Intervienen la obra social de la Policía Federal
Luego de una auditoría que detectó varias irregularidades, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, ordenó intervenir la Obra Social de la Policía Federal, que además pasará a ser controlada por civiles. La obra social, dijeron desde la propia policía, "viene siendo saqueada" por los mismos integrantes de la fuerza.
Uno de las irregularidades detectadas fue la compra de un tomógrafo para el hospital policial Churruca ordenado en 1993, durante la presidencia de Carlos Menem. Desde entonces en el recibo de sueldo venía un descuento por la compra del tomógrafo de 50 pesos, que persistió hasta hace un año. Al multiplicarlo por los 50 mil efectivos que tiene la fuerza, en ese tiempo se recaudaron más de 100 millones de dólares para la compra del tomógrafo que, de forma paradójica, terminó donando Amalia Lacroze de Fortabat.
Varios directores vinculados al Churruca, donde hasta hace poco escaseaban los insumos, están siendo investigados por irregularidades por el juez federal Norberto Oyarbide.
El informe fue realizado por el mismo equipo que hizo cientos de auditorías en el Ministerio de Defensa -dirigido por Garré hasta su cambio de cartera- que terminaron con formato de denuncia en los tribunales de la Justicia Federal.
Según se explicó desde el Ministerio de Seguridad, "los índices de insatisfacción son muy grandes, pese al buen superávit" de la Obra Social de la Policía Federal.
