La doble moral del Grupo Clarín
Ante la actual discusión donde el establishment ataca al Gobierno y su intervención en empresas recurriendo al antiguo discurso de la falta de reglas claras, ausencia de seriedad e inseguridad, no está de más revisar cómo actúan los fondos de inversión en un país serio como Estados Unidos.
California Public Employees’ Retirement System, conocido como Calpers, es el fondo de pensiones de los empleados públicos del estado de California (www.calpers.ca.gov). Este fondo estatal administra alrededor de 233 mil millones de dólares, siendo unos de los inversores institucionales más importantes de los Estados unidos. El fondo es accionista en más de 500 empresas, entre las que se encuentran el Bank of América, entidad en la que tiene invertido más de mil millones de dólares. En abril del 2010, ante una nueva reunión del directorio del Bank of America, Calpers se presentó como accionista e impugnó la reelección de seis directores, posición que justificó por la falta de información que se les brindó a los accionistas con relación a la adquisición del Bank of America del casi quebrado banco de inversión Merrill Lynch, una operación que provocó un gran perjuicio al valor de las inversiones del dinero administrado por Calpers.
No es el único caso. En 2003, Calpers demandó a la Comisión de Valores de Nueva York –Nyse por sus siglas en inglés– por la falta de transparencia en la ejecución de compra y venta de acciones. La Nyse tuvo que pagar 240 millones de dólares en concepto de resarcimiento. En 1992, en función de su participación accionaria, Calpers presionó al directorio de General Motors para tener una mayor capacidad de decisión en las políticas de negocios de la compañía, al punto que llegó a constituirse en el accionista de mayor influencia de la firma. En el año 2004, el fondo –junto con otros accionistas– consiguió relevar al director de la Walt Disney Company.
Estos ejemplos bastan para confirmar la fama que recae sobre los funcionarios de este fondo al momento de negociar con sus empresas controladas. En los hechos, los responsables de Calpers son conocidos por su intransigencia y dureza ante toda medida que juegue en contra de quienes son sus empleadores; es decir: los futuros y presentes pensionados del estado de California. Es tal la incidencia de este fondo estatal en el mundo de los negocios que la agencia de noticias Bloomberg escribió: “Calpers ha utilizado su influencia en su rol de uno de los principales accionistas del mundo, para cambiar varias políticas relacionadas con la manera en que las empresas hacen negocios; es especialmente conocido por su actividad como accionista de empresas y por involucrarse estrechamente en las políticas de negocios de sus controladas, lo que lo convierte, sin dudas, en el fondo de pensiones de mayor influencia”.
Pero Calpers si bien es el fondo de pensiones más grande de Estados Unidos, no es el único. Connecticut Retirement Plans and Trust Funds (Crptf) del estado de Connecticut y otros fondos mutuos estatales, como el de New Jersey, demandaron al Banco UBS por venderle las famosas inversiones de derivados vinculados a hipotecas, mercado que, como todos sabemos, quebró en el 2008. Podríamos seguir nombrando fondos estatales estadounidenses por cada estrella que se ve en la bandera del país del norte. Todos son activos participantes en el mercado de capitales. Desgraciadamente, en nuestro país, los ejecutivos de las ex Afjp estuvieron lejos de cumplir el mismo rol que los funcionarios de Calpers. Aquí trabajaron en función de los intereses de los bancos y empresas, dejando de lado su responsabilidad fiduciaria; una conducta que –en el negocio de administración de dinero– constituye la falta más grave que un administrador puede configurar, además de un posible delito.
También se ha escuchado en estos días que es una barbaridad nombrar directores a “chicos de treinta años”. Una prueba: Nicolás Aguzan, CEO de JP Morgan Latinoamérica Inverstment Banking, fue el principal responsable por JP Morgan –banco colocador de las acciones del Grupo Clarín– cuando en el 2007 se hizo tal nefasta operación. El “señor Aguzan” era reconocido en ese momento como “un joven brillante y de un gran porvenir”. En los hechos, no tenía más de 35 años. En otras palabras: una persona puede ser joven para perjudicar enormemente a los fondos de futuros jubilados, pero no puede serlo para velar por los intereses provisionales de esas personas. Una muestra más del doble discurso del “gran diario argentino”.
