confió en estricto off una fuente del entorno de Grassi– es empiojar la causa y decir: miren qué mal actúan estos tipos, a mí me hicieron lo mismo. Cree que eso lo puede beneficiar a él cuando evalúen su caso en la Corte Suprema, pero también lo hace por venganza. No hay que olvidarse que es un narcisista herido: piensa que esto es una oportunidad que le da Dios.”
En lo terrenal, la verdad es que la actuación de la Justicia en la investigación por la desaparición y muerte de la niña es cuestionada de forma unánime. Todas las fuentes que siguen la causa de cerca coinciden en que tanto Nieva Woodgate como Tavolaro decidieron descartar cualquier participación policial y se recostaron en las pistas y testigos que aporta la Bonaerense (ver aparte). Y que sólo el juez Meade se inclina por una hipótesis donde las deudas por venta de droga a nivel de menudeo y el control territorial de la Bonaerense pueden tener algo que ver con el crimen.
Sin embargo, no puede ponerse un signo igual entre la actuación judicial en ambos casos. En la investigación por los abusos de Grassi jugó un papel central la querella del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que siguió la causa desde el principio y logró que fuera elevada a juicio oral. La Justicia de Morón, con quien Grassi tenía una excelente relación –al punto de oficiar las misas donde juraban los nuevos funcionarios– fue más que benévola con él: el cura pasó gran parte del proceso en libertad y aún hoy, después de ser condenado a quince años de prisión, sigue libre.
Que Grassi haya sido condenado demostró que las querellas son una figura central para que la Justicia argentina funcione. ¿Podrá jugar el mismo papel la querella del caso Candela? Cinco abogados consultados por Miradas al Sur coincidieron en que es muy difícil que Fernando Burlando –el letrado elegido por Grassi para patrocinar a Carola Labrador– haga llegar la investigación a buen puerto. “Su habilidad mediática –señaló uno de ellos– es inversamente proporcional a su capacidad técnica. Sus casos más conocidos terminaron en fracasos: Daniel Bellini y Horacio Conzi terminaron con perpetua luego de pagarle sumas millonarias. En lo que es experto es en embarrar la cancha. Y tiene una relación casi familiar con la Bonaerense. Si aporta algo a la causa, va a venir por ese lado”.
La buena relación de Grassi con la Justicia de Morón, y su actual inquina con un sector de ella, tiene un padre político: el senador provincial Horacio Román. Hoy es casi un anciano que camina con dificultad por las calles de Morón, pero su obra sigue intacta. Durante los ‘90, Román fue el hombre fuerte del PJ en la zona y se lo señaló como el jefe al que respondían la mayoría de los jueces y fiscales de Morón. Las investigaciones de la época lo describen como el nexo entre los comisarios de la “maldita policía” de Mario Chorizo Rodríguez y los funcionarios judiciales. Según las fuentes que siguen la historia judicial de Morón, todos los funcionarios judiciales que trabajan en el caso Candela –salvo Nieva Woodgate, nombrado por la dictadura–, en menor o mayor medida fueron puestos a dedo por Román mientras presidía las comisiones de Asuntos Constitucionales y Acuerdos y la bicameral de Seguridad de la Legislatura bonaerense. Ese cargo –en el que estuvo durante dos décadas– tenía un sostén técnico: Luis Bocha Rappazzo, su abogado histórico y hace poco candidato a intendente de Morón por el duhaldismo.
A partir del 2002, Rappazzo se convirtió en el principal estratega de la defensa de Grassi. Si bien no participó del juicio oral, se lo vio asesorando a los abogados que lo hicieron, y el día de la sentencia se abrazó con el cura y con el cómico Raúl Portal para festejar que no lo condenaban por todos los casos.
¿Estaba Rappazzo en el listado de abogados a los que Grassi consultó ofreció tomar el caso Candela? Quienes conocen el paño dicen que el cura lo prefiere en las sombras. Si aparece como querellante, Bocha puede complicar todavía más las cosas. Su mujer es jueza de un tribunal oral de Morón. Su hijo Matías Rappazzo es fiscal, y tiene una causa conectada al caso Candela. Su hija Guillermina trabaja en la fiscalía de Marcelo Tavolaro, que por ahora tiene el caso de la niña asesinada en sus manos.
La familia judicial de Morón. Llamarla así no es sólo una metáfora.
