Guglielminetti seguirá en la cárcel: le negaron el arresto domiciliario

Año 5. Edición número 194. Domingo 5 de febrero de 2012

La Cámara en lo Criminal Federal rechazó otorgar el arresto domiciliario al ex agente de inteligencia Raúl Antonio Guglielminetti, en la causa en la que está procesado con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad antes y durante la última dictadura. La Sala I del Tribunal confirmó lo decidido por el juez Daniel Rafecas, a cargo del sumario penal sobre los operativos realizados en las calles Honduras 4183 y Lavardén al 300, el 4 de noviembre de 1975 y el 18 de marzo de 1977, respectivamente. Guglielminetti actuó bajo la falsa identidad de Rogelio Gustavino. Está procesado por seis casos de privación ilegal de la libertad agravada tras el procedimiento en Honduras y como coautor de homicidio agravado, derivado del operativo en Lavardén. La defensa de Guglielminetti argumentó que en noviembre último el procesado cumplió 70 años de edad (uno de los requisitos que establecen las leyes 24.660 y 26.472) y que, tras la muerte de su hija y de su yerno, su esposa había quedado a cargo de tres nietos menores de edad. En primera instancia, Rafecas analizó que a Guglielminetti se le atribuyen crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles, por lo que pueden ser perseguidos penalmente sin límite temporal.

Promedio: 5 (4 votos)
Seguinos en Twitter
Print preview icon

Otras notas

  • La tortura de los secuestrados constituyó una actividad sistemática de los centros clandestinos de detención, con la salvedad de que en Automotores Orletti, se visualizaron mecanismos especialmente abyectos de tortura, como posteriormente se describirá”, señaló el secretario del Tribunal Oral Federal Uno durante la lectura de la resolución elaborada por el juez instructor Daniel Rafecas.

  • Todos los represores imputados por delitos de lesa humanidad en la denominada “Causa Goya” fueron condenados por el Tribunal Oral Federal de Corrientes a 25 años de prisión por la desaparición forzada de personas, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, durante la última dictadura militar. Se trata de dos ex policías, Juan Antonio Obregón y Romualdo Baigorria; tres ex militares: Juan Ramón Alcoberro, Alberto Silveira Escamendi y Norberto Leopoldo Cao, y el ex efectivo de la Prefectura Naval Luis Leónidas Lemos.

  • El ex ministro de Economía de la última dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz, aunque aduce problemas de salud, pudo hasta cuatro días antes de ser de­tenido, firmar solicitadas y pasear por Plaza San Martín. Aún así, logró que un juez aceptara un habeas corpus presentado por la querella para que sea trasladado del penal de Ezeiza a una clínica privada. El que dio lugar a ese requerimiento fue el juez de instrucción de turno Alberto Baños, quien autorizó su traslado al Sanatorio De los Arcos, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

  • El destituido juez argentino Otilio Romano, imputado de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, fue detenido el viernes por Interpol en el exclusivo balneario chileno de Reñaca. Así lo había solicitado el ministro de la Corte Suprema de Chile, Adalís Oyarzún: ordenó la detención preventiva de Romano tras haber analizado la información entregada por el Ministerio del Interior sobre la petición de refugiado que hizo a Chile el destituido camarista, prófugo de la Justicia argentina desde agosto último.

  • El abogado defensor de Luis Patti, el ex camarista de Casación Penal Alfredo Bisordi, tildó de “perseguido político” al represor ex intendente de Escobar, en el alegato final del juicio en su contra por delitos de lesa humanidad en la última dictadura. Bisordi volvió a recurrir al argumento de la “guerra interna” en la década del ’70 para justificar los hechos, al dar por descontado que su cliente será condenado por jueces que perdieron la “imparcialidad”.

  • Dicen que el intendente de la ciudad de Pergamino, Héctor Cachi Gutiérrez, tenía una pequeña debilidad: las niñas púberes. Ello malogró en las elecciones legislativas de 2009 su candidatura a diputado nacional por el cobismo, luego de que la religiosa Marta Pelloni lo acusara de proteger la trata de personas en un prostíbulo de aquella zona, además de intimar allí con menores en situación de esclavitud. Sin embargo, el polémico funcionario estaría ahora alejado de la pedofilia gracias al amor que le dispensa su nueva pareja, la señora Mariana Ramella.