Juicio político por abusos en Tandil
Los que buscamos justicia somos 18 familias. Son 38 niños abusados en total”, dice Patricia. Ella –docente y una de las que encabeza las marchas de familiares de víctimas– opina que es demasiado para Tandil, una ciudad que según el último censo tiene 123.520 habitantes. Todos esos casos, sostiene Patricia, sufren de los retrasos de la justicia, dilaciones y una complicidad solapada que permite que los abusos sigan. Por las denuncias de los familiares, y por una gestión que llegó hasta los oídos de la Presidenta, un grupo de diputados investigó el tema y decidió, como primer medida, pedir el juicio político contra el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones N° 3 de Tandil Luis Humberto Piotti, que viene siendo denunciado por los familiares de víctimas desde 2008. Los familiares son contundentes. “Este es el primer paso”, dicen. “En Tandil hay todo un sistema que garantiza la impunidad de los abusadores.
De todos, hay dos casos que por su propio peso trascendieron el ámbito local. El primero es el del padre que huyó con su hija a Brasil luego de denunciar que la nueva pareja de la madre de la niña abusaba de ella. Según el hombre, siete expertos habían corroborado los abusos, pero la justicia local igual se negaba a hacer una Cámara Gesell y acusar a la pareja de la madre, miembro de una familia tradicional de la ciudad. La cámara se hizo en Brasil, donde la niña narró con lujo de detalles cómo habían sido los abusos. Pero el resultado fue el inverso al esperado: por una gestión de la justicia de Tandil, el padre está preso por secuestrar a la hija, y la niña volvió a vivir con su madre y el acusado de abuso.
Otro de los casos, uno de los pocos que terminó en condena, es el de un padre que había abusado de dos de sus hijas en 1998 en varias ocasiones, mientras las nenas tenían cinco y seis años. “Cuando se hizo la denuncia”, dice Patricia, “en vez de retirar al abusador de la casa, la Justicia retiró a las niñas y las mandó a un hogar de menores, y dejó al acusado con el resto de los hijos. Y siguió abusando de ellos”. En 2010, cuando lo condenaron a 32 años de prisión, la Justicia determinó que entre 2005 y 2007 abusó varias veces del hijastro nacido en 1994 y de sus hijos de sangre de 7, 5 y 4 años, mientras vivió con ellos y luego de separarse de la madre biológica de los chicos. “Ahora son seis niños abusados. Tendrían que haberlo sacado a él en vez de a los niños. Pero acá se castiga a las víctimas”, dice Patricia.
Más o menos para la época de esa condena, un grupo de familias en la misma situación se comenzó a reunir y convocó a una movilización. Las represalias no tardaron en llegar. Una de las familias recibió un ramo de flores con un paquete. Pensaron que era un regalo para una de sus hijas. Lo dejaron arriba de la mesa, al lado de las flores acomodadas adentro de un florero. Cuando llegó, la chica abrió la caja: adentro había una granada de Fabricaciones Militares. “Devolvé a mi hija, porque la próxima no la abrís” decía la carta que lo acompañaba. La Justicia nunca investigó de dónde venía el artefacto, que incluso tenía número de serie. En los viajes a Buenos Aires varias veces los siguió un auto desde que salieron hasta que volvieron a Tandil. “Arrancamos a las 3 de la mañana de Tandil y hasta que volvimos nos siguió todo el tiempo. Le tomamos la patente y descubrimos que era un auto de Inteligencia del Ejército”, explica Norma, madre de otra niña abusada.
En uno de esos viajes, las familias se acercaron a la Casa Rosada con una carta escrita por las 18 familias que habían decidido unirse. En la carta se narraba cada caso de forma breve. La Presidenta le pidió al diputado Fernando “Chino” Narravo que investigara. Navarro viajó a Tandil y pasó casi un día entero entrevistando víctimas. Terminó exhausto, abrumado por los testimonios.
El primer paso fue denunciar al fiscal Luis Piotti ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura provincial, que aprobó por unanimidad el pedido de Navarro. El fiscal, que tuvo en sus manos varias de las causas de abuso de menores de Tandil, deberá sentarse en el banquillo en marzo. Se lo acusa de negligencia y omisión de los deberes de funcionario público.
“Un tardío o mal funcionamiento de la Fiscalía, en este tipo de delitos, trae aparejado la imposibilidad de culpar al responsable de delitos sexuales, para lo cual es necesario un funcionamiento rápido y cuidadoso, dejando protegidas de forma inmediata las pruebas que suelen estar en el cuerpo de las víctimas y cuidando de no perjudicar psicológicamente a los menores repitiendo pericias innecesarias o fuera de término”, argumentaron los legisladores en su pedido.
Los familiares comparten esa visión “En el mejor de los casos se llega a la pericia física dos o tres años después de que empezó la causa de abuso. Otras veces se archivan dos o tres meses después de que se presentan las denuncias. La causa contra el padre de mis hijos está abierta hace cinco años. Hace un año qué esta pedido que sea elevada a juicio, pero todavía no le ponen fecha”, explica Patricia.
Reunidos en un bar del centro porteño, a donde llegaron para ampliar su denuncia, varios de los familiares ponen sobre la mesa los expedientes judiciales. A todas les pasa lo mismo: la causa se vuelve una parte fundamental de sus vidas. Los expedientes, lo que ordena la propia existencia.
Nora –ama de casa, madre de una niña abusada– puede relatar con lujo de detalles cada una de las pericias y peripecias de su causa. Denunció a su marido en 2008, cuando su hija empezó a hacer pis con sangre y los médicos comprobaron que había sido víctima de abusos. Cinco meses más tarde, el fiscal Piotti archivó la causa. El fiscal general del Departamento Judicial Azul, Eduardo Serradel, ordenó reabrirla. Pero cuando Nora acudió su fiscalía, le dijeron que habían perdido el expediente. Por casos como ése, el fiscal deberá responder ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura bonaerense. El proceso en su contra, dicen, no será el último.
